¿Una concentración de amantes del camping? ¿Un golpe publicitario de una popular cadena de material deportivo? No, las tiendas de campaña -más de 200 y todas de la misma marca- que desde mediados de diciembre se alineaban a lo largo del parisino canal Saint-Martin respondían a una espectacular iniciativa de los Hijos de Don Quijote, un colectivo independiente hasta ahora desconocido.
Sus miembros pretendían llamar la atención sobre el creciente número de personas sin domicilio fijo, pero en apenas tres semanas también han conseguido incluir la crisis de la vivienda entre los temas insoslayables de la campaña electoral francesa.
La vivienda, un derecho exigible
El campamento, instalado en el corazón de uno de los barrios burgueses bohemios de París, abochornó a las autoridades en vísperas de la Navidad y el Gobierno empezó ofreciendo 70 millones de euros y 10.500 nuevas plazas en albergues a finales de 2007 para enterrar un problema que ahora, en plena recta final para las elecciones, no puede obviarse.
Pero no fue suficiente. Ante la simpatía que la movilización despertó en la opinión pública, el primer ministro, Dominique de Villepin, ha accedido además esta semana a una vieja demanda de las asociaciones que se ocupan de los sin techo: impulsar, antes de que termine la legislatura, un proyecto de ley que reconozca la vivienda como un derecho exigible ante los tribunales administrativos, igual que la educación y la sanidad.
¿Y como se hará eso?
Por el momento, sólo Escocia reconoce un derecho a la vivienda en los mismos términos. Los detalles del texto francés no se conocerán hasta el 17 de febrero, pero Villepin ha adelantado ya que su aplicación será progresiva. Hacia finales de 2008 podrán invocarlo ante los jueces las personas sin domicilio fijo, los trabajadores más pobres y las mujeres solas con hijos; y a partir de 2012 se ampliará a todas las personas que vivan en lugares insalubres o considerados indignos. El Estado no sólo tendrá la obligación de encontrarles una vivienda decente, sino que se expondrá a sanciones económicas si la incumple.
A nadie se le escapa que la inminencia de elecciones presidenciales y legislativas no es ajena a la respuesta del Gobierno, hasta ahora poco conmovido por la suerte de los 86.500 sin techo que malviven en las calles de Francia, según cifras de 2006 de la Fundación Abbé Pierre, la más activa en esta causa. Sin embargo, promoviendo una medida social como el derecho a la vivienda exigible ante los tribunales, Villepin no sólo come terreno a la oposición socialista, sino tambien al propio candidato de la derecha, Nicolas Sarkozy, quien ya abogaba por ello pero sólo para las personas en activo o los jubilados.
Al borde de una grave crisis social
En la práctica, el recurso a la justicia no resolverá un problema que Francia arrastra desde hace casi un cuarto de siglo, sin que los gobiernos, de izquierda o de derecha, hayan puesto los medios necesarios para resolverlo. La Fundación Abbé Pierre alerta de una crisis de la vivienda que no sólo afecta a poblaciones marginales, sino que se extiende "a las clases medias, a las familias numerosas, a los jóvenes y a los trabajadores pobres", convirtiéndose en una "crisis social".
Esta crisis se caracteriza por una penuria de la oferta que dispara los precios a niveles prohibitivos. La Fundación ha calculado que el déficit acumulado de viviendas en el último cuarto de siglo asciende a 900.000 y que habría que construir entre 350.00 y 360.000 cada año simplemente para satisfacer las nuevas demandas. Aunque en los últimos años se han batido récords de construcción de viviendas nuevas -por encima de las 400.000- menos de 100.000 son viviendas sociales e incluso éstas están fuera del alcance de las familias con menos ingresos.
Resultado: 3,2 millones de personas, sobre una población total del país de unos 60 millones de habitantes, carecen de un domicilio personal (viven en pensiones, campings, construcciones provisionales), sin ducha, baño o WC, o hacinadas en pocos metros cuadrados. Otros cinco millones se encuentran amenazadas a corto o medio plazo, entre las que figuran 800.000 que se alojan gracias a la caridad de familiares o amigos. En las listas de espera para una vivienda social hay más de un millón de personas en estos momentos.
Triste balance para el país que se proclama la patria de los derechos humanos. Y sin embargo, por una vez, no es exclusivamente un problema de dinero. El Estado cuenta con un instrumento de financiación único, los 117.000 millones de euros depositados en la Libreta A, una cartilla de ahorro que posee casi todo francés y cuyos fondos son administrados por la Caisse de Depôts et Consignations. Su obligación es financiar la construcción de viviendas sociales, pero sólo una parte se dedica verdaderamente a ello y el resto, a invertir en empresas según las instrucciones del Gobierno y sus intereses.
