La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres funcionarios de oficinas de empleo por su implicación en un caso de fraude con la capitalización de la prestación por desempleo. Uno de ellos es un funcionario del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) y otros dos de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, aunque no son los únicos, ya que colaboraban con una auténtica red cuyas actividades pueden haber costado millones de euros al erario público.
Según han confirmado a elEconomista.es en fuentes de la investigación, las actuaciones están bajo secreto de sumario y se centran en determinar la cuantía y el alcance de este fraude "millonario" con el que colaboraban los trabajadores públicos de los organismos estatal y autonómico. En esta investigación han colaborado activamente tanto el propio SEPE como la Inspección de Trabajo.
Según las mismas fuentes de la investigación, el seguimiento de los ahora sospechosos ha durado más de un año y se inició al detectar que varios solicitantes, en su mayoría extranjeros, presentaban facturas y documentación idénticas.
El fraude se aprovechaba de la capitalización o pago único de la prestación por desempleo, una figura que permite destinar este importe para establecerse como autónomo, socio de cooperativa o sociedad laboral o realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva creación.
Los requisitos de documentación son amplios para demostrar que se está ante un caso de emprendimiento real y aquí es donde la complicidad de los funcionarios parece imprescindible para sortear los controles, si bien no ha sido suficiente para que finalmente fueran descubiertos.
