Madrid
Salvador Illa toma posesión como presidente de la Generalitat de Catalunya este sábado con el apoyo de ERC y comuns para iniciar una legislatura en la que la reducción del gasto público no parece figurar entre las prioridades. Cataluña es la comunidad que más ha incrementado este capítulo en los últimos años y durante la investidura ya quedó claro que la rebaja de impuestos o el adelgazamiento del sector público no estaban en la agenda de un PSC apoyado por las dos formaciones de izquierdas.
Mantendrá el camino seguido por antecesores. "El país está hoy mejor que antes", elogió a Pere Aragonès. Esto incluirá, con toda probabilidad, unos presupuestos que seguirán la línea expansiva de su predecesor. Y es que en el periodo 2022/2024 -contando la prórroga para este ejercicio-, las cuentas catalanas incrementaron el gasto por encima del 5%, desde los 41.504 millones de 2022 a los 43.673 millones de 2024. Siempre excluyendo las partidas destinadas a las amortizaciones de deuda pendientes y que superan desde 2020 los 10.000 millones de euros.
El crecimiento es muy superior al registrado por el Estado, que también tiene los presupuestos prorrogados para 2024. Para el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, el techo de gasto no financiero -es decir, el que excluye el pago de deuda- fue de 196.142 millones en 2022 y subió apenas el 1% hasta los 198.221 este año debido a la extensión de las cuentas.
Así, se puede extraer que el gasto público en Cataluña se incrementó en Cataluña hasta cinco veces más. El incremento del dispendio llegó de la mano de una subida de los ingresos, ya sea por la subida de la presión tributaria como por el crecimiento generalizado de los ingresos. Un reciente informe del Ministerio de Hacienda señala también "la evolución positiva de las cantidades a transferir en 2024 desde la Administración General del Estado, relativas a los recursos del sistema de financiación sujetos a entregas a cuenta y liquidación".
De este modo, en la comunidad el gasto público que ha aumentado un 13% desde 2019 -datos de 2023- y hasta un 49% desde 2003. La media española en las últimas dos décadas era del 32%, según los datos revelados por Fedea este mismo año. El dato catalán es un 2% superior a la media española en el periodo 2019-2023.
Y la voluntad de Illa parece ir en la línea de mantener la senda alcista. Durante la investidura ERC y comuns dejaron claro que su apoyo está supeditado a que no se rebaje ningún impuesto y que se mantengan tributos como el de Sucesiones, que los empresarios han pedido eliminar en numerosas ocasiones.
El nuevo presidente catalán también tuvo tiempo para destacar su intención de reimpulsar los servicios públicos y buscar una reindustrialización verde del territorio; la "tercera transformación de Cataluña", dijo. Llegaría tras las lideradas por Jordi Pujol (la primera) y José Montilla y Pasqual Maragall con sus dos tripartitos (la segunda).
Además, señaló que impulsará las infraestructuras puestas en marcha por el anterior Ejecutivo para hacer frente a la sequía, afrontar la crisis de acceso a la vivienda y afrontar el auge de las viviendas turísticas y de temporada. "El acuerdo creo que marca un antes y un después ya no sólo para la vivienda en Cataluña o España, sino para toda Europa", dijo a la portavoz de los comuns, Jessica Albiach.
Hhizo referencia a "coser Cataluña de trenes" y anunció que pretende ampliar la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 22.000 agentes para el año 2030.
Ya en el turno de respuestas, Illa sí emplazó a las formaciones que le dieron los votos para ser presidente a avanzar en ámbitos como las renovables, campo "en el que todavía queda mucho trabajo", admitió.
Para esta escalada del gasto público, el president aspira a contar con una mejor financiación gracias al concierto económico acordado con ERC y que deberá negociar ahora con Sánchez. A la espera de, primero, lograr sortear las evidentes reticencias tanto de sectores del PSOE como de otros partidos necesarios para dar luz verde a la modificación, quedaría por determinar el llamado cupo de solidaridad que la Generalitat reintegraría al Estado por los servicios prestados y que sería la clave para calcular el dinero que dejaría de ingresar la administración y el recorte del déficit fiscal catalán.
Los otros retos para Illa
La financiación no será la única carpeta para Illa, aunque espera que le ayude a solventar los otros frentes. El primero, el de la inversión en infraestructuras. Y es que en los últimos años el Govern no ha dejado de quejarse de los incumplimientos del Estado, aunque él mismo ha torpedeado obras como la ampliación del aeropuerto de El Prat.
Hay consenso en que existe un déficit inversor en la comunidad. Según un análisis de Foment del Treball, el saldo negativo asciende a 40.000 millones de euros desde 2009. Por déficit se entiende la diferencia entre la inversión óptima, que la patronal cifra en el 2,2% tomando como referencia otras economías de la zona euro similares a Cataluña, y la realmente ejecutada. La aproximación de la organización empresarial toma en consideración las obras sin consumar del Estado pero también de la Generalitat y los ayuntamientos.
Sequía e industria son otras dos carpetas sobre la mesa. La primera la dejó encarada el anterior ejecutivo, que antes del verano aprobó varias inversiones como la ampliación de la desalinizadora de Blanes y otra en Cubelles tras años de inacción. La segunda es más complicada, pues va en la línea opuesta a la tendencia en Europa, donde cada vez son menos las industrias que son rentables debido a los precios de la energía y a la competencia asiática y del norte de África.
También la vivienda y la transición energética, en la que Cataluña es dependiente de la electricidad limpia procedente del resto de España. Para facilitar el acceso al mercado del alquiler, Illa se comprometió a regular los alquileres turísticos y de temporada y el anterior Ejecutivo apostó por la línea de los municipios tensionados.