Bruselas
La UE afronta un nuevo bloqueo. En este caso a la norma que pretende que las compañías eliminen el impacto negativo sobre los derechos humanos y el medioambiente en su cadena de suministro. Alemania, Francia e Italia han rechazado la normativa de sostenibilidad empresarial que obligaría a las multinacionales a controlar que sus proveedores cumplen con los derechos humanos y la protección del medioambiente.
Dan así un paso atrás en el acuerdo alcanzado el pasado diciembre entre los Veintisiete, bajo la presidencia española del Consejo de la UE, y la Eurocámara. La ley, propuesta por la Comisión Europea, incluía multas del 5% de su facturación mundial para aquellas multinacionales que no cumplieran con los estándares de protección medioambiental y de condiciones de trabajo, en un intento de luchar contra la explotación infantil, la deforestación o la contaminación.
"El compromiso final del texto de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial fue presentada para su aprobación por los embajadores", ha explicado la presidencia belga del Consejo de la UE, en una publicación en X, antigua Twitter. "Pese a los esfuerzos de la presidencia, no se ha conseguido el apoyo necesario".
Es así que la presidencia belga intentará abordar "las preocupaciones presentadas por los Estados miembro, con el Parlamento Europeo", ha añadido en su publicación en la red social. La norma se ha topado con el rechazo de Alemania, que considera que esta ley supone sumar cargas administrativas adicionales para las empresas europeas, justo en un momento en el que se busca reducir las trabas burocráticas, como ponen sobre la mesa las demandas del sector agrícola en las manifestaciones de las últimas semanas.
La normativa añade presión a las multinacionales europeas cuya cadena de suministro se apoya en terceros países. Una condición que desde algunos sectores consideran que podría en juego la competitividad empresarial de la UE. Se aplicaría a las firmas de más de 500 empleados con un volumen de negocio mundial superior a los 150 millones de euros. La ley afectarían directamente a firmas del sector de la moda, agricultura, construcción o extracción de minerales al ser consideradas de alto riesgo. En este caso, se rebajan los estándares que se aplican a estas empresas: a 250 empleados y 40 millones de euros de facturación mundial.
La normativa requería de mayoría cualificada para salir adelante, por lo que, en lo que queda de legislatura, Bélgica tratará de acercar posturas para cerrar un acuerdo antes de las elecciones europeas. La ley pretende responsabilizar a las empresas de las actividades empresariales de sus proveedores para reducir las condiciones de explotación de países en vías de desarrollo, los más vulnerables a prácticas como explotación laboral, contaminación de ecosistemas o deforestación.
