Madrid
En 2023, la lucha contra la pobreza infantil en Europa se presenta como una crónica de una crisis anunciada, donde el desenlace parece ser más un guion de terror que una historia de esperanza. Según los datos más recientes, Rumanía, España y Bulgaria encabezan la lista de países con los mayores porcentajes de pobreza infantil, con cifras alarmantes que alcanzan el 39,0%, 34,5% y 33,9%, respectivamente. Por el contrario, naciones como Eslovenia, Finlandia y Holanda, con tasas de pobreza infantil de 10,7%, 13,8% y 14,3%, parecen vivir en un universo paralelo donde los problemas económicos son mucho menos severos.
En el contexto de las ayudas familiares, España se encuentra en un capítulo algo deprimente del libro europeo. A pesar de algunos intentos de modernización, como la introducción del ingreso mínimo vital y la ampliación de deducciones fiscales para madres trabajadoras, el sistema de protección social español sigue anclado en las décadas de 1980, un mundo muy lejano del siglo XXI. El modelo español, caracterizado por su escasa inversión en políticas familiares y su dependencia de bonificaciones fiscales, ha resultado ser una especie de "triste espectáculo" en comparación con otros países europeos.
El sistema español de prestaciones e impuestos es notablemente limitado en comparación con otros países europeos, principalmente por su escasa inversión en políticas familiares. Tradicionalmente, la protección de las familias ha recaído en ellas mismas. España destaca por su bajo gasto en prestaciones, con la mayor parte de la ayuda familiar concentrada en bonificaciones fiscales, particularmente en el IRPF. Sin embargo, este enfoque deja desprotegidos a los hogares más pobres, ya que muchos de ellos no presentan la declaración de la renta y, por ende, no se benefician de estas bonificaciones.
El informe de la Comisión Europea revela que casi 20 millones de niños en la UE están en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que se mantiene relativamente estable con un ligero aumento del 0,1% respecto al año anterior. La ironía de la situación es evidente cuando se observa la brecha entre los riesgos de pobreza infantil y adulta. En 2023, los menores de 18 años presentan un riesgo de pobreza o exclusión social del 24,8%, superando en 4,2 puntos porcentuales a los adultos, una diferencia que se nota especialmente en países como Eslovaquia, España y Rumanía.
A nivel nacional, Hungría registró la mayor subida, con un aumento de 6,3 puntos porcentuales (pp), seguida de España (2,3 pp), y Luxemburgo y Malta (2,1 pp cada una). Por el contrario, se observaron disminuciones en Rumania (-2,5 pp), Chipre e Italia (ambos -1,4 páginas) y Finlandia (-1,1 págs.). Bulgaria y Grecia reportó cifras estables.
En 2023, el riesgo de pobreza o exclusión social fue más alto para los niños menores de 18 años en la UE, con una tasa del 24,8%, en comparación con el 22,6% de los adultos. La diferencia de 4,2 puntos porcentuales entre ambos grupos fue notable en 16 países, destacando Eslovaquia y España con una brecha de 9,6 puntos porcentuales, Rumanía con 8,6 puntos y Francia con 7,8 puntos. En contraste, en algunos países como Estonia, Letonia y Croacia, los adultos enfrentaban un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que los niños, con diferencias de hasta 7,3, 6,6 y 4,1 puntos porcentuales, respectivamente.
El nivel de estudios sí importa
La brecha educativa también añade un toque irónico al panorama: los niños cuyos padres tienen un bajo nivel educativo enfrentan un riesgo de pobreza del 61,8%, mientras que aquellos con padres con educación superior ven este riesgo reducido al 10,7%. En términos absolutos, esto representa una diferencia de 51,1 puntos porcentuales, un contraste que se vuelve aún más pronunciado en países como Hungría, Rumanía y Bulgaria.
En 15 países de la UE, la brecha en el riesgo de pobreza entre niños y adultos superó los 50 puntos porcentuales. Las diferencias varían desde 21,9 puntos en Polonia y 35,8 puntos en Malta, hasta 72,5 puntos en Hungría, 73,5 puntos en Rumanía y 74,9 puntos en Bulgaria. Este indicador relativo refleja la desigualdad en lugar de la pobreza absoluta, mostrando cuántas personas tienen ingresos bajos en comparación con el resto de la población.
¿Cuáles son las ayudas en España?
Las políticas familiares en España, aunque mejoradas, siguen dejando mucho que desear. Las deducciones fiscales y el complemento de infancia del ingreso mínimo vital, aunque útiles, no logran llegar a todos los hogares necesitados. Un 76% de las familias que podrían beneficiarse de estas ayudas ni siquiera las solicitan, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), atrapadas en un laberinto de burocracia que parece diseñado para frustrar en lugar de ayudar.
En España, las ayudas para familias con hijos incluyen principalmente dos tipos de deducciones fiscales: el mínimo exento por hijo y una bonificación de 100 euros por niño de hasta tres años para madres trabajadoras, que puede ser reembolsada si supera el importe a pagar. Aunque el Gobierno amplió esta cobertura el año pasado para incluir casos adicionales, como mujeres que reciben prestación por desempleo o que han trabajado al menos 30 días desde el nacimiento, aún el 10% de las familias no se benefician de estas ayudas. Además, desde 2022, se introdujo el complemento de infancia del ingreso mínimo vital para combatir la pobreza infantil, ofreciendo entre 57,5 y 115 euros según la edad del niño. Este complemento se destina a familias que ya reciben el ingreso mínimo vital o a aquellas cuyos ingresos no superen ciertos umbrales.
Y es que el panorama de las ayudas para familias en España es, para decirlo suavemente, un embrollo. No solo hay que lidiar con una maraña de trámites burocráticos. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por mejorar la situación, la realidad es que los hogares con niños siguen enfrentando riesgos de pobreza más altos que el resto. Mientras que la tasa de pobreza general se ha reducido al 20,4% desde la pandemia, para los menores sigue siendo elevada. Aunque las medidas recientes han logrado un modesto aumento del 1,1 puntos en la capacidad del Gobierno para reducir la pobreza infantil, la realidad es que el impacto positivo de estas políticas aún está por debajo de lo deseado.
