
Pekín no impondrá aranceles adicionales a las importaciones de brandy de la UE. Al menos de momento. En plena escalada de tensiones comerciales entre el gigante asiático y el bloque comunitario, tras el anuncio de Bruselas de imponer tarifas de hasta el 36,3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos a la UE, el Gobierno de Xi Jinping ha comunicado este jueves que no impondrá medidas antidumping al brandy importado desde Europa.
El ministerio de Comercio chino emprendió una investigación al brandy europeo al considerar que los productores comunitarios habían incurrido en prácticas de dumping al comercializar productos con márgenes del 30,6% al 39%. Unas actuaciones que limitarían la competencia de la producción local y supondrían un riesgo para el sector chino.
Si bien el Ejecutivo del país asiático reconoce la existencia de "dumping en el brandy importado de la UE y la industria nacional corre el riesgo de sufrir daños considerables" ha decidido que "no se tomarán medidas temporales antidumping en este caso por el momento", según explica en un comunicado.
La investigación de Pekín al brandy europeo se remonta a enero. El Ejecutivo de Xi Jinping reaccionaba con esta medida a la investigación que lanzaba Bruselas a las baterías de vehículos eléctricos importadas de China a la UE al considerar que se beneficiaban de subsidios del gobierno que les permitía vender los productos a precios más bajos en el mercado comunitario. La Comisión Europea acusaba al gigante asiático de incurrir prácticas comerciales desleales y advertía de los riesgos para los fabricantes de los Veintisiete. Un tema que es especialmente sensible para la prominente industria del automóvil de Alemania.
En todo caso, el anuncio de Pekín permite a los productores europeos de brandy respirar con cierto alivio, especialmente los franceses, los que resultarían más afectados por la medida La sobreproducción en el mercado chino y la caída de la demanda interna ya supone cierto riesgo para los fabricantes europeos que comercializan en el país asiático, por lo que si el gigante asiático decidiera imponer aranceles adicionales pondría contra las cuerdas la viabilidad del sector.
Pero Bruselas también ha dado pasos hacia la conciliación con Pekín. Cierto es que su investigación a los vehículos eléctricos chinos ha concluido con aranceles de hasta el 36,3% para las importaciones desde Pekín, no obstante, la Comisión Europea ha ido rebajando la cifra. Ese máximo del 36,3% fue anunciado hace unas semanas y representa una cifra menor que el 38% que planteaban inicialmente en junio. A esta cifra hay que sumar el 10% que ya se aplica a este tipo de importaciones.
En todo caso, hay que considerar que esta misma semana el gobierno de Canadá ha anunciado que impondrá aranceles del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos de China. No es el primer país en dar este paso, la avanzadilla la tomó Estados Unidos que decidió aplicar un arancel de 100% a estos productos. Otros países han aumentado las tarifas a estos productos asiáticos, entre ellos India o Brasil.
Bruselas investiga también los subsidios de los que China provee a su industria de paneles solares, de turbinas eólicas y de material médico. Aunque Pekín no ha tardado en reaccionar con medidas similares. Además del sector del brandy también está realizando un análisis de las importaciones de lácteos del mercado europeo y de la carne porcina. Esta última es de especial relevancia para España, siendo este sector uno de los principales segmentos de las exportaciones agroalimentarias y el gigante asiático uno de los principales mercados de destino.
El recibimiento de Pekín de los aranceles no fue precisamente positivo. Si Bruselas acusa a China de aplicar subvenciones "injustas" y de conferir ventaja competitiva a sus empresas, el gigante asiático tildó los aranceles de Europa de "proteccionistas" y "caza de brujas". China no tardó mucho en reaccionar. El pasado 9 de agosto, presentó un recurso ante este organismo por la imposición por parte de la UE, efectiva desde el 5 de julio, de aranceles provisionales que considera "no tienen base legal".