La autobaja de tres días quiere ser, según Sanidad, un salvavidas para los médicos de familia ante el aumento de casos por virus respiratorios y la saturación de los centros sanitarios. Sin embargo, la medida que propone el Ministerio no es legal ya que carece de un encaje en la actual normativa laboral, según confirman los juristas consultados por elEconomista.es en los sindicatos. Además, indican que para su implantación haría falta una reforma de ley, además de modificar los convenios de las compañías.
En la actualidad, si un trabajador padece una enfermedad o tiene un accidente laboral y necesita una baja laboral debe ser conocedor de que los tres primeros días ni la empresa ni la Seguridad Social están obligados a abonar una cantidad económica. No obstante, es cierto que los convenios de muchas compañías "han ido mejorando a lo largo del tiempo y en algunas de ellas el empleado puede recibir, por ejemplo, la mitad de su base de cotización o su totalidad, dependiendo del caso", explica el Vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján. Asimismo, según estipula la ley, del cuarto al día 15 la empresa debe hacerse cargo de abonar al trabajador el 60% de su base de cotización, y a partir del día 16 hasta el 20 la Seguridad Social se responsabiliza de este porcentaje. Desde los 21 días en adelante el porcentaje que recibe sube al 75%.
Solo hay un requisito para que la empresa cumpla con su parte. Que el trabajador le entregue una baja laboral redactada por el respectivo profesional sanitario. " La pregunta es si se va a seguir pagando aunque el facultativo no haya realizado la baja y esta sea con una autodeclaración", recalca Fernando Luján. Y es que, en la actualidad si no acudes a tu puesto de trabajo y no entregas este documento es motivo de despido. "La repercusión que puede tener es que me despidan tras no acudir al trabajo tres días porque crean que voluntariamente me he cogido estos días", dice el secretario confederal de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de Comisiones Obreras, Mariano Sanz Lubeiro.
El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, también ha querido dar su opinión sobre la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García. Ha definido la medida como una iniciativa " a golpe de titular". "Las empresas tenemos derecho a que haya un control", afirma.
La autobaja que García dio a conocer a principios de esta semana, aún se encuentra en pañales. Por un lado, necesita el consenso de las autonomías para dar cuerpo a la medida; y por otro lado, necesita el apoyo del Ministerio de Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo. De hecho, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se ha mostrado partidario de seguir trabajando y dándole vueltas a las autobajas. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales como ambos sindicatos reprochan a Sanidad que no haya consultado con anterioridad con los agentes sociales.
Por otra parte, la baja sin justificante tendrá un impacto económico en las compañías. Un primer cálculo apunta a un coste de 2.274 euros por trabajador durante las 72 horas que puede estar el empleado de autobaja. Cabe subrayar que el cálculo se estima a partir de las cotizaciones a la Seguridad Social a las que tendrá que hacer frente la empresa y a la ausencia de productividad generada en los que el empleado no abonará cuotas.
En la otra cara de la moneda, los profesionales sanitarios sí ven con buenos ojos esta propuesta. Según explica Amyts, el sindicato de médicos, los doctores de cabecera reciben al día muchas visitas que duran muy poco tiempo y no necesitan valoración clínica porque la patología que presenta el paciente se puede resolver con medidas de autocuidado como por ejemplo, la automedicación responsable. Sin embargo, las personas acuden a su centro de salud porque necesitan facilitar a la empresa una baja laboral o un justificante. "Llevamos años demandando este tipo de trámites", afirman desde Amyts. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) también aplaude la medida e incluso indica que se reducirían un 20% las consultas en Atención Primaria.
La vuelta de la mascarilla
La baja laboral sin justificante no es la única medida que Sanidad pretende implementar. Hay otra que estos días acapara la atención de la sociedad. Se trata de la vuelta de las mascarillas obligatoria en centros sanitarios y sociosanitarios.
La ministra de Sanidad convocó el pasado lunes a los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas con el objetivo de llevar a buen puerto esta medida, sin embargó ocurrió todo lo contrario. Se encontró con que la mayoría de las regiones no pretendían pasar de la recomendación a la obligación. De hecho, solo Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Asturias y las Islas Canarias abrieron las puertas al uso del cubrebocas en dichos lugares de manera obligatoria. Ante la 'sublevación' del resto de regiones, García ha decidido echar mano a la declaración de actuaciones coordinadas para imponer su obligatoriedad, movimiento que no ha gustados a todas las comunidades. Esta decisión se ha tomado en virtud del artículo 65 de la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.