Valencia
La Generalitat Valenciana gobernada por el PP materializa sus amenazas de un frente judicial con el Gobierno de Pedro Sánchez y en el último Pleno del Consell ha avanzado en dos de ellos. Por un lado, presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por la negativa de Pedro Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes autonómicos, además de dar luz verde a la Abogacía de la Generalitat para poner en marcha el recurso contra la Ley de Amnistía.
Según explicó la portavoz y consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, el Consell ha decidido recurrir al Consell ante lo que considera el incumplimiento de la obligación reglamentaria de convocar dos reuniones anuales de la Conferencia de Presidentes o cuando lo soliciten al menos diez presidentes autonómicos por parte de Pedro Sánchez
Merino consideró una "deslealtad institucional", además de un incumplimiento del propio reglamento del organismo que ante cuestiones como la crisis migratoria y la reforma de la financiación autonómica se esté obviando a los representantes autonómicos.
La postura beligerante de la Generalitat Valenciana se suma a la de otros Gobiernos regionales del PP, como el de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ya amenazó con acudir a los tribunales por este asunto.
Amnistía
Además tras meses anunciándolo, el Consell ha acordado autorizar a la Abogacía de la Generalitat a iniciar los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El Gobierno autonómico considera que infringe varios preceptos de la Constitución Española y del Estatut d'Autonomia, entre los que se encuentran el principio de legalidad, el derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley o la división de poderes.
A través del acuerdo, el Consell solicita la emisión del preceptivo dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y autoriza a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites para la interposición en su nombre del recurso de inconstitucionalidad.
El acuerdo señala que la ley infringe reglas, principios esenciales y mandatos recogidos en la CE y obvia que España es un Estado de Derecho; ignora valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, como son la justicia y la igualdad, cuestiona la unidad de España, el derecho a la autonomía y la solidaridad entre nacionalidades y regiones; vulnera la sujeción de todos los ciudadanos y poderes públicos a la CE y al ordenamiento jurídico; queda lejos de promover la igualdad, y obvia los principios de legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
Instituto de la Mujer
Merino también ha anunciado que la Administración autonómica investigará un contrato menor para la instalación de puntos violeta en festivales suscrito durante la etapa del anterior Consell del Botànic con la empresa de la hasta ahora directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, después del cese por el Consejo de Ministros. Una medida que llega después de que se hiciese pública que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros.
El contrato, firmado por el anterior gobierno del Botànic en mayo de 2023 contemplaba un importe de 14.250 euros y que estaba dirigido a "cubrir el servicio de información, de asesoramiento, de prevención y de denuncia de los puntos violeta en festivales de la Comunitat Valenciana".
