Madrid
El coste de la educación concertada para las familias es uno de los aspectos más preocupantes para Save the Children, que alerta sobre las cuotas y otros gastos asociados a estos centros. Aunque las cuotas "suelen ser moderadas", según la organización, resultan un esfuerzo económico "inasumible" para las familias más vulnerables. El informe titulado "Por una escuela concertada inclusiva", indica que las cuotas promedio rondan los 68 euros en los colegios de Primaria y 57 euros en los de Secundaria, a los que se suman otros gastos como uniforme, comedor, transporte y actividades extraescolares, cuyos precios son más elevados en comparación con los centros públicos.
Este escenario implica que las familias están asumiendo aproximadamente el 20% del coste total de la educación concertada, lo que impacta de manera más severa en los alumnos provenientes de entornos vulnerables. Estos incluyen no solo a aquellos con menores recursos económicos, sino también a los que enfrentan problemas familiares o presentan necesidades educativas especiales.
En esta misma línea, el estudio de Esade EcPol, titulado "El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas", revelaba también en abril de este año que entre el 81% y el 95% del alumnado de las etapas de Segundo Ciclo de Infantil, Primaria y ESO paga cuotas. La cuota media anual por estudiante oscila entre 680 y 860 euros. Estos datos coinciden con los aportados por Ceapa y Cicae en octubre de 2023, que indicaban que el 87% de los colegios concertados cobran cuotas a las familias.
El estudio del think tank igualmente resalta las marcadas diferencias en el pago de cuotas entre las familias. Mientras que un 13% del alumnado no paga cuota alguna, un 18% abona una cantidad mínima, inferior a 20 euros mensuales por estudiante. En contraste, el 10% de los estudiantes que pagan las cuotas más altas cubren el 45% del gasto total. Estas disparidades reflejan la brecha económica en el acceso a la educación. El 20% de las familias con menores ingresos paga una media de 310 euros anuales, mientras que el 20% más acomodado desembolsa algo más de 1.000 euros al año en cuotas.
El informe de la ONG analiza también los criterios de admisión en las escuelas concertadas, destacando que, en comunidades como Madrid, Galicia, Euskadi, Murcia, y la Comunidad Valenciana (a partir del curso 2024-2025), se otorga mayor libertad a los centros para establecer sus propios criterios de selección del alumnado. En menor medida, Castilla y León sigue una línea similar. Sin embargo, el documento matiza que, en términos generales, los procesos de admisión no suelen ser particularmente selectivos y que las escuelas disponen de una capacidad limitada para elegir a sus estudiantes.
Segregación escolar
El estudio recalca que España lidera, dentro de los países de la OCDE, la disparidad socioeconómica entre el alumnado de las escuelas públicas y concertadas. Según la ONG, alrededor del 21% de la segregación escolar en España se debe a la distinta composición social entre ambos tipos de centros. Este porcentaje contrasta con la media del 10% observada en otros sistemas educativos. Además, en países como los Países Bajos y el Reino Unido, donde la presencia de escuelas concertadas es predominante, la segregación prácticamente no existe.
En cuanto a la calidad educativa, el informe destaca que los resultados del alumnado de las escuelas concertadas en la prueba de matemáticas del PISA 2022 fueron comparables a los de las escuelas públicas, una vez ajustado el factor socioeconómico. La entidad sostiene que este dato evidencia que la calidad educativa de ambas redes es equiparable.
Poca transparencia en la admisión
Save the Children también ha puesto el foco en la falta de transparencia y equidad en los criterios de admisión de las escuelas concertadas en España. Comunidades como Madrid y Galicia ofrecen a estos centros educativos una amplia discrecionalidad para seleccionar a su alumnado, lo que a menudo se traduce en una mayor segregación escolar y una menor diversidad en las aulas.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a los estudiantes de origen migrante, quienes se encuentran sobrerrepresentados en las escuelas públicas y subrepresentados en las concertadas, especialmente en regiones como Melilla y Murcia. Esta brecha educativa, según la ONG, limita las oportunidades de estos jóvenes y perpetúa las desigualdades sociales. Los datos revelan que un 18% del alumnado de escuelas públicas era de origen migrante, en comparación con un 10% en el caso de la escuela concertada.
Radiografía por CCAA
A pesar de las restricciones impuestas por la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), la demanda de educación concertada en España continúa siendo elevada. Un cuarto de los hogares españoles opta por esta modalidad educativa, siendo Madrid la región donde esta tendencia es más acentuada, con un tercio de las familias eligiéndola. Sin embargo, este modelo educativo se enfrenta a un escenario complejo. La baja tasa de natalidad está generando una disminución en la matrícula, lo que, sumado a las limitaciones legales, plantea desafíos para la sostenibilidad de los centros concertados.
No obstante, en España, la proporción de alumnos matriculados en escuelas concertadas se ha mantenido relativamente estable en torno al 30% durante las últimas décadas en las etapas obligatorias de Primaria y Secundaria. Sin embargo, se han registrado aumentos en la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid y La Rioja, mientras que en Catalunya y Cantabria la matrícula ha disminuido significativamente.
Según el informe de Save the Children, la distribución de los centros concertados en España está estrechamente ligada al nivel económico de las regiones. Mientras que en países como Australia, Francia y Nueva Zelanda, las escuelas concertadas suelen estar bajo la dirección de instituciones religiosas, en España aproximadamente el 74% de los estudiantes en estas instituciones asistían a escuelas católicas en el curso 2021/22. No obstante, esta concentración en centros religiosos no se traduce en una mayor presencia de escuelas concertadas en regiones con una alta proporción de creyentes, como Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura. En cambio, el modelo está más arraigado en regiones económicamente más favorecidas, como Euskadi, la Comunidad de Madrid y Navarra.
El informe revela que en el curso 2020-21, en regiones como Euskadi, la Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León, al menos un tercio de los estudiantes estaba matriculado en centros concertados en Primaria y Secundaria. En contraste, en Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha, menos del 25% de los alumnos asistían a estos centros.
La brecha más marcada se observa entre Euskadi, donde cerca del 50% del alumnado estaba inscrito en centros concertados, y Castilla-La Mancha, donde solo el 18% asistía a estos centros. Según el autor del informe, Alfonso Echazarra, esta disparidad se explica en gran medida por la capacidad económica de las familias.
El autor del estudio, Alfonso Echazarra afirma que la proliferación de escuelas concertadas no está motivada por la devoción religiosa de las familias, sino por su capacidad financiera para afrontar las cuotas que muchas de estas escuelas requieren para ofrecer una calidad educativa comparable a la de las escuelas públicas. En este sentido, Save the Children aboga por una reforma del sistema de educación concertada en España para garantizar su inclusión y accesibilidad para todos los niños, dado que estos centros son financiados con fondos públicos y, por lo tanto, deben estar al alcance de toda la población.
El informe sugiere que España podría aprender de los modelos aplicados en el Reino Unido y en los Países Bajos, donde la financiación pública cubre íntegramente las escuelas concertadas, eliminando las diferencias en la composición social entre las escuelas públicas y concertadas. Asimismo, se destacan prácticas como el programa de 'motxilles escolars' en Cataluña, que proporciona fondos adicionales a las escuelas concertadas para la escolarización gratuita de estudiantes vulnerables, y el enfoque en Irlanda, donde los centros con mayores necesidades socioeconómicas reciben apoyo adicional en forma de financiación, personal y programas especializados.
Recomendaciones
El informe concluye con una serie de recomendaciones clave para transformar la educación concertada en un motor de equidad en el sistema educativo español. Save the Children plantea que, con una mejora en la financiación, la garantía de una gratuidad real y la implementación de reglas justas en los procesos de admisión, las escuelas concertadas podrían dejar de contribuir a la segregación y convertirse en parte de la solución.
La organización subraya que las escuelas más inclusivas, aquellas que no imponen cuotas o que aplican tarifas simbólicas y que acogen a un elevado porcentaje de alumnado vulnerable en barrios desfavorecidos, serían las más beneficiadas por estas reformas. "Creemos que este modelo ayudaría a combatir la inequidad educativa que se observa actualmente en el sistema", concluyó Andrés Conde, portavoz de Save the Children.