El Gobierno confirma su intención de "integrar", y hacer así permanentes, los impuestos temporales a la banca y grandes energéticas en el sistema tributario. Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado ayer, Moncloa acometerá en 2024 -año en el que prorroga ambos gravámenes- una "configuración" de las tasas con el objetivo de aplicar "su plena integración en el sistema tributario", además -y según acordó el Ejecutivo con el PNV- se aplicará una modificación de los conciertos forales con el fin de integrar ambas figuras en el País Vasco y Navarra. A ello, se suma la continuidad del impuesto de solidaridad, que seguirá vigente en tanto no se produzca la revisión de la tributación patrimonial que el ministerio de Hacienda quiere llevar a la negociación que derive en una reforma del sistema de financiación autonómica. Este último punto se aventura más complejo, ya que el Gobierno no ha avanzado en su intención de acordar con el Partido Popular una renovación del texto, aparcado desde 2014.
La estrategia es ahora más clara. La intención de conservar las dos tasas, de modo que pierdan el carácter excepcional de su diseño original ya la insinuó el presidente Pedro Sánchez en su discurso de fin de año. Ahora es mucho más patente en el texto del Boletín Oficial.
El Gobierno tratará de rediseñar los gravámenes para aplacar el malestar de los sectores afectados, banca y energéticas, que no han dejado de tratar de frenar la aplicación de los impuestos en los tribunales a lo largo del año. Además, Moncloa cuenta con voluntad de integrar a las patronales en la elaboración del nuevo texto que se incorpore de manera definitiva en el sistema tributario. Sánchez consiguió ayer neutralizar la principal amenaza de las empresas energéticas contra el impuesto. El decreto incluye un incentivo para las compañías que desarrollen inversiones verdes en España. La iniciativa pretende de este modo dejar sin argumentos a empresas como Repsol, que hace meses advirtió de que el gravamen ponía en riesgo su estrategia de inversiones en España.
Más complicado lo tendrá el presidente con la banca. Sánchez pierde a su principal baza, Nadia Calviño, que el 1 de enero abandona su gabinete para presidir el Banco Europeo de Inversiores (BEI). La -todavía- vicepresidenta primera ha sido la principal interlocutora con las entidades financieras durante los últimos meses. Hace unas semanas consiguió alcanzar el acuerdo por el que se amplía el margen de la renta para acceder a las ayudas del Código de Buenas Prácticas, también la prohibición de cobro por retirada de efectivo en ventanilla a personas con discapacidad y mayores. Medidas que fueron incluidas ayer en el decreto aprobado por el último Consejo de Ministros del año.
Incremento de la recaudación en 2024
Aun así, la banca recibió de mala gana la prórroga decretada ayer. "La decisión del Ejecutivo no atiende la obligación de revisar a los dos años el gravamen temporal contenida en la ley que lo creó", apuntan las principales patronales en un comunicado enviado ayer en el que recuerdan que los tribunales todavía no se han pronunciado "sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias". Sin embargo, la nota -firmada por la AEB y CECA- da pistas. "El sector seguirá trabajando para dar soluciones a sus clientes y reforzando su compromiso con la sociedad", añade.
Los impuestos temporales a la banca y grandes energéticas -que gravan los ingresos y no los beneficios- han generado más de 2.900 millones de euros para la Agencia Tributaria, y la cantidad podría elevarse en 2024. Los defensores de esta figura impositiva alegan que los seis principales bancos españoles han contado -hasta el tercer trimestre de 2023- con ingresos por comisiones récord. Santander declaro un incremento del 6% con respecto al mismo periodo de 2022. Lo mismo ocurre con BBVA. La entidad vio crecer sus ingresos por la prestación de servicios hasta los 4.594 millones de euros, un 17,5% más que un año antes.
'Grandes fortunas' quedará integrado en la reforma de la financiación
Por último, el BOE confirma la intención de Hacienda de llevar la permanencia del impuesto sobre las grandes fortunas a una negociación para la reforma de la financiación autonómica, que sigue sin concretarse. El ministerio que dirige María Jesús Montero desveló hace semana que comenzaría una ronda de contactos con las CCAA a partir de enero; sin embargo, los asuntos a tratar se acumulan. Uno de los que más asperezas levanta es el mecanismo de quitas de deuda con el Estado que Moncloa propone a raíz del acuerdo de investidura con ERC que convirtió a Sánchez en presidente el pasado mes de octubre.
El grueso de la reforma -confirmó Sánchez- se tratará directamente con el Partido Popular. El primer intento naufragó. El pasado viernes, el jefe del Ejecutivo puso la cuestión sobre la mesa que compartió con Alberto Núñez Feijóo. "El presidente le ha transmitido (a Feijóo) la posibilidad de llevar a cabo una mesa de trabajo para avanzar en la financiación autonómica, y el señor Feijóo le ha dicho que no", aseguró tras el encuentro la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Varias regiones populares ya han declarado su rebeldía a la tasa. La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, recuperará en 2024 el impuesto de Patrimonio -hasta ahora bonificado en su totalidad- para evitar que la recaudación termine en manos estatales, después de que el Tribunal Constitucional avalara 'el impuesto a los ricos'.
