El Gobierno ha estado negociando durante toda la jornada en el Congreso para intentar que salga adelante la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir entre las comunidades autónomas a los menores migrantes no acompañados, pero el Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está actuando de mediador, pero no ha logrado crear una mayoría.
En el debate de la toma en consideración de la norma, que ha tenido lugar a primera hora de este martes en el Pleno, el PP y Junts han pedido a PSOE, Sumar y CC, los firmantes de la iniciativa, que retiren la reforma. Ambos, igual que Vox, han reiterado su rechazo a la iniciativa tal y como está redactada.
Por su parte, la diputada por Coalición Canaria, Cristina Valido, se ha mostrado partidaria de no someter a votación el texto si no se logra un acuerdo para garantizar su tramitación. En todo caso, para dar ese paso deberán estar de acuerdo también el PSOE y Sumar, los otros dos firmantes del texto. "Si en las próximas horas no hay un acuerdo, pediré que no se vote, que se quede sobre la mesa y que sigamos hablando", ha asegurado. Con la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el Gobierno quiere repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados de territorios con una sobreocupación del 150%. Tras el "no" de Junts y Vox, el Gobierno necesitaba al menos la abstención del PP.
Segundo rechazo al Gobierno
Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha votado en contra de la senda de déficit presentada por el Gobierno, lo que frenará los Presupuestos de 2025. El portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha sido el encargado de anunciar la dirección del voto, pese a que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en el "sentido común" de todos los socios habituales para sacar adelante en el Congreso los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, esenciales para lanzar los Presupuestos Generales de 2025.
"Hoy votaremos en contra de este primer trámite de los Presupuestos Generales del Estado que son los objetivos de estabilidad presupuestaria", ha adelantado Cruset en declaraciones a la prensa mientras se desarrolla el debate dentro de la Cámara Baja.
¿Y ahora qué?
De acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el rechazo de la senda de estabilidad obliga al Gobierno a aprobar, en un plazo de cuatro semanas, unas nuevas metas para su posterior remisión al Congreso, que la próxima semana inicia su parón de agosto.
En caso de que esa segunda senda resultara aprobada, tendría que pasar al Senado, donde todo apunta a que sería rechazada con la mayoría absoluta del PP, lo que obligaría a devolverla al Senado para que levante ese veto, un proceso que llevaría varias semanas.
Hasta que no haya una senda de estabilidad el Gobierno no puede presentar los presupuestos de 2025, algo que debería hacer antes de final de septiembre para que se tramiten en las Cortes en los últimos tres meses del año y entren en vigor el 1 de enero próximo.
El Gobierno no ha aprobado ningunos presupuestos en esta legislatura, ya que renunció a presentar los de 2024 tras la convocatoria de elecciones en Cataluña, ya que esto complicaba la negociación con sus socios.
