El uso del dinero en efectivo sigue siendo muy potente en nuestro país a pesar del claro auge de los métodos de pago electrónicos o sin contacto. Sin embargo, a este dinero se le está sometiendo a un control creciente por parte de las autoridades y eso afecta a todos los sectores de la población, incluidos los autónomos.
En el caso de los trabajadores por cuenta propia, el principal problema es que ciertas partes de su actividad son compatibles con lo que Hacienda tipifica como situaciones más susceptibles de riesgo de economía sumergida, es decir, de pagos en 'B'. La Agencia Tributaria no les señala de ninguna manera, pero sus delimitaciones sí les afectan.
En el punto de mira de Hacienda, que los pagos en efectivo se realicen de acuerdo con la ley (en 2021 se redujo el límite de pagos de 2.500 a 1.000 euros) y luchar por la trazabilidad de ese dinero.
Con esto como telón de fondo, se entiende mejor el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. A falta de la edición de 2024, sigue vigente la de 2023 (puede consultarlo en este enlace), que establece la especial vigilancia de Hacienda a los "sectores y modelos de negocio en los que se aprecie alto riesgo de existencia de economía sumergida".
La justificación de la Agencia Tributaria es que en ellos se produce una tendencia al "uso intensivo de efectivo o al empleo de métodos electrónicos de pago radicados en el extranjero y no sujetos, de hecho o de derecho, a las obligaciones de suministro de información".
Los sectores más vigilados por Hacienda por el uso de dinero en efectivo
¿Y cuáles son esos sectores? A diferencia de lo sucedido en otros años, en la edición de 2023, la Agencia Tributaria sí pone nombres a esos sectores más 'señalados': "El sector de la construcción inmobiliaria, especialmente en lo que se refiere a la rehabilitación y reformas".
De ambos sectores destaca varias coincidencias la Agencia Tributaria:
- No admiten pagos con tarjeta.
- Las rentas de estos negocios proceden de la entrega de bienes o prestaciones de servicios al cliente final.
- Los empresarios del sector pueden presentar signos externos de riqueza, de patrimonio, de rentabilidad o información financiera que sean incoherentes o inconsistentes con las rentas declaradas.
