Bruselas
La aritmética parlamentaria en España complica sustancialmente llegar a acuerdos entre grupos políticos y desafía el cumplimiento de los compromisos con Bruselas. La coyuntura no es menor ante el desafío de implementar las reformas e inversiones del Plan de Recuperación. Con la vista puesta en el quinto y sexto pago de fondos Next Generation, agendados para este año, el Gobierno tiene por delante un duro trabajo. Para el primero de los desembolsos debe impulsar una reforma fiscal cuya aprobación será ardua tarea en el Congreso.
España va con retraso respecto al calendario de pagos agendado para los fondos Next Generation y la reforma del subsidio por desempleo fue tan solo la antesala de lo que podría estar por venir. Según la planificación inicial, el cuarto pago debía efectuarse antes del cierre del 2023 para, posteriormente, encajar el quinto en el primer semestre del 2024 y el sexto en la segunda mitad del año. La reforma fiscal, incluida en el quinto tramo, amenaza con complicar la recepción de 7.500 millones de euros.
No solo es que los plazos no se hayan cumplido, sino que se postergan en el tiempo. No ha sido solo que España presentara tarde, al filo del cierre de año, la petición del cuarto tramo, sino que además la no convalidación en el Congreso de la reforma del subsidio por desempleo a principios de 2024 retrasó y puso en entredicho el cumplimiento por parte de España de los objetivos comprometidos. El riesgo estaba en un posible pago parcial del cuarto tramo que finalmente no se alejó de la realidad. Sin embargo, lo que finalmente quedó suspendido fue una pequeña cantidad, 158 millones de los 10.000 millones de los que está dotado el tramo, por no cumplir satisfactoriamente con una convocatoria de ayudas a la digitalización de empresas. Un hito que el Gobierno trabaja por subsanar.
En todo caso, las extensiones del plazo de evaluación de Bruselas han tenido mucho que ver con esa reforma del subsidio por desempleo. La complicada aritmética a la que se enfrenta el Ejecutivo de Sánchez podría abocar a un destino similar a la reforma fiscal, que debe pasar por el Congreso.
En paralelo, no hay que olvidar que otros Estados miembro han pisado el acelerador en el despliegue del plan de Recuperación mientras España se queda rezagada. Italia lidera el desembolso de fondos: esta semana ha recibido el visto bueno a su quinto pago, dotado de 11.000 millones de euros. También Portugal adelanta a España por la derecha, con la petición esta semana del quinto tramo de 1.600 millones de euros.
Dentro del quinto pago se enmarca no solo la reforma fiscal. España debe cumplir con otras medidas reformas la ley del Agua, como mejorar las infraestructuras de tratamiento de aguas o la entrada en vigor de una ley que reforme el sistema universitario.
Aviso de Bruselas
En su análisis por país presentado en junio, el Ejecutivo comunitario apremiaba a España a cumplir con los compromisos pendientes de la reforma fiscal. Se trata de una de las medidas para mejorar el sistema tributario español, en aras de proceder a su modernización, adaptarlo a unos nuevos tiempos y acercar la ratio de ingresos sobre el PIB a la media comunitaria.
A pesar de las recientes mejoras, la presión fiscal sigue siendo inferior a la media de la UE, apunta Bruselas en su análisis. Los ingresos tributarios alcanzaron el 37,7% del PIB en 2022, 2,5 puntos porcentuales por debajo de la media de la UE, pese a haber aumentado significativamente desde 2019. La mayor parte del incremento procede de la ampliación procíclica de las bases imponibles del trabajo y del capital.
La presión fiscal sobre el empleo en España es relativamente más progresiva que la media de la UE. La tributación de los trabajadores sin hijos a cargo es inferior a la media de la UE y se acerca a la medida comunitaria para los salarios más altos. Los cónyuges con un salario medio se enfrentan a una presión fiscal mayor que la de los solteros con el mismo nivel salarial si bien tales umbrales se alinean con la media de la UE. Por ello, el Plan de Recuperación español incluye una reforma fiscal para que el sistema sea más progresivo, observa Bruselas.
Entre las acciones que valoraba la Comisión Europea se incluía un incremento del impuesto sobre el consumo, es decir el IVA, de manera que se proteja a los sectores más vulnerables con medidas compensatorias. España es uno de los países de la UE con menor ingresos por impuestos sobre el consumo (9,7% del PIB). Esto se debe en gran parte al uso extensivo de tipos reducidos de IVA y exenciones.
Además, la Comisión Europea ponía sobre la mesa la necesidad de que España desplegara tributos vinculados a los ingresos medioambientales. En este segmento, se encuentra por detrás de la media de la UE, y los ingresos medioambientales representaron el 1,5% del PIB en 2022 frente al 2% de la media europea. Por ello, invita a implementar medidas en línea con el principio de quien contamina paga.
Esta reforma tributaria, dice Bruselas, debe ser una parte central de la estrategia de consolidación fiscal. La idea es construir un sistema fiscal más efectivo, adaptarlo a las nuevas tendencias, reducir la evasión fiscal, que apoye la transición verde y que sirva para incrementar los ingresos y promover la equidad.