Bruselas
Bruselas hace el tercer intento por armonizar el impuesto de sociedades de las multinacionales. La Comisión Europea ha presentado este martes una propuesta para estandarizar los cálculos que se aplican a la fiscalidad de las multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros para que tributen a nivel comunitario y evitar el dumping fiscal de países como Holanda, Luxemburgo o Irlanda.
Lo que plantea Bruselas es que estas grandes multinacionales continúen pagando sus impuestos en los Estados miembro en los que operan y en función de la normativa nacional pero con perspectiva comunitaria. Se trata de una fórmula única por la que calcular la base imponible pero que en ningún caso modifica el tipo impositivo que aplica cada Estado miembro, es decir, las empresas tributarían el tipo nacional pero aplicando el mismo cálculo a la base impositiva.
La idea es que este nuevo marco de tributación de beneficios (BEFIT, por sus siglas en inglés) reduzca en un 65% los costes que supone para las empresas cumplir con las obligaciones fiscales cuando operan en más de un Estado miembro y facilitará a las autoridades nacionales calcular que fiscalidad le corresponde.
"BEFIT es un conjunto de normas para determinar la base imponible de los grandes grupos", ha explicado en rueda de prensa el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, que ha añadido que esta norma "será obligatoria para las aproximadamente 4.000 empresas multinacionales" que operan en la UE a partir de 2028.
Bruselas ha descartado en el camino para dar luz a este texto una norma que permita redistribuir los impuestos de las multinacionales entre los Estados miembro en los que la compañía tiene actividad. Una fórmula que ha suscitado el rechazo de países como Irlanda o Lituania, con impuestos de sociedades sustancialmente más bajos y que han visto como tal fórmula abría la puerta a una pérdida ingresos tributarios.
Concretamente, lo que establecerá la normativa es el conjunto de normas para calcular la base imponible que se aplicará a las empresas del mismo grupo. Así, la base imponible de todas las empresas que conforman un grupo se agregará en una misma base imponible.
"Los impuestos vendrán determinados por cada Estado miembro, por debajo del 50% como se ha decidido a nivel global de acuerdo con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad", ha dicho el comisario de Economía.
La idea es que esta normativa reduzca los costes de cumplimiento fiscal entre un tercio y dos tercios para las empresas y les dote de seguridad fiscal y estabilidad en sus ingresos en los diferentes Estados miembro, ha explicado Gentiloni. Se excluyen de la aplicación de la normativa los grupos extractivos como petroleros y gasísticos, y los de transporte marítimo y aéreo.
La propuesta parte del acuerdo internacional alcanzado en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para fijar una fiscalidad común. Concretamente en el segundo pilar que se aplicará sobre las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales y cuya matriz concentre el 75% de los derechos de propiedad sobre los beneficios.
Si bien la Comisión Europea ha presentado ya dos propuestas en el pasado en este sentido, no han salido adelante por el bloqueo de ciertos países ante el temor de que redundara en perjuicio de sus ingresos fiscales. El comisario de Economía se ha mostrado confiado en que éste planteamiento suscitará más consenso entre los países de la UE. Al fin y al cabo se trata de un texto legislativo que rebaja las ambiciones respecto a los planteamientos previos para buscar una senda común por la que poder avanzar. En todo caso, deberá ser respaldado por los veintisiete Estados miembros de forma unánime para salir adelante.
Pero el paquete legislativo presentado este martes por la Comisión Europea cuenta con dos patas más. Una que se refiere a la trasferencia de precios entre empresas asociadas y otra que busca agilizar los tiempos de pago de proveedores a las pymes.
Transferencia de precios
Bruselas también ha planteado en este paquete armonizar las normas sobre la transferencia de precios en la UE. Se trata de las normas que rigen la fijación de precios de bienes o servicios entre empresas asociadas. Dado que la transferencia de precios tiene que ver con los impuestos que se pagan en el país del comprador como en el del vendedor. "Durante mucho tiempo ha sido una herramienta utilizada y, admitámoslo, abusada por las multinacionales para reducir sus obligaciones fiscales", ha contextualizado Gentiloni.
Lo que busca el Ejecutivo comunitario es aumentar la seguridad y reducir el riesgo de litigios por doble imposición. Esta directiva busca evitar que la transferencia de precios se utilice para la evasión fiscal y se basa en las normas de la OCDE, que señala que cualquier transacción transfronteriza entre entidades relacionadas debe llevar asociado un precio similar al que se aplicaría a transacciones con terceras partes.
Si bien los Estados miembro han implementado los principios de la OCDE en su legislación nacional, ha explicado Gentiloni, la disparidad de normas genera muchos problemas como evasión fiscal, litigios o doble imposición.
Pagos a pymes
La Comisión Europea ha planteado como parte de su paquete nuevas reglas para que las pequeñas y medianas empresas tengan más capacidad para defenderse ante impagos. Es así que fija en un plazo de 30 días para el pago de operaciones comerciales y elimina el periodo de gracia que lo amplía a 60 días en la actual directiva.
En la práctica, la ausencia de un plazo máximo de pago y la ambigüedad de la definición de "manifiestamente dañino o injusto para el acreedor" han conducido a una situación en la que a menudo se imponen plazos de pago de 120 días o más a los acreedores más pequeños.
El Ejecutivo comunitario ha llamado la atención sobre que los pagos con retraso son la principal causa de quiebra entre las pequeñas y medianas empresas. Aún reconociendo que una de las raíces del problema es la desigualdad en la relación de poder entre grandes y pequeñas empresas, lo cierto es que la normativa pretende dotar de mayor capacidad de reacción a las segundas para no tener que aceptar condiciones abusivas.
