Los próximos Presupuestos Generales se arriesgan a afrontar su tramitación parlamentaria sin que en su articulado se concreten suficientemente unos datos cruciales: los topes de déficit y deuda a los que deberán someterse las diferentes Administraciones el año próximo. Ése es el elevado peaje que el recién formado Gobierno se muestra dispuesto a pagar para aminorar los efectos del veto que el Senado (controlado por el PP) impondrá, con toda seguridad, a las nuevas Cuentas.
Se trata de un precio muy alto, debido a las complicaciones jurídicas que ese vacío presupuestario provocaría en España. Además, según los expertos consultados, dicha indefinición no sentará nada bien en Bruselas recién iniciado el ejercicio en el que, en teoría, debería recuperarse la vigencia de las reglas fiscales.
Pero todo apunta a que Moncloa carece de otra opción si quiere cumplir con los plazos que se ha autoimpuesto para aprobar los Presupuestos de 2024. Desde el pasado fin de semana, el Ejecutivo se afana en aclarar cuál es el alcance real del veto senatorial sobre las futuras Cuentas. Éstas se cimentan sobre tres disposiciones que aprobará el Consejo de Ministros: el techo de gasto del Estado, la regla de gasto para el conjunto de las Administraciones y el reparto de los objetivos de deuda y déficit para cada uno de los niveles del sector público (Estado, autonomías, Seguridad Social, corporaciones locales).
Son todos aspectos interrelacionados pero únicamente el último se somete a votación parlamentaria y, es por tanto, susceptible de veto en el Senado, sin que el Congreso pueda levantarlo. Desde el Gobierno, argumentan que "no sería la primera vez" que, tras definir un techo y una regla de gasto, el Ejecutivo renuncia a establecer unos "objetivos vinculantes" de déficit y deuda para las Administraciones y, aun así, se embarca en la tramitación parlamentaria de unos Presupuestos.
El equipo de Pedro Sánchez puede dar fe de ello puesto que eso es exactamente lo que hizo en 2019, cuando ya se topó con el veto presupuestario de un Senado en manos de los populares. Ahora bien, el paralelismo con la situación actual es inexacto. En 2019, no se aprobaron nuevos topes de deuda y déficit, pero fue posible recurrir a los ya convalidados en 2018, definidos para una situación económica que, en líneas generales, seguía igual un año después.
Un recurso ya inviable
Un recurso de última hora de esa índole no está disponible en 2024. En los últimos ejercicios no se aprobaron objetivos de ese tipo debido a la emergencia que planteó el Covid. Si el Gobierno quisiera ahora aferrarse a esta vía, no tendría más remedio que retrotraerse a 2019-2020, y resucitar unos números completamente desfasados con respecto a la actual coyuntura.
Para salir del callejón sin salida, y ante la imposibilidad de que el Senado retire su veto, la situación ideal para el Gobierno pasaría por reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de modo que prive a la Cámara Alta de ese poder, como ya lo intentó en el pasado reciente. La lentitud de dicho proceso, con todo, trastocaría por completo los plazos que Moncloa se ha marcado para tramitar sus Cuentas.
Ante esa realidad, "es muy posible" según las fuentes consultadas que el Gobierno no tenga más opción que renunciar a definir los nuevos límites de deuda y déficit e, inclusive así, atreverse a iniciar la tramitación. Se iniciaría así un periplo marcado por una completa incertidumbre jurídica.
Ya en el inicio la Mesa del Congreso estaría en condiciones de inadmitir un proyecto de ley que se presenta con una carencia tan marcada. Sería posible, no obstante, salvar este escollo por la mayoría que PSOE y Sumar disfrutan en ese organismo parlamentario.
Posteriormente, el Senado no tendría por qué permanecer de brazos cruzados tras comprobar el modo en que se intenta esquivar su veto a la senda fiscal de las Administraciones. Estaría así en condiciones de plantear un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
Un boceto ya en Bruselas
Y fuera de nuestras fronteras se plantearía un problema de magnitud comparable, como mínimo en términos de credibilidad ante las instituciones y frente a los mercados. Es cierto que el Gobierno español ya envió a Bruselas un borrador presupuestario para 2024 (Draft Budgetary Plan, según la nomenclatura comunitaria), que ya establece un objetivo de reducción del déficit público.
Esa hoja de ruta, no obstante, perderá toda credibilidad a los ojos de las autoridades comunitarias si no está ratificado por unos Presupuestos Generales que vinculen a las Administraciones.
