El Banco de España propone una reforma del sistema de prestaciones para incrementar la tasa de retorno de los desempleados en el mercado laboral. En su informe anual, el regulador pone sobre la mesa una reducción de la duración de la prestación por desempleo del 5%, y un aumento de la cuantía mensual en 2 puntos. "No se altera la protección, ya que la cantidad neta recibida sería la misma, pero durante menos tiempo. Eso sugiere que podríamos incrementar la probabilidad de retorno al mercado laboral", aseguró Ángel Gavilán, director general de Economía y Estadística del Banco de España.
Según los cálculos del organismo, la vuelta al empleo de los parados se incrementaría en 0,11 puntos y favorecería especialmente a los colectivos más vulnerables. "Este impacto positivo sería mayor para los beneficiarios con menos estudios y los de mayor edad", explica el documento de análisis. La duración de la prestación por desempleo se sitúa -actualmente-entre los 4 y 24 meses, y la cuantía oscila desde los 560 euros hasta el máximo de 1.575 euros mensuales.
Sin embargo, el regulador destaca la contribución del dinamismo del empleo al crecimiento económico y aplaude el pacto de rentas alcanzado entre patronal y sindicatos, "los incrementos salariales moderados van a permitir que los hogares vayan recuperando parte del poder adquisitivo perdido durante los últimos meses", dijo Gavilán, que descartó que el acuerdo pueda desatar efectos de segunda ronda en la inflación. De hecho, el informe pronostica una desaceleración de la presión inflacionista, que terminará por desinflar la subyacente aunque de manera mucho más lenta, debido al efecto de la sequía y el aumento de la temperatura.
Crecimiento cercano al 2%
La creación de puestos de trabajo, la moderación salarial y la caída de la temporalidad, se aliaron en 2022 con el "extraordinario" comportamiento de las exportaciones, tanto turísticas como de servicios empresariales en sectores clave como el transporte, telecomunicaciones, informática e información. Un impulso de la actividad que ha provocado un efecto arrastre que hizo que el PIB del primer trimestre del año creciera al 0,5%, dos décimas más de los esperado inicialmente. Todo ello -anticipan desde el Banco de España- llevará al organismo a revisar al alza sus previsiones para el 2023. "Teniendo en cuenta este contexto, posiblemente el crecimiento se acerque más al 2%, que al 1,6% que preveíamos anteriormente", aseguró Gavilán. Un crecimiento al que contribuirá el despliegue de los fondos Next Generation.
Aún así, hay varias variables que podrían desbaratar el buen inicio de año. La persistencia de la deriva de la guerra en Ucrania, las tensiones financieras, pero -sobre todo- los efectos de la política monetaria sobre el acceso a la financiación de hogares y empresas, podrían torpedear la confianza que comienza a respirarse. El BdE advierte del efecto retardado que las consecuencias de las subidas de los tipos de interés tendrá en España, y señala a 2024 como el año en el que las decisiones pasadas de Lagarde impacten con mayor contundencia en la actividad. Además estima que las subidas de tipo únicamente rebajarán el nivel de inflación de España en 1,9 puntos porcentuales hasta 2025.
Por su parte, el regulador destaca que el amplio abanico de medidas desplegadas en 2022 y 2023 por el Gobierno ayudaron a sostener la actividad y a contener la inflación en 2022, y está previsto que lo hagan también en 2023, si bien su retirada impulsará al alza los precios de consumo en los próximos años, especialmente en 2024. En concreto, el Banco de España estima que la reversión de medidas en 2023 supondrá un aumento de la inflación en 2024 de 1,5 puntos porcentuales.
El reto de la vivienda
Además, la estrategia del BCE seguirá agudizando el problema de acceso a la vivienda, especialmente en lo que respecta al alquiler, cuyos precios se han disparado un 20% durante el último año, superando el 40% en determinadas zonas tensionadas. Para corregirlo, el regulador propone un impulso aun mayor del parque público de vivienda, y mayores incentivos que permitan incrementar la oferta privada en el mercado. Un aspecto que corrige la ley de Vivienda -pendiente de tramitarse en el Senado- que no obstante cuenta con aristas que podrían ser perniciosas, según el BdE. "Algunas de las medidas que recoge el texto, como el control de rentas, podrían generar efectos indeseados, reduciendo la oferta en el medio y largo plazo", destacó el director general de Economía del organismo.
Por ello, recomiendan una evaluación constante de las medidas, incluyendo el aval el 20% de la hipotecas para menores de 35 años aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Una fórmula cuestionada en el seno del Banco de España, que ha recordado que los avales del ICO a empresas impulsados en pandemia "fueron muy útiles", porque respondían a "una perturbación extraordinaria y transitoria". Un patrón que no se repite con la tensión del mercado inmobiliario.
Ajuste fiscal ambicioso
Aunque por encima de ello -alerta el Banco de España- se encuentra el desafío desatado por el elevado endeudamiento público y la resistencia de un déficit estructural cada vez mayor, situado en el 3,6% del PIB en 2022 debido al aumento del gasto primario estructural derivado de los paquetes de medidas aprobados para amortiguar el alza de los precios. "Si no se hace un proceso de ajuste fiscal ambicioso, los niveles seguirán en niveles cercanos a los actuales, lo que pondrá en riesgo el avance de la economía", pidió Gavilan. El análisis anticipa que si no hay una reacción decidida del Gobierno, la ratio de deuda pública sobre el PIB se elevaría de forma continuada, hasta situarse en el entorno del 120% en 2040.
Por contra, si Moncloa acompaña ese esfuerzo fiscal con un plan de reformas estructurales que condujese a un mayor crecimiento del producto potencial, la ratio de deuda ganaría un recorte adicional, hasta valores cercanos al 74% en 17 años.
