Madrid
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha criticado nuevamente a España por su deficiente gestión de los fondos estructurales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Según su análisis, España se destaca como el país con menor absorción de los fondos asignados y presenta la mayor cantidad de errores en su ejecución.
A finales del año pasado, España tenía pendientes de solicitar 11.000 millones de euros a la Comisión Europea, lo que representa el 26% del total asignado, dejando solo un 74% recibido, el nivel más bajo entre los Estados miembros. A pesar de recibir el tercer mayor presupuesto de la UE en estos fondos, con 45.000 millones de euros, su tasa de absorción es considerablemente inferior a la de países como Italia y Polonia, y también por debajo de la media de la UE. Italia ha absorbido el 78% y Polonia el 99%, mientras que la media de la UE es del 90%. España estaría en 25 puntos por debajo del país que más recursos ha gestionado.
El TCE desvela que los errores se corresponden con la asignación de fondos a proyectos no subvencionables y la realización de gastos no elegibles, como la participación de individuos que no cumplían con los requisitos.
En su informe anual sobre la ejecución del Presupuesto de la UE de 2022, publicado en octubre, el TCE ya había señalado prácticas inapropiadas en España, como el uso indebido de fondos europeos para cubrir gastos ordinarios, una práctica prohibida por la normativa comunitaria. Entre los ejemplos citados, se incluyó un proyecto de la Agencia Tributaria financiado con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). También se mencionó la compra de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad, realizada con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Cabe destacar que entre 2018 y 2022, los gastos no subvencionables fueron el error más significativo identificado por los auditores, tanto en número como en impacto financiero. El número de estos errores se mantuvo estable, representando entre el 40 % y el 50% de los errores detectados anualmente, aunque su impacto financiero varió. Un ejemplo notable de error relacionado con los gastos no subvencionables durante el período 2014-2020 involucraba proyectos de apoyo a jóvenes NEET (que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación), donde los participantes no cumplían los criterios de elegibilidad. En comparación, durante el período 2007-2013, el principal error en cohesión fue el incumplimiento de normas de contratación pública de la UE y nacionales, representando casi la mitad del porcentaje de error estimado por el Tribunal.
El Tribunal también destaca en su informe que entre 2017 y 2022, se detectaron numerosos errores adicionales en la gestión de fondos en ciertos países, como Portugal. La mayoría de los errores se relacionaron con ayudas estatales debido a una cuestión específica, mientras que en España se encontraron más proyectos no subvencionables que en otros Estados miembros.
En España, durante una auditoría en 2021, se identificaron irregularidades en la inscripción retroactiva de jóvenes NEET en la Garantía Juvenil. Cuatro operaciones financiadas bajo la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) se centraban en bonificaciones a la Seguridad Social para contratos de interinidad con jóvenes NEET. Tres de estas operaciones fueron inscritas retroactivamente en el sistema nacional, en algunos casos años después de aplicarse las bonificaciones, lo que impedía validar si los participantes cumplían con los requisitos de no estar recibiendo educación o formación.
La Comisión ya había aplicado una corrección financiera del 25 % antes de la auditoría, pero los auditores concluyeron que las tres operaciones no podían optar a financiación de la UE debido a estas irregularidades. Además, la inscripción retroactiva privó a los jóvenes NEET de las prestaciones adicionales que ofrecían los programas de Garantía Juvenil y la IEJ.
Cofinanciación para los estados
Los fondos estructurales y de inversión europeos constituyen una fuente crucial de financiación para los Estados miembros de la Unión Europea, representando más de la mitad del presupuesto comunitario según el Ministerio de Hacienda. Estos fondos, que son cofinanciados, implican que los propios Estados miembros contribuyen parcialmente a su financiación, además de recibir estos recursos.
Los cinco fondos estructurales y de inversión europeos se gestionan en conjunto por la Comisión Europea y los países de la UE y se dividen en las siguientes categorías: Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
Es importante no confundir estos fondos con los instrumentos temporales como los Next Generation, que no son cofinanciados y están destinados a abordar crisis específicas en los Estados miembros.
Para el periodo 2014-2020, se estableció un presupuesto total de 738.244.402.078 euros para los fondos estructurales europeos, compuesto por 546.055 millones provenientes de las cuentas comunitarias y 195.282 millones en aportaciones de los Estados miembros.
En el caso de España, el presupuesto asignado supera los 75.000 millones de euros, de los cuales 57.322 millones provienen de la Unión Europea y 17.693 millones son aportaciones nacionales.
La mayor parte de los fondos asignados a España proviene del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Juntos, estos tres fondos concentran el 94,1% del presupuesto, equivalente a más de 70.000 millones de euros.
Ampliación del límite para justificar el gasto
España ha recibido fondos Next Generation, que no requerían cofinanciación por parte del país. Este tipo de fondos han implicado que España debía planificar y gestionar su ejecución de manera independiente. Debido a estos desafíos en la planificación y ejecución, la tasa de ejecución de estos fondos ha alcanzado solo el 74%.
Otro factor crucial es la organización interna de cada país. Por ejemplo, en España, la alta descentralización implica que miles de ayuntamientos, muchos de ellos con recursos limitados, deben gestionar contratos y subvenciones que requieren una significativa carga burocrática. Esta situación contribuye a la lenta ejecución de los fondos estructurales, atribuida a la elevada carga administrativa, la falta de profesionalización y motivación del personal, y la insuficiencia de medios disponibles.
La fecha límite inicial para incurrir en gastos financiados con los fondos del periodo 2014-2020 era el 31 de diciembre de 2023. No obstante, este plazo se extendió hasta el 1 de julio de 2024 para la declaración de los gastos realizados. Posteriormente, se concedió una nueva prórroga hasta el 30 de junio de 2025, lo que proporciona a los funcionarios más tiempo para identificar y declarar los gastos subvencionables.
Para el periodo 2021-2027, España es nuevamente uno de los principales beneficiarios de los fondos europeos. Se le asignarán 36.682 millones de euros en ayudas de la Unión Europea, complementados con una aportación nacional de 23.039 millones. En total, España dispondrá de 59.722 millones de euros para inversiones.