Madrid
El ICO se prepara para el masivo desembarco en España de los créditos europeos anticrisis ultimando un amplio repertorio de vías para su llegada a la economía real.
Destaca el recurso a la colaboración público-privada, a través el capital riesgo, con objeto de movilizar cerca de 7.000 millones. También habrá lugar para las compras de bonos corporativos e incluso la posibilidad de acometer inversiones en capital. Todo sin renunciar a un recurso masivo a la "capacidad de absorción" (en palabras de los responsables del ICO) que tiene la banca en España. Esta ofensiva en frentes tan diversificados resulta prometedora, sobre todo a la hora de dar garantías de que no se repetirán las deficiencias de las que adoleció el primer despliegue del Plan de Recuperación. En la distribución de las transferencias a fondo perdido de la UE el Gobierno limitó al máximo el papel de actores como la banca, pese a que las entidades tendieron la mano al Ejecutivo, invocando su amplia experiencia en la gestión de pagos semejantes, como los relacionados con la PAC. Si no hubiera sido así, probablemente se habrían corregido los problemas que han caracterizado al primer despliegue de los fondos Next Generation, cuyas cifras de ejecución real están aún pendientes de conocerse, como Fedea volvió a denunciar esta semana. Urge que esta situación no vuelva a repetirse, especialmente ahora que el tipo de fondos que se reparten son créditos. Estas ayudas, a diferencia de las transferencias, tendrán que devolverse a la UE y conviene contar con la valiosa ayuda de actores que sean ágiles en el reparto de recursos, cuenten con capilaridad suficiente en la economía española y dispongan de medios fiables de valoración de la solvencia de los destinatarios finales.
