La propuesta de Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para 2024 ha hecho poner el grito en el cielo a tres importantes sectores económicos de la ciudad: la hostelería, los apartamentos turísticos y los cruceros, que sufrirán una relevante subida de impuestos si sale adelante el proyecto presentado por el gobierno municipal del PSC -que requerirá del apoyo de otros grupos, todavía no consensuado-.
El Gremio de Restauración, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) y CLIA (la asociación internacional que agrupa a las navieras de cruceros) han manifestado su descontento con la propuesta del alcalde Jaume Collboni, al que reprochan incluso no cumplir su palabra.
En concreto, el Gremio de Restauración de Barcelona ha recordado al alcalde su promesa durante la última campaña electoral de prorrogar un año más la bonificación del 75% de la tasa de terrazas, que se aplicó por la pandemia.
Esta promesa estaba incluida en el programa electoral de los socialistas barceloneses, y el Gremio se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo para resolver la cuestión. Roger Pallarols, director de la entidad, expresa la voluntad de negociar y buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
La patronal de la restauración estaría dispuesta a aceptar una nueva configuración de la tasa como tributo progresivo, pero insiste en que los importes finales deben establecerse de manera consensuada y siguiendo el criterio del alcalde Collboni, que considere las tarifas de otras ciudades de España. "La palabra dada debe volver a tener valor en política", señala Pallarols.
La controversia en torno a la tasa de terrazas se arrastra desde 2019, cuando el Ayuntamiento de Barcelona implementó un aumento significativo, llegando a alcanzar el 1.000% en algunas ubicaciones. Esto consolidó a Barcelona como la ciudad con las tasas más altas en toda España, superando ampliamente a Madrid.
La propuesta de nueva tasa progresiva que plantea el equipo de Collboni prevé recaudar 5,8 millones de euros, por debajo de los 8,2 millones que se preveían en la ordenanza de 2019, pero muy por encima de los dos millones de euros de los últimos años, con la tasa bonificada.
Según los cálculos del Ayuntamiento, la nueva tasa beneficiará al 65% de los locales de restauración de Barcelona, que tienen terrazas con cuatro mesas o menos, y solo el 2% tendrá que pagar el tramo máximo de la tasa, porque son los que tienen 12 mesas o más.
El consistorio esgrime que, con su propuesta de cuota progresiva -como la del IRPF-, pagarán más aquéllos que tienen más mesas y sillas y ocupan más espacio público.
Por otro lado, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR) ha rechazado la propuesta de la nueva tasa turística de Collboni, calificándola de antiprogresista, ya que consideran que castiga tanto al turismo familiar como al turismo en viviendas de uso turístico.
En este caso, el Ayuntamiento plantea llevar al máximo legal (4 euros por persona y día, un 45% más que este año) el recargo municipal del impuesto turístico catalán en el caso de los apartamentos y de los cruceros que pasan menos de 12 horas en la ciudad.
Desde el gobierno municipal argumentan que apartamentos y cruceros de corta estancia "tienen impacto en términos de uso intensivo del espacio público, en los precios de las viviendas y de convivencia, y por tanto se trata de incrementar los recursos que aportan al Ayuntamiento, contribuyendo así a hacer frente a las externalidades que genera y a la gestión que debe realizar la ciudad, en términos de mayores gastos en mantenimiento, limpieza o seguridad".
APARTUR acusa al alcalde de favorecer los intereses del lobby hotelero y el "gran capital" por encima de los más de 5.000 pequeños propietarios de viviendas de uso turístico legales en Barcelona.
El sector de apartamentos turísticos considera injusto que la tasa turística que deberían pagar las familias que se alojan en este tipo de viviendas sea más alta que la que pagan los huéspedes en hoteles de lujo.
El presidente de APARTUR, Enrique Alcántara, exhorta al Ayuntamiento a centrarse en perseguir la oferta ilegal que no paga impuestos en lugar de imponer más restricciones al sector legal, que contribuye con más de 347 millones de euros anuales a las arcas públicas.
Asimismo, advierte de que la medida podría tener un efecto contrario, haciendo que sea más difícil competir con las viviendas ilegales, que no cumplen con sus obligaciones fiscales.
En el caso de los cruceros, el director en España de CLIA, Alfredo Serrano, lamenta que desde que se implantó la tasa turística en Cataluña en 2017 hasta la propuesta de 2024, el pago para los usuarios de cruceros en tránsito en Barcelona se multiplicaría por más de 10 veces, desde los 65 céntimos por persona de 2017 a los 7 euros desde abril de 2024 -serán los turistas que más pagarán, por delante de quienes se alojen en un hotel de cinco estrellas, si salen adelante las ordenanzas fiscales municipales-.
"Es un aumento desorbitado y que no responde a datos objetivos. Los cruceristas son el tipo de turista que menos recursos de la ciudad utiliza, porque la descarga de residuos se realiza en el puerto y va a cargo del armador; la mayoría del agua de los buques es autogenerada, y es un turismo tranquilo que no provoca problemas de orden público, no acabamos de ver la relación", aduce en declaraciones a elEconomista.es.
Recuerda que actualmente los cruceristas ya aportan el 13% de la recaudación por la tasa turística, pese a que son una parte relativamente pequeña de los turistas totales, y son también "el único medio de transporte que paga". Pone el ejemplo de turistas que se alojan en otros municipios catalanes y van a pasar un día de excursión a Barcelona, pero que no pagan nada porque no pernoctan.
"Puede acabar suponiendo que ir de crucero a Barcelona se convierta en algo para ricos, cuando una de las conquistas sociales del último siglo es que ir de vacaciones no sea algo de unos pocos", remacha.
En cualquier caso, el gobierno local de Collboni prevé que la fiscalidad vinculada al turismo se convierta en el tercer mayor ingreso del Ayuntamiento de Barcelona, con una recaudación que rozará los 100 millones de euros.
