Un aumento en el abandono laboral debido al aumento de los niveles de enfermedades de larga duración ha convertido al Reino Unido en el "enfermo literal de Europa" y le está costando al estado 5.000 millones de libras (casi 6.0000 millones de euros) al año en ingresos fiscales perdidos.
Son los resultados de la última investigación del grupo de expertos del Institute for Public Policy Research (IPPR), que contabiliza 900.000 británicos más inactivos (ni trabajan ni buscan trabajo) que al comienzo de la pandemia, con la consecuencia directa del aumento de los accesos a prestaciones por discapacidad.
"Si la tendencia continúa, la inactividad por enfermedad aumentará de los 2,8 millones actuales a 4,3 millones", estima la Comisión de Salud y Prosperidad del IPPR entre cuyos integrantes están Andy Burnham, alcalde de Manchester y ex secretario de salud, y Lord James Bethell, ex ministro de salud conservador.
El problema, que ya se evidenció en 2022, es germen de algunos de los mayores desafíos a los que se enfrenta la economía de Gran Bretaña, especialmente del bajo crecimiento y la baja productividad.
Una mejor salud ahorraría al Servicio Nacional de Salud más de 21.000 millones de euros al año para mediados de la década de 2030, mejoraría la igualdad regional y aumentaría los salarios, según el informe publicado este martes por el think tank. De ahí que la comisión advierta de que resolver la crisis sanitaria es "la medicina más importante que nuestra economía necesita para un crecimiento más rápido".
Los resultados del IPPR son similares a los hallazgos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR por sus siglas en inglés), que apunta a que mejorar la salud de la ciudadanía reduciría una carga de deuda que, si la tendencia no cambia, se prevé que alcance el 270% del PIB para mediados de la década de 2070.
En una estimación anterior con el foco en el aumento de los niveles de enfermedades de larga duración y de las solicitudes de prestaciones por discapacidad, la OBR ya estimó que el impacto combinado de la pérdida de trabajadores y una factura más elevada de prestaciones le está costando al estado casi 18.000 millones de euros anuales.
"Estamos rezagados respecto de nuestros pares en materia de resultados sanitarios, el número de personas con enfermedades crónicas está aumentando y las personas pasan una mayor parte de su vida con mala salud", reza el informe. Es cierto. Los países del G-7 han recuperado las tasas de participación a niveles por encima de los previos a la pandemia, pero no en Reino Unido, donde la tasa de actividad de la población en edad de trabajar está aún un punto porcentual por debajo de la de 2019.
Cinco consejos: del impuesto a quien contamine al nuevo índice de salud
El secretario de Salud, Wes Streeting, ha compartido las conclusiones del informe y ha asegurado que "no construiremos una economía saludable sin una sociedad saludable". El texto ofrece cinco claves para revertir la situación cuyo pilar es encaminarse hacia una sistema de atención sanitaria preventiva:
- Gravar a contaminadores como las empresas de tabaco o de alcohol y alimentos poco saludables, para recaudar casi 12.000 millones de euros por año en este curso parlamentario con los que financiar nuevos planes de buena salud.
- Establecer "zonas de mejora de la salud y la prosperidad" inspiradas en las zonas de aire limpio y reconstruir la infraestructura de piscinas y espacios verdes.
- Potenciar un "derecho a intentar" para beneficiarios de prestaciones de salud o discapacidad, una especie de compromiso suscrito por parte de estas personas de "intentar" trabajar sin riesgo para su situación de bienestar.
- Remodelar la gestión de los centros de salud, con una una ventanilla única para diagnóstico, atención primaria, salud mental y salud pública y con un enfoque en la prevención
- Crear un nuevo índice de salud que, como el PIB, permita hacer una instantánea de cómo está cambiando la salud del país.
