Llega el turno de la ley de familias. La norma que ampliará los permisos para cuidados y por nacimiento de hijos iniciará su trámite en las próximas semanas y el ministro de Derechos Sociales que la hereda, Pablo Bustinduy, ha avanzado que trabajará para ampliar la deducción por maternidad desde los tres años actuales hasta los seis del menor "ampliando su cobertura".
Su intención es dar comienzo a la tramitación este mismo mes para sacar adelante lo antes posible una norma que decayó el año pasado de la mano de la exministra Ione Belarra por la convocatoria electoral. El punto de partida será el texto base de la legislatura anterior para agilizar los tiempos, e irá tomando forma mediante las enmiendas con los grupos parlamentarios con las que podrán "ampliarlo e incorporar toda una serie de medidas adicionales" presentes en el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar.
En una entrevista a Servimedia, Bustinduy adelantó una cuestión hasta ahora en la sombra de otras ventajas para las familias que conllevará la nueva ley, como los nuevos permisos para cuidados. Sin embargo, el Ministerio también quiere duplicar el periodo de tiempo e para beneficiarse de la deducción por maternidad desde los tres hasta los seis años del menor "ampliando su cobertura".
La actual deducción en el IRPF se activó en 2015 y reporta hasta 1.200 euros al año por cada hijo menor de tres años. Este beneficio fue ampliado en 2018 con la posibilidad de desgravarse otros 1.000 euros más por gastos de guardería. En cuanto los beneficiarios, la deducción va destinada a las madres (desde este año incluidas aquellas que estuvieran en paro en el momento de dar a luz o no hubieran cotizado un mínimo de 30 días), pero también pueden acceder a la misma el padre si fuera viudo, si tuviera la custodia exclusiva del menor o en el caso de parejas del mismo sexo.
En este sentido, la norma buscará también "extender de manera estructural" la renta crianza de 100 euros al mes a las familias con hijos hasta los tres años. "Es un objetivo inmediato, parcial, insuficiente, pero necesario", apuntó Bustinduy, que remarcó como prioritario y de "absoluta necesidad" la adopción de una prestación universal por crianza para poner fin a "la excepción incomprensible en Europa de que España no tenga prestación de estas características".
La conciliación, una de las grandes patas de la norma
Uno de los focos de la norma se concentra en la conciliación. En lo que atañe a la maternidad y paternidad está sobre la mesa la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. Sin embargo, a la espera de si se da luz verde a esas cuatro semanas más de permiso, uno de los elementos centrales y más conocidos que ya es una realidad son los tres nuevos permisos de cuidados que se aprobaron en el marco de un decreto de medidas anticrisis el pasado junio después de decaer la tramitación por la convocatoria de elecciones generales.
Se trata del permiso de cinco días por accidente, enfermedad u hospitalización, del permiso por horas de hasta cuatro días "por causa de fuerza mayor" y del de ocho semanas de permiso para padres y madres hasta los ocho años del menor. Si bien ya están en vigor, sobre este último queda desarrollo pendiente. Mientras los primeros son y están retribuidos, los padres que se estén acogiendo ya al de ocho semanas dejan de cobrar el sueldo correspondiente a los días de ausencia. La intención del Gobierno es rertibuirlo de forma progresiva, empezando por cubrir de inicio la mitad, cuatro semanas.
Lucha una buena partida de los PGE
Como piedra angular del nuevo reglamenteo apuntó "establecer que todas las familias tienen igualdad de derechos" para garantizar la protección jurídica a todo los tipos de hogares que definen la sociedad actual: "Va a acabar con esa idea de que existen unas familias normales y otras que no lo son".
El texto redactado durante la gestión de Belarra identificaba hasta 16 tipos diferentes de familias, entre ellas la LGTBI homomarental y homoparental, las familias jóvenes (menores de 29 años), las que cuentan con algún miembro con discapacidad, las vulnerables, las monomarentales o monoparentales, las casadas, las múltiples (nacimientos, acogidas o adopciones múltiples), las interculturales o las transnacionales. Además, la norma implicará "una gran equiparación de derechos" entre parejas de hecho y matrimonios "convencionales".
El margen de desarrollo de la norma dependerá de la partida que reciba el Ministerio de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según Bustinduy es una ley urgente y prioritaria y asegura que "será un hito en la protección social en España".
