Madrid
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha adelantado este lunes que el Gobierno aprobará la semana que viene el nuevo cuadro macroeconómico, que elevará a cerca del 2,5% la estimación de crecimiento para este año, junto con el techo de gasto para 2025, dando así el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. Para ello, el Gobierno quiere completar en las próximas dos semanas el fin del veto irrevocable del Senado a los objetivos de déficit y deuda.
Durante su participación en los Desayunos Informativos de Europa Press, Cuerpo ha señalado que revisarán al alza los datos del cuadro macroeconómico, desde la estimación del 2% actual de crecimiento para este año hasta acercarlo más a las previsiones de los organismos nacionales e internacionales, en el entorno del 2,5%.
Así, Cuerpo ha señalado que el Gobierno se estaba quedando "rezagado" en sus previsiones y que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le indicó que el Ejecutivo no podía ser "más pesimista" que todos los organismos "por muy prudentes" que quieran ser.
"Vamos a lanzar el proceso de aprobación de los PGE de 2025 y el cuadro macro sirve de base, por lo que tenemos que ir a una actualización de la última previsión de este año, que se situará más cerca del 2,5% que del 2% actual", ha reiterado Cuerpo, tras asegurar que se aprobará la semana que viene, junto con el límite no financiero para 2025, conocido como techo de gasto.
En este sentido, ha apuntado que su aprobación depende del Ministerio de Hacienda y que está trabajando "de forma continua y sin descanso" para cumplir los objetivos y que se apruebe dentro del calendario normal, que es antes del mes de agosto.
"Ahora es el momento oportuno, vamos a lanzar el proceso de elaboración de los Presupuestos y tenemos que ir a una actualización", afirmó Cuerpo, que confió en que habrá nuevos presupuestos para 2025 en un marco de negociación política en el que "el primer paso será que haya un gobierno estable en Cataluña".
Serán unas Cuentas del Estado en las que afirmó que se encajará la continuidad de los gravámenes a la banca y las energéticas, que que seguirán porque hay "un compromiso de mantenimiento en el acuerdo de Gobierno".
Nuevo gobernador y fin del veto
El ministró expresó su deseo de que para el próximo 18 de julio ya se conozca el nombre del nuevo gobernador del Banco de España, aunque quiso lanzar "un mensaje de tranquilidad" de que "no hay prisa" porque la subgobernadora ejerce las funciones de gobernador mientras que se elige a uno nuevo y su mandato no termina hasta septiembre.
Según adelantó El Confidencial, Cuerpo ya ha reservado cita el próximo 11 de julio para proponer el nuevo nombre del próximo gobernador a la Comisión de Economía del Congreso, si bien no tendría cerrado aun su nombramiento. En última instancia, la decisión del nuevo gobernador depende del presidente Sánchez.
Según han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias, será el próximo 17 de julio cuando el Pleno del Senado debata y vote la Ley de Paridad, que es precisamente la norma donde el PSOE y Sumar incluyeron la eliminación del veto y que fue aprobada por el Congreso el pasado 27 de junio.
Como el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y votó en contra de la ley en el Congreso, entre otros motivos por la eliminación de esa capacidad de veto, es previsible que el Senado rechace el texto aprobado en la Cámara Baja.
Cuando esto suceda, el texto rechazado tiene que volver al Congreso y someterse a una nueva votación, lo que se prevé para el 23 de julio en la misma sesión plenaria en la que se espera convalidar el decreto anticrisis y aprobar la renovación del Poder Judicial.
Para esa última votación de la Ley de Paridad el Ejecutivo necesita la mayoría absoluta de la Cámara, al menos 176 diputados, y si lo logra, el texto se podrá publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor, incluyendo la desaparición del poder de veto del Senado.
Sobre las negociaciones en el marco del diálogo social para la reducción de la jornada laboral, reiteró su convencimiento de que existen "suficientes elementos de flexibilidad" para un acuerdo en el que también participe la patronal sentándose a la mesa de negociación lejos de las "declaraciones grandilocuentes que les escuchamos la semana pasada".
Reducción de la jornada laboral
Cuerpo ha citado cómo podría implementarse esta reducción de jornada; tener en cuenta las particularidades de las pymes, o cómo aplicar la medida en empresas que tengan contratos con la administración pública, donde existe una "menor flexibilidad" para ajustar precisamente esos contratos.
Preguntado por si teme que rebajar la jornada pueda afectar negativamente a la productividad, el ministro ha afirmado que "si se hace bien, puede suponer una mejora en la productividad" de la economía española.
Para ello, ha explicado que habrá que hacer un esfuerzo por el que las empresas liberen horas no productivas para ser capaces de incrementar o de abrir espacio para actividades como la relación con los clientes, con los proveedores o también para tener hueco para disminuir la jornada laboral.
"Esta combinación de mayor productividad y mayor espacio para los trabajadores es una combinación perfectamente plausible y, de hecho, vemos la evidencia empírica que se está dando. Tenemos que avanzar, tenemos que ayudar y acompañar a las empresas en este proceso y en ello yo creo que estamos. Estoy convencido de que esto va a ser posible. No estamos tan lejos. Cuando miramos esas 38,3 horas que es ahora mismo el promedio de la jornada laboral y cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que es un esfuerzo adicional que va a ser positivo para todos", ha destacado.
Prohibición de los despidos
Al ministro se le preguntó por la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de incluir en la nueva ley de Industria que las empresas que tengan beneficios no puedan presentar ERE. Dijo que en la legislación actual ya hay un "marco suficientemente flexible" para dar respuesta a los problemas de empresas en crisis como los ERTE o los mecanismos RED, y en el caso del ERE en Vodafone, señaló que el Gobierno condicionó la aprobación de la compra por Zegona al mantenimiento de las inversiones "y el compromiso (de Zegona) es vinculante en el mantenimiento de más de 1.000 empleos de alto valor añadido y en el mantenimiento de inversión".
Respecto a si el Estado reclamará un segundo asiento en el Consejo de Telefónica, manifestó que "ejerceremos las acciones a las que tenemos derecho dentro del marco de la propiedad accionarial que tiene SEPI en Telefónica" y "poco a poco iremos llegando al ejercicio de nuestros derechos".
