
Las elecciones europeas del pasado domingo han infligido el mayor descrédito sufrido hasta ahora por la alianza tácita entre Francia y Alemania que, desde sus orígenes, cimenta la Unión Europea (UE). La paradoja de que la ultraderecha, con toda su carga de euroescepticismo, crezca sobre todo en el corazón del eje francoalemán supone una enmienda a la totalidad, planteada por millones de europeos, a políticas comunitarias clave, tal y como Olaf Scholz y Emmanuel Macron han permitido entenderlas. Este aldabonazo dificultará o, incluso, abonará el terreno para reformar los plazos o el desarrollo mismo de la transición energética, según la contempla ahora el Pacto Verde europeo, entre otras medidas.
Pero, además, la debilidad en la que se sumen los Gobiernos de París y Berlín, asediados también por sus propios problemas económicos internos, allana el camino a que la UE se desvíe por senderos poco transitados en ámbitos como el comercio exterior. El recurso a la imposición de aranceles preventivos –como se denominan en EEUU– ya se ha iniciado con la penalización de las importaciones de coches eléctricos chinos. Es una evolución que, en el pasado, la todopoderosa Alemania podría haber abortado desde el inicio, ante el perjuicio de que las posibles represalias de Pekín supondrán para sus exportaciones. Ahora, no obstante, el Gobierno de Scholz se limita de momento a exponer sus objeciones.
El alcance real de estas derivas dependerá en gran medida de la composición final que tome la Comisión Europea. Cabe recordar que son los Gobiernos de la UE los que proponen al presidente o presidenta de la Comisión Europea y a los comisarios. La Eurocámara puede respaldar tales aspiraciones o puede vetar el acceso de determinados candidatos a puestos del Ejecutivo comunitario.
Si bien la ultraderecha ha conseguido más asientos en la Eurocámara, los partidos de centro han logrado retener la mayoría parlamentaria: populares, socialistas y liberales. Los grupos de extrema derecha ocuparán más escaños en el hemiciclo, pero tienen pocos números de colarse en la Comisión Europea, que ostenta la iniciativa legislativa a nivel comunitario. Lo que sí podría propiciar este cambio de fuerzas en la Eurocámara es que se reproduzcan situaciones como la de la Ley de la Restauración de la Naturaleza en la pasada legislatura, coyuntura en la que fuerzas conservadoras y ultraconservadoras se aliaron. En consecuencia, podrían escorar más a la derecha las enmiendas a los textos legislativos.
El Pacto Verde, uno de los emblemas de la última Comisión Europea de Ursula von der Leyen, estructura la perspectiva económica del bloque con el foco puesto en la sostenibilidad. El camino recorrido no es poco, pues estriba en la mayor parte de las regulaciones ya adoptadas. "El Pacto Verde también es economía. Estamos ya en fase de implementación", explica la experta del Instituto Delors, Eulalia Rubio. Lo que implicaría que dar marcha atrás en tal plan supondría un coste económico adicional.
Habla el experto del think tank Bruegel Simone Tagliapietra, en una publicación reciente, de que el problema radica no tanto de un desmantelamiento del Pacto Verde como en la procrastinación respecto a sus objetivos. "El centro-derecha, podría verse tentado a presionar para que se pospongan o suavicen algunas de las disposiciones más controvertidas", utilizando para ello las cláusulas de revisión, apunta. En su estudio ejemplifica cómo revertir políticas como el fin de los coches de combustión mandaría una señal contradictoria a la industria y los mercados.
Tales prácticas, dejarían a la industria europea como la principal perjudicada con largas facturas excedidas por los costes para aquellos sectores que ya han iniciado la transición. "Una política climática creíble es clave para sostener la inversión verde del sector privado en los próximos años", analiza.
La parálisis que podría propiciar que no se implementen las medidas y legislación al amparo de esta estrategia revertiría en términos económicos para la UE, en un momento en el que la industria verde es pilar de la competitividad de potencias como China o Estados Unidos. En un momento, especialmente, en el que uno de los grandes deberes para la próxima legislatura es la competitividad industrial y la autonomía estratégica.
"Los giros a la derecha en Alemania y Francia, y la decisión del presidente Macron, en respuesta, de convocar elecciones parlamentarias anticipadas sugieren un malestar entre los votantes sobre la política climática", apunta el análisis de Bruegel. Por tanto, también habría repercusiones a nivel nacional.
Los Gobiernos europeos ultraconservadores podrían optar por no cumplir las políticas del Pacto Verde. Aunque la UE dispone de instrumentos para encauzar a los que se salgan del redil, éstos son limitados. Ante tal tesitura, el experto de Bruegel aboga por una estrategia europea de inversión verde. En realidad, no es una idea nueva. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, lleva meses abogando por un instrumento de deuda conjunta, similar al plan de Recuperación, para financiar las inversiones verde y digital por valor de 620.000 millones anuales hasta 2030.
El contexto de la guerra de Ucrania, el alza de la inflación y la salida de cereal de Kiev han azuzado unas revueltas agrícolas en toda Europa que encontraron como respuesta una relajación en los objetivos de sostenibilidad de la Política Agraria Común (PAC). Si bien tales movilizaciones son más contextuales que vinculadas a la extrema derecha, apunta Rubio, un cambio en la composición del Parlamento Europeo acentuaría una PAC más productivista, en detrimento de una más ecológica.
Socios comerciales
Vertebrada a través del Pacto Verde, la competitividad industrial será el gran pilar económico de la próxima legislatura. La estrategia pivota sobre una mayor integración del mercado único pero también sobre las tecnologías limpias para no perder la carrera con Estados Unidos y China. Pocos meses después de que la UE tachara el amplio paquete de subsidios de la Ley de Reducción de la Inflación estadounidense de proteccionismo, Bruselas desplegaba contra China una investigación por los subsidios de los dota a su industria de vehículos eléctricos.
El movimiento, tachado, en paralelo, de "fragrante proteccionismo" por el Gobierno de Xi Jinping sería el primer paso de varios que empezaría a dar Bruselas contra lo que ha considerado prácticas comerciales desleales del gigante asiático, con subsiguientes investigaciones a proveedores eólicos o de material sanitario chinos. Mientras, Pekín respondía, al tiempo, con herramientas similares contra los coches de lujo europeos, el coñac francés y la carne de cerdo.
Ponía los cimientos de lo que estaría por venir la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al llamar a "reducir riesgos con China pero no desacoplarse" de su economía. Poco peso tuvo, en tal mensaje, que Pekín sea el principal socio comercial de Alemania. Tampoco las repercusiones que pudiera tener para el sector automovilístico germano, con prolíficos centros de producción en el gigante asiático. Y se diluye esa influencia que previos cancilleres hubieran tenido sobre tales decisiones.
Crece la presión para salvar la industria automovilística europea y el auge de los partidos populistas y nacionalistas en toda Europa no hará sino intensificar tal empuje. Bruselas anunció esta semana su intención de aplicar un arancel adicional de hasta el 38% a los vehículos eléctricos importados de China y el Ejecutivo de Xi Jinping le replicó que debe marcha atrás, no sin antes tildar la medida de "infundada y proteccionista".
Lo que fue una resolución de Bruselas sin margen de maniobra por parte de Scholz se tradujo en un malestar del electorado que se desplazó a las urnas el pasado domingo. No solo es que los socialistas quedaran como tercera fuerza, sino que la extrema derecha germana, Alternativa por Alemania, escaló hasta convertirse en la segunda formación más votada.
La debilidad alemana y una mayor participación de las fuerzas ultraconservadoras dejan la puerta abierta a que los aranceles anunciados esta semana no sean la excepción sino la norma. La UE podría tensar la relación con socios comerciales como China al transitar otras derivas proteccionistas en nombre de esa autonomía estratégica que tanto ansía.
Migración
La política del miedo contra la inmigración ha sido estandarte de la extrema derecha. El Pacto de Migración y Asilo fue uno de los grandes hitos de la pasada legislatura, por lo que una bancada ultraderechista más amplia en el hemiciclo no tendría por qué endurecer a partir de ahora la política migratoria de la UE. No obstante, lo que quedaría por ver es si los países lo aplicarán a partir de su entrada en vigor en 2026.
Condicionará el devenir de la política migratoria el hecho de que Polonia y Hungría ya han manifestado su rechazo a aplicar el Pacto Migratorio precisamente por esa cláusula que establece que los países deben reubicar 30.000 personas al año y si se niegan, deberán pagar una multa de 20.000 euros. Como precedente, Hungría y Polonia, en 2015, no aplicaron las cuotas de reparto obligatorias. De hecho, esta misma semana el Tribunal de Justicia de la UE ha sancionado a Budapest con un millón de euros por día por tal incumplimiento.
Lo cierto es que la ultraderecha ya ha influenciado las políticas migratorias, obligando a conservadores y liberales a escorarse a posturas más extremas. La prioridad para la UE radicará, ahora, en fortalecer las fronteras, con más controles externos y más controles en países terceros, como los polémicos acuerdos de la pasada legislatura con Túnez y Egipto.
Se ha abierto, además, un nuevo paradigma. La primera ministra italiana ha firmado un acuerdo con Albania por el cual este país acoge a los solicitantes de asilo durante la tramitación del proceso. Es una fórmula tan controvertida que era inconcebible para la antigua Comisión Europea de Jean Claude Juncker. Si bien Reino Unido baraja instalar un proceso similar con Ruanda, se ha paralizado tras la oposición frontal por parte del Consejo de Europa y el Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo.
Tal senda podría coger alas después de que quince Estados miembro, liderados por el Gobierno socialdemócrata danés, hayan abogado por impulsar una fórmula similar a la de Meloni. La vía italiana podría institucionalizarse esos acuerdos con países terceros para deportar a los migrantes.
El empuje de fuerzas euroescépticas, como la de Geert Wilders al frente de Países Bajos, ultraconservadoras como la de Giorgia Meloni en el Ejecutivo italiano, el avance de la ultranacionalista Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia y la extrema derecha de Alternativa por Alemania supone dejar atrás una Europa en la que se antojaba impensable un escenario político con amplio respaldo para la derecha radical. Una crisis que la UE afrontará con una Francia y Alemania debilitadas.
Ampliación al este y presupuesto
El Parlamento Europeo tendrá mano sobre el próximo presupuesto comunitario, del 2027 a 2034. Cierto es que en las grandes negociaciones presupuestarias el Consejo de la UE, es decir los Veintisiete países, tiene un rol dominante pero la Eurocámara también tiene capacidad para influir. Un mayor peso de la extrema derecha podría propiciar un cambio en la composición del presupuesto europeo en favor de dotaciones para el control de fronteras y migración. La prevista ampliación de la UE hacia el este o la protección del Estado de Derecho son otros de los elementos que se pueden ver afectados por el cambio en la aritmética parlamentaria. No es ningún secreto que ciertos partidos de extrema derecha se oponen a un club comunitario con más socios. Aunque realmente las negociaciones son intergubernamentales.