Madrid
Los inspectores de Hacienda ultiman un recurso contencioso administrativo contra la próxima convocatoria de oposiciones para acceder a ese cuerpo de la función pública. Estos altos funcionarios se muestran así dispuestos a dar un paso que ahondará su distanciamiento con el Ministerio de Hacienda y Función Pública abierto en los últimos meses.
El recurso judicial se debe a su temor a que las inminente oposiciones (previstas para el próximo julio) constituyan un auténtico coladero en la Inspección de personas que no contarán con la formación y los méritos hasta ahora indispensables para ejercer competencias de esa índole en la Agencia Tributaria.
El mecanismo que propiciaría esa "desprofesionalización", en declaraciones a elEconomista.es de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), se basa en que el tribunal de oposición tendría la potestad de designar los integrantes de una lista de interinos. La vía de acceso a esa bolsa se obtendría acreditando que se ha aprobado el primero de los cinco exámenes a los que tienen que someterse los futuros inspectores.
Tampoco se exigiría a los interinos el cumplimiento del curso formativo, de un año de duración, que imparte el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y que la normativa impone a quienes hayan aprobado la oposición en su totalidad.
Con unos requisitos tan laxos, "puede haber cientos de personas que los cumplan y quedarán así habilitadas para, en 2024, sentarse en igualdad de condiciones junto a un inspector que sí cumple con todas las condiciones que se exigían hasta ahora para desempeñar esas funciones", explica el portavoz de la IHE, José María Peláez.
"Si así ocurriera, se propiciaría una transgresión flagrante de la actual normativa", señala Peláez, "que exige que potestades públicas como las que la Inspección implica se tienen que ejercer por funcionarios de carrera y no por interinos".
Sin precedentes
Nunca antes una oposiciones a inspector de Hacienda han previsto la elaboración de una lista de interinos. No obstante, en este cuerpo de funcionarios temen que en julio cambie esa situación, invocando el precedente de las convocatorias para otros cuerpos de altos funcionarios (subgrupo A1) como es el caso de los Interventores y Auditores del Estado.
Las oposiciones de julio serían también atípicas en cuanto a su extensión debido a que probablemente aglutinen la convocatoria de plazas propia de 2023 y la propia de 2022, que sufre un retraso, lo que elevaría las plazas ofertadas al entono de las 260.
Fuentes del Gobierno, sin embargo, aseguran que ese escenario no está aún decidido. Del mismo modo, tampoco aseguran que la convocatoria, todavía pendiente de publicarse, vaya a ir acompañada de la polémica bolsa de interinos.
¿Explicaciones a Bruselas?
Si finalmente se elaborara esa lista, el Gobierno ahondaría el conflicto con los inspectores de Hacienda y los demás cuerpos de altos funcionarios. Además, el conflicto podría extenderse a la propia Comisión Europea.
Son bien conocidas las protestas del Ejecutivo europeo ante el modo en que el sector público español ha fomentado la temporalidad en las Administraciones, especialmente en lo que respecta a los profesionales de la sanidad y la educación.
La generalización de la figura del interino a los cuerpos de altos funcionarios supone una contradicción de esa política que sería difícil de justificar ante las autoridades comunitarias.
Ahora bien, fuentes del colectivo de los funcionarios del subgrupo de categoría más elecada creen que el Gobierno está dispuesto a incurrir en esa contradicción tan clara "en momentos en los que el Ejecutivo se enfrenta a elecciones tan delicadas como las del próximo 23 de julio".
La polémica también salpica a la promoción interna
La generalización de las bolsas o listas de trabajadores públicos interinos en el acceso a todos los cuerpos de funcionarios no es el único motivo de enfrentamiento entre estos profesionales y el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Debe recordarse la polémica desencadenada el año pasado con el modo en que el Gobierno, con el acuerdo de los sindicatos, pretendía reformar la promoción interna de las personas que ya contaban con su plaza ganada en las Administraciones.
El modo de ascender en el escalafón se articularía, según el texto acordado, mediante un examen tipo test de respuestas cerradas para el que se exigiría un temario más reducido que los usuales en las pruebas actuales para beneficiarse de un ascenso.
El objetivo de esta "flexibilización", de acuerdo con los defensores de la reforma, sería retener el talento que el sector público ha conseguido atraer y, en segundo lugar, evitar que quedaran puestos vacantes en las Administraciones.
Mayor "atractivo"
Incluso se llegó a esgrimir el argumento de que era necesario hacer más "atractiva" la carrera en la función pública para las nuevas generaciones de jóvenes españoles.
Frente a estos razonamientos fueron multitud las protestas de los funcionarios de los más altos estamentos que llegaron a hablar del peligro de "regalar los puestos en la Administración".
En particular, el inspector de Hacienda y consejero editorial de elEconomista.es, Francisco de la Torre, arguye que "el actual sistema de oposiciones no es perfecto pero es susceptible de empeorar en muchos sentidos", mediante reformas en las que no se tengan en cuenta suficientemente los méritos y capacidades de los aspirantes.
De la Torre también discrepa del hecho de que el acceso a la función pública, en su estado actual, resulte poco atractivo para las generaciones más jóvenes, debido a "que el número de aspirantes continúa siendo superior a los puestos que se necesita cubrir" en la mayoría de las convocatorias que se publican a todos los niveles.
