El Gobierno pondrá fin en esta legislatura a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. "Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria", ha recalcado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará "lo antes posible" al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según ha indicado el titular de Función Pública.
El fin de la cita previa obligatoria forma parte de un nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de Escrivá quiere impulsar en esta legislatura y donde se incluye también la reforma del portal web de la Administración Pública (www.administracion.gob.es) para organizarlo por hechos vitales y en cooperación con todas las administraciones públicas.
Durante su comparencia, Escrivá ha anunciado también que en el siguiente periodo de sesiones llevarán al Congreso de los Diputados una Ley de Ciberseguridad para reforzar la ciberresiliencia del sector público, aunque ha asegurado que la Administración "no está mal en términos de ciberseguridad". Esta "palanca" mejorará la capacidad de respuesta de la Administración Pública a la ciudadanía.
En esta línea, ha señalado que otra "palanca" será la creación de una Agencia de Administración Digital que funcione de catalizador para favorecer la innovación al servicio de la ciudadanía, robotizando tareas repetitivas y desarrollando tecnologías con una visión amplía de la Administración. Asimismo, ha anunciado la creación de una unidad operativa transversal capaz de hacer frente a los shocks externos, como una pandemia o la gestión de un plan de recuperación.
Fin a la tasa de reposición
El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública prevé poner fin a la tasa de reposición en la Administración en 2025 para recuperar la plantilla perdida en la última década y atraer nuevos perfiles profesionales, incluidos trabajadores procedentes del sector privado.En una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, ha presentado sus planes para transformar la administración pública, lo que pasa por impulsar las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial generativa, para prestar mejores servicios con una mayor evaluación de las políticas públicas y una plantilla reforzada.
El objetivo es incrementar la plantilla del sector público del Estado, que es todavía un 10% inferior a la de los años de la crisis financiera, una tensión que además va acompañada de un notable envejecimiento, ya que el 60% de los empleados de la Administración Central estará jubilado en 10 años. Para afrontar esta situación, el plan pasa por recuperar efectivos con la eliminación de la tasa de reposición -algo que no podría hacerse este año, pero sí plantearse para 2025- y distribuirlos en función de las necesidades de la cartera de bienes y servicios públicos en un entorno de mayor digitalización.
La tasa de reposición es la ratio que en función del número de bajas previas determina las personas que pueden acceder a un puesto en la administración pública. Durante los años de crisis, esta tasa llegó a caer al 10% elevándose en estos últimos ejercicios hasta para alcanzar el 110% como norma general en 2023. Acabar con esta tasa supone poder convocar plazas sin tener estos límites prefijados. "Es muy difícil defender esta tasa cuando hablamos de modernizar (...) necesitamos un nuevo modelo", ha incidido Escrivá.
El proceso requiere también buscar y retener perfiles escasos, lo que implica implementar itinerarios de carrera para motivarlos, así como ofrecer una segunda carrera profesional a empleados 'senior' del sector privado con capacidad para gestionar proyectos de gran envergadura. Escrivá ha señalado que confía en poder llegar a un acuerdo este año con los sindicatos de la función pública para poner en marcha estos nuevos planes en 2025. El ministro también ha apuntado la importancia de ir a un sistema de retribuciones variables "vinculado a la meritocracia y los resultados".
En definitiva, se trata de abandonar la rigidez del sistema actual y favorecer tanto la formación de los empleados públicos para progresar en su carrera como fomentar la autonomía de los directivos públicos con el desarrollo de un estatuto.
