Los ministerios de Economía y Trabajo vuelven a chocar con respecto al papel del Gobierno sobre las adquisiciones que puedan afectar a empresas españolas desde el exterior. Carlos Cuerpo descarta aplicar una nueva vuelta de tuerca a la ley antiopas con la intención de proteger a las compañías estratégicas españolas del asedio del capital extranjero. "La normativa actual que tiene España es muy equilibrada", defendió el titular de Economía el pasado jueves. Durante los últimos meses, la vicepresidenta segunda no ha dejado de tratar de influir en la política empresarial del Ejecutivo.
El último intento se produjo tras el anuncio de la opa hostil que BBVA presentó sobre banco Sabadell. Díaz alertó hace semanas del "riesgo sistémico" que la operación podrían tener sobre la economía. Las declaraciones no sentaron bien en el ministerio que dirige Cuerpo, a quién Pedro Sánchez encargó liderar la estrategia para tratar de frenar la operación. Sin embargo, la líder de Sumar no está dispuesta a ceder. Díaz envió en abril una carta al presidente del Gobierno y al ministerio de Economía en la que pidió la "paralización" de la opa de la energética Taqa de Abu Dabi sobre la española Naturgy. Es más, su grupo parlamentario llevó al Congreso -pocas semanas después- una propuesta para reformar la Sepi con la intención de utilizarla como instrumento para evitar casos de entrada de capital extranjero sobre empresas como Telefónica o la energética presidida por Francisco Reynés.
La iniciativa -una PNL- no contó con el apoyo de ningún grupo parlamentario. Es más, el PSOE -socio de Díaz en La Moncloa- rechazó el texto al considerar que la protección de la industria estratégica en España ya "está garantizada". La titular de Trabajo no contó con el apoyo de otros grupos parlamentarios, como el BNG, que durante el debate insistió en que la SEPI ya permite la intervención en empresas estratégicas, que demanda Sumar. La soledad de Sumar No obstante, a pesar de la soledad e Díaz, su ofensiva podría afectar alos planes trazados por el ministerio de Economía.
Cuerpo considera que la presión que la vicepresidenta lleva meses ejerciendo sobre los movimientos empresariales, puede frenar la llega de inversión extranjera a España en un momento clave para el crecimiento sostenido del PIB. "Queremos que venga inversión extranjera a España, somos uno de los cuatro principales países en atracción de nuevos proyectos de inversión entre 2018 y 2023, y queremos que esto siga así", dijo el ministro, preguntado a finales de la pasada semana sobre la ofensiva de la de Sumar.
Lo cierto, es que la inversión extranjera en España alcanzó los 28.215 millones de euros el año pasado, según los datos publicados por el Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio. En concreto, destaca el aumento del 12% de los proyectos de inversión dirigidos a aumentar la capacidad productiva y el empleo en España. Según los datos del Ejecutivo, estas operaciones permitieron la llegada de 5.680 millones de euros. Es más, los dos principales orígenes de la inversión extranjera, proceden desde fuera de la Unión Europea. EEUU representó el 28,9% de los flujos de inversión el año pasado. Por su parte, Reino Unido supuso el 13,1%.
Además -según los datos de la secretaría de Estado- otros países, como Australia, Suiza, Canadá y México incrementaron su peso en España en 2023.Sin embargo, y a pesar del equilibrio perseguido por Cuerpo entre protección y atración de la inversión, Díaz no parece dispuesta a soltar la bandera. En su programa electoral para las elecciones europeas celebradas ayer, la formación propone una medida temporal que permita que las inversiones realizadas por los países miembros destinadas a apuntalar objetivos estratégicos, no computen como déficit público en las reglas europeas.El documento cita a dos sectores concretos, la transición ecológica, y el digital. En ellos, se integran Naturgy y Telefónica, dos de las compañías asediadas por fondos extranjeros, sobre las que Moncloa ha intervenido.
