Para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia por Covid-19, la Unión Europea (UE) puso en marcha en julio de 2020 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) o fondos Next Generation con una dotación aproximada de 750 millones de euros de deuda mancomunada que se devolverán en varias décadas. Estos fondos permitirán modernizar el tejido empresarial español e impulsar la competitividad y las exportaciones.
Estas ayudas, explican desde la Cámara de Comercio de Madrid, descansan sobre tres pilares: apoyar a los estados miembros en su recuperación, relanzar la economía y la inversión privada, y extraer enseñanzas de la crisis, "con el objetivo de reformar nuestra economía para lograr un modelo de crecimiento más sólido, sostenible e inclusivo."
Además, como apuntan desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, este mecanismo de recuperación y resiliencia tiene cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
El BBVA explica que, "al ser España uno de los países más afectados, con una caída del PIB en 2020, es también el país con mayor dotación de fondos Next Generation (NGEU) con 150 millones de euros. De ellos, 81.000 millones irán destinados a subvenciones como transferencias directas. El resto serán préstamos que el Estado español tendrá que movilizar".
Como recuerda la entidad bancaria, "los fondos están destinados a particulares, autónomos, empresas y corporaciones", y, para el acceso a los mismos, el Ejecutivo lanzó un portal web que concentra todos los contenidos oficiales sobre los fondos, preguntas frecuentes. Además, incluye reformas, convocatorias de subvenciones, licitaciones y Pertes.
Llorente y Cuenca, consultora especializada en comunicación y gestión de la reputación, que elabora informe trimestrales relativos al estado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, revela que del total del PRTR inicial (70.411 millones de euros) ya comprometido, 53.452 millones, un 62% (32.899 millones de euros), ha sido gestionado directamente por la Administración General de Estado (AGE) y las comunidades autónomas el restante 38% (20.553 millones de euros).
Según Llorente y Cuenca, de los 32.899 millones de euros comprometidos por la Administración Central solo se ha resuelto, hasta el momento, el 57,6% en las convocatorias y licitaciones, por lo que quedan casi 14.000 millones de euros por resolver (se trata de un porcentaje ligeramente mayor del que había al final de 2022, cuando era del 54% de las convocatorias y del 45% de las licitaciones). No se dispone de datos sobre la ejecución a nivel de las comunidades autónomas.
La consultora señala que se ha adjudicado casi el 70% del importe de las convocatorias y licitaciones, es decir, unos 13.200 millones de euros, quedando sin adjudicar más de 5.700 millones de euros, que deberán buscar destino en el resto de 2023.
"Estimamos que el remanente sin adjudicar ascendía a un total de 4.200 millones de euros", dicen en LLYC, donde añaden que "el gobierno español está negociando con la Comisión Europea una adenda [apéndice] al Plan de Recuperación que supondrá 10.700 millones de euros más en subvenciones y 84.000 millones de euros en préstamos".
De cara a las previsiones para este año, en LLYC consideran que el Gobierno está cumpliendo sus previsiones de compromiso de gasto para el primer semestre de 2023, habiendo comprometido en los primeros tres meses el 67% de los casi 11.700 millones previstos para el total del primer semestre.
LLYC recuerda también que existen grandes convocatorias planificadas para este primer trimestre que acumulan retrasos, como sucede con las ayudas al IPCEI de Hidrógeno, al almacenamiento energético en stand-alone o la rehabilitación del patrimonio histórico.
Mejorar la ejecución
Llorente y Cuenca advierte de una serie de dificultades que están obstaculizando la gestión y ejecución de los fondos con una mayor agilidad, como por ejemplo, la falta de una mayor coordinación entre las diferentes administraciones públicas; la abundancia de controles previos en un entorno que requiere agilidad y eficacia; procesos de tramitación y plazos de concesión muy lentos; o la complejidad de los procesos de presentación de solicitudes y de justificación de la ejecución de los proyectos, que muestran una escasa flexibilidad en la aprobación de cambios, incluso si representan mejoras.
Igualmente, en LLYC denuncian que "las limitaciones de la normativa europea han impedido hasta el momento que se puedan impulsar grandes proyectos de carácter estratégico". Otra ralentización, dicen en la consultora, es que, "una vez que la Comisión Europea ha aprobado la reforma de ese marco normativo para facilitar, aunque sea de forma temporal, las grandes inversiones necesarias en transición energética y digitalización, el Gobierno español debe adoptar con la mayor rapidez posible sus convocatorias a las nuevas condiciones".
Por su parte, una análisis del Colegio de Economistas de Madrid concluye que el ritmo de puesta en marcha del Plan de Recuperación es bueno, pero que la llegada de los fondos a sus destinatarios últimos está siendo mucho más lenta de lo que "con un optimismo excesivo", se esperaba inicialmente.
En sintonía con LLYC, el Colegio recuerda que durante los primeros años del Plan se han puesto en marcha actuaciones presupuestadas en casi 50.000 millones de euros, lo que supone el 70% del gasto originalmente previsto para su primera fase. "Sin embargo, solo algo menos de 14.000 millones han sido adjudicados a sus destinatarios finales por el sector público central, a lo que habría que añadir las ayudas y contratos asignados por la comunidades autónomas, que no se conoce con precisión".
Este organismo explica que, "en el mejor de los casos, estaríamos hablando de adjudicaciones de entre 0,6 y 0,8 puntos de PIB por año y de desembolsos aún menores, lo que supone un ritmo de despliegue del Plan muy por debajo de lo esperado en su día, quizás en torno al 30% o el 40% de lo indicado en el proyecto del Plan de Recuperación".
Y concluye: "En retrospectiva, parece claro que hemos sobrevalorado nuestra capacidad de absorber con rapidez niveles de inversión tan elevados como los previstos en el Plan de Recuperación. Habrá que ver qué se puede hacer para acelerar su ejecución sin sacrificar controles necesarios. Pero más importante que gastar rápido es hacerlo bien, de forma que el Plan tenga un efecto positivo duradero sobre nuestro desempeño económico".
Para conseguir esto último, el Colegio de Economistas de Madrid cree que convendría evitar las prisas, diseñar con cuidado las actuaciones e incrementar los filtros sobre su calidad. "Puesto que todo ello exige tiempo, sería recomendable comenzar lo antes posible a negociar con la Comisión Europea una ampliación de los plazos de ejecución del Plan, quizá en paralelo con la discusión de la adenda", sostiene.
Foco en las pymes
Paloma Baena, directora Senior de European Affairs de LLYC, explica que los componentes fundamentales de las ayudas del Plan de Recuperación son la sostenibilidad y la digitalización, con foco prioritario en las pymes, "lo que implica que se está apoyando una transformación interna de la economía española que, en principio, no está mayoritariamente relacionada con el comercio exterior. Es cierto que existen algunos programas, como el de Internacionalización, que se refiere al apoyo a la proyección hacia el exterior de las empresas españolas, pero están dirigidos a pymes y su dotación es muy discreta, en el caso del programa de Internacionalización, sólo 201,8 millones".
"No obstante, puntualiza Baena, "existen algunos programas estratégicos, como sucede en general con los relacionados con las energías renovables o con el hidrógeno, así como todo lo relativo al impulso a la movilidad eléctrica, donde es indiscutible que la aplicación de fondos europeos va a mejorar la competitividad futura de las empresas españolas en relación otras empresas europeas en un ámbito, el energético, de alcance global, pero aquí se prima la descarbonización al tratarse de un objetivo que, sin la aplicación de esas ayudas, tardaría mucho más en lograrse, mientras que las alternativas actuales son más económicas, aunque también mucho más contaminantes".
En línea con lo anterior, la experta razona que "el esfuerzo por digitalizar a las pymes, junto al impulso que se está dando a la extensión del 5G y al desarrollo de la IA, podrán acabar beneficiando a las empresas españolas frente a la competencia externa, pero esos efectos, al haberse atomizado tanto la concesión de ayudas, se producirán en un plazo no muy corto y tardarán bastante en ser advertidos".
En lo tocante a las condiciones relativas a la concesión de ayudas con fondos Next Generation, Baena cita el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que "serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre estados miembros, las ayudas otorgadas por los estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".
Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) subrayan que "los fondos europeos son una gran oportunidad para la industria, y es imprescindible aprovecharla para que las compañías del sector, en su mayoría pymes, puedan acceder a los recursos necesarios para abordar inversiones en innovación y transformación digital y mejorar así su competitividad".
Fiab, que representa los intereses de más de 30.000 empresas del sector, advierte también de que "es necesario que la siguiente convocatoria del Perte agroalimentario, que todavía está pendiente, se ponga en marcha de manera urgente y que se simplifiquen al máximo las condiciones para que las empresas alimentarias puedan acceder a las ayudas de la manera más sencilla posible".
