Barcelona
La Generalitat de Cataluña afronta la mayor convocatoria de empleo público de su historia. Fruto de los sucesivos retrasos del Govern, que en los últimos años ha dirigido ERC en solitario, la Administración autonómica está obligada a convocar más de 34.000 plazas antes de final de año para tratar de reducir la temporalidad en la función pública hasta el 8%.
Tiene sobre la mesa el mandato emanado de la ley 20/2021, que impone este porcentaje a todas las Administraciones, también los ayuntamientos, al cierre de 2024. "Nunca antes se habían sacado a la vez tantas plazas. Será todo un reto organizativo, aún más a la vista de la situación política que atraviesa Cataluña", apuntan fuentes sindicales.
El Ejecutivo catalán acumula cuatro ofertas de empleo público sin ejecutar, correspondientes a los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024. En total, suman 34.312 plazas, que ahora mismo están ocupadas por trabajadores temporales. Si bien es cierto que en las oposiciones en marcha de profesores y sanitarios se incluye parte de las tasas de reposición pendientes desde 2018.
La superconvocatoria que debe lanzarse antes de que acabe el año se reparte entre las grandes familias laborales de la Generalitat: el personal estatutario (así se denomina en la jerga funcionarial a la plantilla del Instituto Catalán de la Salud, que incluye a los sanitarios), los profesores, los Mossos d'Esquadra, los bomberos, los agentes rurales, los funcionarios de prisiones y el personal de administración y servicios. Destaca la reserva de puestos para sanitarios y docentes, que aglutina el 69% de la oferta del último cuatrienio. En segundo lugar se halla la policía autonómica y, a continuación, los técnicos de los departamentos.
Proceso de estabilización
La tardanza del Govern se explica fundamentalmente por la focalización en la estabilización de los interinos que se incorporaron a la Administración antes de 2016. Este proceso, incoado tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha regularizado la situación de aquellos empleados que habían accedido a su puesto a través de un proceso de selección aunque sin superar una oposición y que, desde entonces, habían ido acumulando años de antigüedad sin modificar su situación personal. El proceso toca a su fin este primer semestre y supondrá la conversión de la mayoría de interinos en funcionarios. "El retraso se debe clarísimamente a la necesidad de estabilizar a estos 48.000 trabajadores", resume otro delegado sindical.
Este proceso también ha favorecido la reducción de la tasa de temporalidad, pero lo ha hecho siguiendo unos cauces extraordinarios al margen de una convocatoria ordinaria de empleo público. "Las Administraciones autonómicas vienen de un sistema sin engrasar. Tan solo la Administración General del Estado va a ser capaz de cerrar el año con el 8%. En la mayoría de comunidades no se va a alcanzar este objetivo y en otras irá muy justito", tercia otro sindicalista.
Aunque la ley de 2021 fijó nítidamente un calendario de actuación, las fuentes consultadas consideran que la Generalitat podría dar cumplimiento al mismo si como mínimo lanzase la oferta pública de empleo este año aunque se resolviera en 2025. De esta forma se cubriría las espaldas frente a posibles acciones judiciales. Sea como sea, el tiempo apremia. Máxime porque hay otro factor que entra en juego en la continuidad de los temporales: el llamado decreto Iceta. Esta norma, aprobada en julio de 2021, prohíbe que los trabajadores públicos estén más de tres años en la misma plaza encadenando contratos. Luego, dentro de dos meses la Generalitat empezará a rescindir los contratos de aquellos que llevan en el mismo puesto desde julio de 2021.
Retrasos generalizados
Cataluña no es la única autonomía que llega tarde en el objetivo de reducir la temporalidad. La tasa de temporalidad en el sector público rozó el 30% a cierre de 2023, impulsada por la elevada eventualidad en comunidades autónomas y ayuntamientos, que concentran a nueve de cada diez trabajadores públicos con empleo temporal. A nivel comparado, España es el segundo país europeo con una mayor tasa de temporalidad (18,1%), según los datos de Eurostat.
De ahí que aunque haya voces esperanzadas sobre la posibilidad de alcanzar el 8% de temporales en la Generalitat, otros sacan cuentas más pesimistas: "Cataluña tiene unos 190.000 empleados en la Administración autonómica. Si queremos estar por debajo del 8%, el tope de temporales debería ser de 15.200 y no 34.000, como las plazas que se van a sacar. Se ha hecho una política expansiva de personal en estos años que nos coloca muy por encima".