Bruselas
Los negociadores del Consejo de la UE y de la Eurocámara han llegado este miércoles a un acuerdo para crear una autoridad para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA por sus siglas en inglés). Una institución que Madrid aspira a acoger y en la que compite con París, Roma y Fráncfort.
La normativa antiblanqueo de capitales busca proteger a los ciudadanos y al sistema financiero contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Es así que la institución tendrá como función supervisar de forma directa e indirecta las entidades de alto riesgo en el sector financiero, aunque su ubicación no ha sido todavía elegida. A la carrera, que debe resolverse durante 2024, aspira Madrid y debe competir con París, Roma y Fráncfort en un proceso de selección que estará en manos del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
La nueva autoridad tendrá que elaborar, de la mano de los supervisores nacionales, un mecanismo integrado que asegure que las entidades cumplan con las obligaciones antiblanqueo de capitales en el sector financiero. Además, tendrá un papel de apoyo en los sectores no financieros y coordinará las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros.
Es así que la AMLA creará equipos que realicen un escrutinio e inspecciones sobre las actividades de estas entidades y seleccionará hasta 40 grupos y entidades que se someterán a esta primera supervisión. Aquellas entidades que no entren en este grupo continuarán al amparo de la supervisión nacional.
Además, la institución tendrá poderes para fijar sanciones si así lo considera. Vigilará, por otro lado, que las entidades seleccionadas dispongan de políticas y procedimientos internos para garantizar la aplicación de las sanciones financieras específicas de congelación y confiscación de activos.
La normativa permitirá a la AMLA vigilar directamente a ciertos tipos de instituciones financieras y de crédito, incluyendo aquellas focalizadas en los criptoactivos, si considera que existen riesgos o si opera de forma transfronteriza. La institución también seleccionará las instituciones financieras y de crédito que representan un riesgo en los Estados miembro.
En lo que respecta al sector no financiero, la autoridad antiblanqueo se articulará como apoyo y realizará análisis sobre posibles brechas en la aplicación del marco normativo. Tendrá también la posibilidad de emitir recomendaciones no vinculantes a los supervisores nacionales.
