El equipo de Alberto Núñez Feijóo aprobará una profunda reforma la Administración Pública si el popular accede a la Moncloa. El PP podrá en marcha una remodelación de los funcionarios, que incluye reubicar a la plantilla para hacer los servicios más "eficientes" e ir sustituyendo "personas por tecnología" donde sea posible. En concreto, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, defiende reponer a parte de los empleados públicos que vayan jubilándose por un proceso de digitalización que agilice la burocracia y ahorre "a partir de 15.000 millones de euros" al Estado, según fuentes populares, que aclaran que la cifra es una estimación política que dependerá de muchas variables, como "horas de trabajo, la capacidad, el esfuerzo o la modificación de plantillas".
El área económica de Feijóo defiende que la medida se aplique "en todas áreas en las que sea posible", una intención que Bravo lleva meses defendiendo. "Donde una máquina pueda trabajar, se puede hacer", apuntó hace meses. Según los cálculos de Génova, entre el 35 % y el 50 % de los empleados públicos se jubilarán de aquí a 2030, "si no lo hacemos ahora, no lo haremos nunca", defendió durante un desayuno informativo. Se equipo recuerda que la digitalización de la administración ya ha permitido avances en la presentación de la Renta.
Los populares ya incluyeron una medida similar en el programa electoral con el que se presentaron al pasado 28-M. Su equipo de campaña le dedico un capítulo al funcionamiento de la administración. "Nos comprometemos a ahondar en el proceso de digitalización de las Administraciones para garantizar la atención 24 horas 365 días al año", promete el PP que insiste en que "relacionarse con las instituciones no puede ser una molestia o una incomodidad para una mayoría de personas, sino una forma de resolver sus problemas de la manera más ágil, justa y eficaz posible".
Las CCAA acumulan el 60%
La medida seguiría perfilándose, a pesar de que el PP lleva planteándola desde septiembre de 2022, y será presentada más adelante. La Administración del Estado cuenta con 227.492 efectivos a los que se suman los 263.913 procedentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La cifra ha ido reduciéndose durante los últimos 20 años. En 2002 el Estado contaba con casi 300.000 empleados, en julio de 2022 la cifra se ha reducido en casi 35.000, según datos del Ministerio de Hacienda. Por contra, el número de efectivos del sector público autonómico ha crecido un 26,1% en las últimas dos décadas, casi un 7% desde 2012. En total, los gobiernos regionales cuentan con 1.617.142 empleados, es decir, un 60% del personal público trabaja para la administración autonómica. La entidades locales cuentan con 598.526 trabajadores, un 21,92% del total.
La reforma de la Ley de Función Pública que pretende aprobar Feijóo si accede a la presidencia, se extendería al Estatuto Básico del Empleado Público. En su artículo 2 establece la aplicación en todas las Administraciones, incluidas comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos, por lo que afectaría en mayor medida a estas administraciones, que juntas suponen el 81,1% de total de cuerpo de efectivos públicos. Por contra, los empleados dependientes del Estado apenas representan el 8,3%, descontando el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados, un departamento en el que el popular tendría menos margen de maniobra dado que en la mayoría de los casos su labor no es reemplazable por un sistema informático. La reforma afectaría también a las plazas de organismos y agencias públicas y universidades públicas.
Dudas, frente a los buenos datos
La medida se integra dentro de la profunda auditoría que pretende aplicar Feijóo si accede al Ejecutivo, a través de la cual buscará analizar los puestos públicos que puedan ir siendo cubiertos por plataformas tecnológicas. Aun así, la idea principal del popular es "hacer un buen diagnóstico" con el objetivo principal de detectar posibles deficiencias en la contabilidad. De esta manera Génova busca una estrategia para confrontar modelos económicos con Pedro Sánchez a través de la sospecha, en lugar de los datos, que siguen avalando la gestión del socialista.
La intención de Feijóo es resucitar el vuelco electoral que llevó a Rajoy a La Moncloa, tras la derrota del PSOE tras dos legislaturas de Rodríguez Zapatero. En concreto, Feijóo quiere despertar la duda sobre un presunto "déficit oculto y facturas sin pagar" en los cajones del presidente, una acusación basada en la intuición de Rajoy -coordinador del programa electoral- y en la intencionalidad de desmontar las políticas de Sánchez. Sin embargo, la sospecha que Génova quiere despertar no cuenta con pruebas tangibles que la sustente.
