Bruselas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este viernes la anulación de los acuerdos pesqueros y de productos agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos firmados en 2019 ya que, considera, no tienen en cuenta los principios de autodeterminación del Sáhara Occidental ni cuentan con su consentimiento.
No obstante, respecto a la liberalización de productos agrícolas, el Alto Tribunal ha optado por mantenerlo en vigor doce meses a partir de este viernes, considerando las consecuencias negativas que supondría para la UE la anulación inmediata, así como por razones de seguridad jurídica.
El conflicto del Sáhara Occidental, un territorio al noroeste de África lleva años poniendo en jaque el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Fue en 2023 cuando se suspendió el acuerdo en materia de pesca y agricultura entre ambas regiones después de que el Tribunal General de la UE dictaminara su anulación. Este acuerdo pesquero tiene especial repercusión para flota gallega, andaluza y canaria, que faenan en los caladeros ubicados en aguas del Sáhara Occidental.
El Frente Polisario, que defiende desde los años sesenta lucha por la autoderminación y autonomía del Sáhara Occidental, protagoniza un conflicto territorial contra Marruecos y pone en jaque los acuerdos que este país ha firmado con la Unión Europea al defender que no tiene competencias para decidir sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental y las aguas de este territorio.
Fue, de hecho, el Frente Polisario quien, en representación del pueblo saharaui, ha impugnado los acuerdos comerciales entre la UE y Marruecos con un recurso ante el Tribunal General de la UE, en 2019. Argumentaban que tales acuerdos no contaban con el visto bueno del pueblo del Sáhara Occidental y, por tanto, de su consentimiento, un argumento con el que estuvo de acuerdo la corte europea con sede en Luxemburgo.
La justicia europea consideró que el Frente Polisario como un interlocutor legítimo, al amparo de las Naciones Unidas, para representar los intereses del pueblo saharaui. Cumple, por tanto, con los requisitos para poder impugnar ante el juez de la Unión en interés de dicho pueblo.
La Comisión Europea y el Consejo de la UE (del que forman parte los veintisiete Estados miembro) recurrieron la decisión ante el TJUE, que este viernes ha rechazado sus recursos y anulado el acuerdo pesquero.