Madrid
A pesar de la legislación de la Unión Europea, un informe de Finance Watch titulado "Superando barreras para acceder a cuentas de pago básicas" revela que los consumidores vulnerables siguen encontrando dificultades para acceder a una cuenta bancaria básica. Esta situación, que afecta especialmente a grupos como las personas mayores, los inmigrantes y las personas con bajos ingresos, les excluye de la participación plena en la sociedad digital y dificulta su acceso a servicios esenciales.
El informe destaca que, en Rumanía, alrededor del 30% de la población mayor de 15 años no tenía una cuenta bancaria en 2021, mientras que en Bulgaria y Hungría la cifra oscilaba entre el 12% y el 16%. Estas cifras contrastan con la media de la UE, donde la tasa de no bancarización se sitúa en torno al 1%. El informe no da datos sobre esta tasa en España, pero sí sabemos que alrededor de 700.000 adultos aún carecen de este servicio, según The Global Findex Database. Además, el informe del Banco Mundial destaca que un porcentaje significativo de personas en todo el mundo carece de acceso a servicios financieros formales, y que el 75% no posee una cuenta bancaria. Sin embargo, en España, el 98% de los adultos son titulares de una cuenta bancaria, una cifra que se ha mantenido estable durante más de una década. Este porcentaje solo es superado en Europa por Alemania y el Reino Unido, donde la cobertura es total.
No obstante, el aumento de los ciudadanos vulnerables en la UE es motivo de preocupación. Las consecuencias de la pandemia sanitaria y las crisis económicas han exacerbado la situación, con un creciente número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. En 2022, el 21,6% de la población de la UE, que equivale a 95,3 millones de personas, se encontraba en esta categoría. En España, esta cifra se situaba en el 26%.
La Directiva de Cuentas de Pago, introducida en 2014, tenía como objetivo garantizar el acceso universal a una cuenta bancaria básica. Sin embargo, el informe de Finance Watch denuncia que la implementación de esta directiva ha sido deficiente en muchos Estados miembros, lo que ha dado lugar a la persistencia de barreras significativas para los consumidores vulnerables.
En España, la cuenta de pago básica puede considerarse asequible. La tarifa para éstas está regulada a nivel nacional en 36 euros/año, y es gratuita si los ingresos brutos del hogar del consumidor son inferiores a 25.200 euros/año, lo cual es razonable considerando los niveles de ingresos nacionales en España.
Además, las entidades de crédito solicitan un contrato de trabajo en el 27% de los casos, un permiso de residencia en el 13% de los casos, un comprobante de domicilio en el 53% de los casos y un número de teléfono o una dirección en el 54% de los casos. Esta dirección puede estar fuera de España, sin embargo, en este caso, el consumidor debe demostrar que es residente fiscal en España o proporcionar pruebas de que vive en España durante al menos 180 días al año. A los refugiados se les pide que proporcionen un pasaporte, la tarjeta roja, el recibo de presentación de la solicitud de protección internacional y una dirección.
En cambio, en Alemania, el precio constituye una barrera de acceso para los consumidores vulnerables, las tarifas oscilan entre 58.80 euros/año y 143.40 euros/año en diferentes entidades financieras. Además, en Alemania, a diferencia de España, no existen esquemas de precios especiales en función del nivel de vulnerabilidad del consumidor. En el caso del país teutón, las entidades de crédito solicitan un permiso de residencia en el 80% de los casos, y un contrato de trabajo y comprobantes de pago en el 13% de los casos. Siempre solicitan un número de teléfono o una dirección.
Otros países que se nombran en el estudio son Dinamarca cuyo precio es de 13 euros y en Finlandia de 10 euros.
Las principales barreras
Las cuentas básicas en algunos países no son gratuitas, como exige la Directiva, y las comisiones asociadas pueden ser prohibitivas para las personas con bajos ingresos. Además, muchos consumidores vulnerables no son conscientes de su derecho a una cuenta básica o no saben cómo acceder a ella. Los bancos a menudo exigen una amplia documentación y verificaciones de identidad, lo que puede ser un obstáculo para las personas sin domicilio fijo o con documentos de identidad irregulares. En algunas zonas rurales o remotas, el acceso a una sucursal bancaria puede ser limitado o inexistente. Estos factores contribuyen a crear barreras significativas para que los consumidores vulnerables puedan acceder a servicios financieros básicos.
La baja inclusión financiera en Rumanía se atribuye, en parte, al elevado nivel de economía sumergida, que representaba el 24% del PIB en 2021, según la Asociación Bancaria Rumana (ARB). Esta cifra sitúa a Rumanía como el séptimo país con el valor más alto de economía sumergida en la Unión Europea.
Por otro lado, la Organización Europea del Consumo (BEUC) tiene una perspectiva diferente, quien indica que la disminución de la oferta de sucursales bancarias y servicios de caja está dificultando el acceso a servicios bancarios básicos. Además, señalan que el precio de las cuentas bancarias básicas es muy elevado en comparación con las cuentas bancarias normales en muchos países.
La economía sumergida en Rumanía
Según un estudio realizado por el Departamento de políticas económicas, científicas y de calidad de vida, a solicitud de un comité del Parlamento Europeo, se estima que la economía sumergida de Rumania en 2023 representaba alrededor del 29% del PIB oficial, lo que la sitúa entre las más grandes de Europa después de las de Bulgaria (33,1%) y Croacia (29,7%). Se cree que los principales impulsores detrás de este crecimiento a partir de 2020 son indicadores macroeconómicos como la tasa de desempleo y el PIB per cápita. El gran gasto público en infraestructura, las subvenciones a empresas y las transferencias especiales a individuos, que han llevado a un aumento considerable del PIB, combinado con una disminución del desempleo, se espera que ayuden a reducir el tamaño de la economía subterránea en la mayoría de los países europeos y de la OCDE en los próximos años.
Por otro lado, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), seis de cada diez trabajadores operan actualmente fuera de la ley, la mayoría de ellos en economías en desarrollo y emergentes. Según el informe, los hijos de trabajadores informales "heredan su vulnerabilidad" y es probable que sigan los mismos pasos. Solo fortaleciendo las protecciones sociales e implementando políticas de desarrollo de habilidades se puede romper este círculo vicioso, según la OCDE. El documento titulado "Romper los círculos viciosos del empleo informal y el trabajo mal remunerado", advierte que los trabajadores informales representan el 60% de la fuerza laboral mundial.
¿Cómo mejorar la situación?
Se proponen varias medidas para abordar los desafíos identificados. Primero, establecer un marco legal más estricto que incluya requisitos mínimos más rigurosos, como la gratuidad y la transparencia de las comisiones para las cuentas básicas. Además, se busca mejorar las campañas de información para concienciar a los consumidores vulnerables sobre sus derechos y cómo acceder a una cuenta básica, responsabilidad que recae en las autoridades nacionales. Asimismo, se pretende simplificar los procedimientos de apertura de cuentas bancarias, flexibilizando la documentación requerida por parte de los bancos. Por último, se propone promover la banca móvil y digital para facilitar el acceso a los servicios financieros en áreas remotas o para personas con movilidad reducida, mediante acciones dirigidas por las autoridades pertinentes. Estas medidas tienen como objetivo abordar las barreras actuales y mejorar la inclusión financiera de los ciudadanos vulnerables en la Unión Europea.
