Madrid
El PSOE y Sumar prepararon una batería de medidas para formar el Gobierno de coalición. Unas medidas de carácter económico que incluían la reducción de la jornada laboral máxima semanal de las 40 horas actuales a 37,5 horas en dos ejercicios y sin merma salarial. No obstante, esta medida carece de un análisis de impacto macroeconómico (sobre la economía en su conjunto) y de impacto microeconómico (sobre los individuos de la economía, trabajadores y empresas). El servicio de estudios económicos de BBVA ha realizado un modelo a largo plazo en el que estima una destrucción de empleo (-3,4 puntos a largo plazo) y menor actividad (-2,6 puntos) como consecuencia de la modificación de la jornada laboral sin medidas de reducción de costes laborales que afectará a 8 millones de asalariados.
¿Qué asalariados son más propensos a trabajar más de 37 horas y media? Hombres, entre 30 y 34 años, de nacionalidad extranjera, residentes en Baleares, Canarias o Cataluña, con educación primaria o inferior, que trabajan en el sector privado, en actividades industriales como operadores de instalaciones y maquinaria, tienen contrato indefinido y una antigüedad en la empresa de entre 5 y 10 años. Este es el perfil que ha dibujado BBVA Research para representar el sector al que afectará esta reforma.
Los citados datos representan el efecto potencial que tendrá sobre la economía esta reforma. En el corto plazo, el efecto también será negativo. El PIB crecería 0,6 puntos menos el primer año y 0,7 puntos el segundo. La creación de empleo sería 0,5 puntos y 1,2 puntos menor, respectivamente.
El grueso de los asalariados que trabajan más de 37 horas y media se sitúa en el tramo entre 38 horas y media y 40 hora, lo cual explica buena parte de las repercusiones de la reducción de jornada se concentraría en 2024, que es cuando tendría lugar el primer descenso hasta las 38 horas y media.
"La evidencia disponible indica que la reducción de la jornada laboral no ha contribuido a incrementar el nivel de empleo" de forma histórica, tal y como explica el Economista Jefe para España en BBVA Research, Miguel Cardoso y recoge el documento.
Este trabajo de análisis insta incorporar medidas que suavicen el efecto negativo sobre la economía, principalmente la destrucción de empleo y el incremento de los costes laborales, que derivarán en una pérdida de competitividad con el entorno europeo.
Pérdida de competitividad frente al euro
Le economía española tiene una brecha en cuanto a riqueza por habitante permanente con Europa y actualmente el PIB per cápita está en niveles de los años 70 o los 90, es decir, estancado en búsqueda de la convergencia que siempre se ha perseguido y nunca se ha alcanzado.
"Esta falta de convergencia ha venido determinada, fundamentalmente, por la persistencia en el tiempo de dos deficiencias bien conocidas de la economía española: una baja productividad y una tasa de empleo reducida", explicaba Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España, en un documento presentado en las Jornadas de Información Macroeconómica de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
España diferencia su economía respecto al promedio europeo por su mayores horas trabajadas y no por su productividad. Es decir, estamos virados más hacia la cantidad que hacia el valor añadido que generamos. Históricamente, los importantes avances en materia de riqueza por habitante se han producido gracias a la incorporación de mano de obra al mercado laboral y no por una mejora sensible de la productividad. Este es un patrón que se repite en la actualidad, según el Banco de España, ya que estamos creciendo en cantidad y no en calidad debido a la incorporación de mano de obra extranjera.
La situación actual de la economía española ya es de inferioridad respecto al entorno europeo. Por ello, BBVA considera necesario "realizar una evaluación detallada de los efectos potenciales de la propuesta y hacer partícipes a los interlocutores sociales en su diseño y futura ejecución". El departamento de análisis propone políticas orientadas a minorar los costes no salariales, como las cotizaciones sociales, e incentivar la cooperación entre empresas y trabajadores contribuirían a acentuar los efectos positivos de la reforma, mitigar los negativos y mejorar la posición competitiva de la economía española.
