Economía

El Gobierno busca regularizar a 500.000 inmigrantes que residen en España

  • Todos los grupos parlamentarios, menos Vox, a favor de tramitar la ILP para regularizar a medio millón de migrantes
  • Hasta 800 ONG se unieron en el proyecto 'Esenciales' para reclamar una regularización extraordinaria
El Congreso tramitará la ILP de regularización extraordinaria de extranjeros con el voto a favor de todos los grupos menos Vox.
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El pleno del Congreso da luz verde a la tramitación de la ILP para la regularización de cerca de 500.000 personas migrantes que residen en España. La propuesta, que ha contado con el apoyo de 611.821 firmas, ha sido tomada en consideración gracias al respaldo del PSOE y sus socios parlamentarios. La ILP busca regularizar a aquellos que puedan acreditar una residencia continuada en España de al menos dos años, así como un contrato de trabajo en vigor o la demostración de arraigo social.

La aprobación supone iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

La iniciativa solicita una regularización extraordinaria para aquellos que ya viven y trabajan en España, debido a que los criterios de acceso a la residencia son muy restrictivos y difíciles de cumplir, y el procedimiento administrativo es lento, burocrático y con un alto nivel de discrecionalidad en la concesión de autorizaciones o su renovación. Esta iniciativa contaba desde el inicio con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, mientras que PP y Vox, se manifestaron en contra y el PSOE insistía durante los debates parlamentarios en que la legislación europea no permite este tipo de procesos.

No obstante, el debate se ha desarrollado con normalidad a excepción del voto en contra del partido de Santiago Abascal. La diputada de Vox Rocío De Meer, ha indicado que su formación está en contra de la ILP. "Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común", ha asegurado para añadir que la ILP es "efecto llamada".

Por su parte, Sofía Acedo, del Grupo Parlamentario Popular, ha avanzado que pondrán al Gobierno "frente al espejo" y que, por ello, darán salida a esta toma en consideración, "para que se aborde con responsabilidad". En este punto, ha indicado que Cáritas y otras entidades "que cuidan y trabajan con los inmigrantes" han pedido a la formación que aborde esta cuestión.

La socialista Elisa Garrido ha trasladado que el PSOE vota a favor de la ILP por el "respeto" que merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa y porque creen que necesario "seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración".

Gala Pin, de Sumar, ha pedido la regularización de las personas extranjeras "por justicia social, porque ninguna persona es ilegal". Además, ha subrayado que, la ILP "es un mandato" y "el Gobierno tiene que llevarlo a cabo". "Por eso, esperamos que mañana a más tardar se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados y que tienen competencias, para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de este mandato", ha añadido.

Por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego ha recalcado la "inmensa carga de humanidad y de decencia" de la iniciativa. En este sentido, ha expuesto que "frente al discurso xenófobo, racista y parafascista de la ultraderecha", a su juicio, "tiene que imponerse la justicia, la decencia y la humanidad".

Asimismo, Javier Sánchez, por Unidas Podemos, ha señalado que la votación de esta iniciativa "va de democracia" y ha pedido a los diputados del PP, que "si no son lo suficientemente humanos para que esto les afecte, sean interesados".

Igualmente, por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Mikel Legarda ha apuntado que consideran que debe "reorientarse" a una regularización extraordinaria "caso a caso" por motivos humanitaios, como regrupaciones familiares o vinculada a razones económicas y demográficas en combinación con los derechos de los inmigrantes.

Por EH Bildu, Jon Iñarritu ha animado a las formaciones a que se impulse "rápido" en las comisiones para que sea aprobada "cuanto antes", y que "se den papeles para todos y para todas".

Por su parte, Josep Maria Cervera Pinart ha avanzado "que en los próximos pasos de su tramitación podrán hacer las aportaciones oportunas".

Asimismo, Jordi Salvador, de ERC, ha pedido que se tome "seriamente" esta ILP, porque se está "jugando" con la vida de más de 600.000 personas. "Una regulación de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión de justicia, humanidad y también de pragmatismo", ha señalado.

Seis meses para un Real Decreto

El texto otorga al Gobierno un plazo de seis meses para aprobar un real decreto que establezca el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que estén en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Los promotores argumentan que sin esta regularización se vulneran los derechos fundamentales de estos individuos y se les impide contribuir económicamente a la sociedad. La aprobación supone iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.

El histórico de los procesos de regularización

En España, se han realizado seis procesos de regularización extraordinaria para migrantes, según ha recordado Legalteam en declaraciones a Europa Press. La primera de estas regularizaciones tuvo lugar entre 1991 y 1992, durante el Gobierno socialista, beneficiando a un total de 108.321 personas. Posteriormente, en 1996, con el Partido Popular en el poder, se llevó a cabo otro proceso extraordinario mediante el cual 21.294 inmigrantes obtuvieron la regularización de un total de 25.128 solicitudes recibidas.

En el año 2000, se registraron 244.327 solicitudes para la regularización extraordinaria, de las cuales 163.352 fueron aprobadas y los solicitantes obtuvieron la documentación necesaria.

La regularización de 2001 fue denominada "regularización por arraigo" y benefició a 239.174 inmigrantes, de los más de 350.000 que habían realizado la solicitud.

El último proceso de regularización extraordinaria se llevó a cabo hace casi 20 años, en 2005, durante el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esta ocasión, más de medio millón de migrantes obtuvieron la documentación necesaria para regularizar su situación en el país.

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