Economía

Bruselas propone un ajuste mínimo del 0,5% del PIB anual para países que superen un déficit del 3%

  • España cerró el 2022 con un déficit del 4,81% sobre el PIB y un endeudamiento del 113% sobre el PIB
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Lo prometido es deuda. Después de que los Estados miembro esbozaran las líneas comunes para la reforma de las reglas fiscales el pasado marzo, la Comisión Europea ha presentado este miércoles su propuesta legislativa de reforma de la gobernanza económica, con un texto que plantea que los países que superen unos niveles de deuda del 60% y del 3% de déficit, tendrán que aplicar un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) anual.

Si el punto de partida del Ejecutivo comunitario planteaba, el pasado noviembre, planes de ajuste fiscal individualizados para cada país de 4 años y extensibles a 7 años, para asegurar la sostenibilidad de la deuda de cada país con sanciones para aquellos Estados miembro que no cumplan, la propuesta de Bruselas de este miércoles establece que los Estados miembro que superen los niveles de pasivo del 60% y del 3% de déficit, deberán aplicar un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB) cada año. Una fórmula ya presente en la legislación vigente.

"La Comisión establecerá trayectorias técnicas para cualquier plan", ha explicado el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovksis, que ha añadido que "los niveles de deuda deben ser más bajos que cuando empezó a aplicarse el plan de ajuste y se aplicará un ajuste fiscal mínimo del 0,5% cada año como valor de referencia común".

Esta senda de reducción mínima se articula como una salvaguardia y se aplicará solo si los países superan los niveles de déficit y endeudamiento que plantea el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ese 0,5% se articula como un mínimo, y un intento de Bruselas por dar respuesta a las inquietudes de Alemania, que venía reclamando una cifra de referencia para la reducción de la deuda.

Como novedad, la propuesta establece que no se requerirá que se abra un procedimiento de déficit excesivo para la aplicación de esta salvaguardia mínima del 0,5%, tal y como han explicado fuentes comunitarias. Estas mismas fuentes han puntualizado que ese recorte mínimo del 0,5% se proyecta sólo para los años en los que el déficit supere niveles del 3%. Además, se trata de un nivel mínimo, ya que, si los cálculos de la Comisión requieren que la cifra de ajuste sea más elevada, se aplicará la cifra más alta.

En España la deuda de las Administraciones Públicas cerró el 2022 en niveles del 113,1% sobre PIB, mientras que el déficit se situó en 4,81% sobre el PIB. Para 2023, el Ejecutivo recoge en el plan presupuestario que el déficit bajará al 3,9% y la deuda se situará en el 112,4% del PIB. Por lo que, de mantenerse en estos niveles, cuando la suspensión de las reglas fiscales se levante en 2024 se vería sujeta a la aplicación de esta salvaguardia.

Los puntos de partida de Bruselas, establecidos el pasado noviembre, fijaban sendas de reducción de deuda individualizadas y ajustadas a cada Estado miembro. Unos planes de ajustes tendrán una duración de cuatro años para los países con altos niveles de endeudamiento y pivotarán sobre un techo anual al gasto público neto de tal manera que el déficit se sitúe por debajo del 3% y la deuda encarrile la senda descendente. En caso de que se produzca alguna desviación sobre ese techo de gasto pactado, se aplicarán multas, con sanciones máximas del 0,2% del PIB.

Es en este marco, que la propuesta legislativa de este miércoles de la Comisión Europea establece que los países tendrán que diseñar y presentar estos planes ante Bruselas, con medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos. Una fórmula con la que busca dar más control a los Estados miembro sobre sus planes de ajuste fiscal. Estos planes deberán recibir el visto bueno del Ejecutivo comunitario y de los ministros de Economía de la UE.

Los Estados miembro serán así los que establezcan sus planes de ajuste fiscal, aunque la propuesta contempla que Bruselas establecerá una "trayectoria técnica" para aquellos los países con niveles de deuda y déficit superiores al 3% y el 60%, respectivamente, que asegure que los niveles de deuda encarrilen una senda descendente y se mantengan en ella durante los próximos 10 años.

Además, la propuesta de la Comisión Europea, que debe ser ahora debatida por los Veintisiete y el Parlamento Europeo, contempla que se establezca una cláusula general de escape, como la activada durante la pandemia, que haga posible suspender las reglas fiscales y desviarse de los objetivos de gasto en caso de circunstancias excepcionales.

Bruselas quiere también acelerar los procedimientos de déficit excesivo, y fortalecerá las medidas para aplicar estos procedimientos en caso de que los países no cumplan con los planes de ajuste fiscal. Lo que también implicará sanciones financieras.

Alemania aún descontenta

Si Alemania a principios de abril pedía una cifra de referencia común para la reducción de la deuda, tras conocerse la propuesta su ministro de Finanzas, Christian Lindner, criticó que no cumpliera con los requisitos alemanes y puso énfasis en superar los altos niveles de deuda y déficit en Europa. "Solo acordaremos reglas que permitan establecer una senda fiable hacia niveles de deuda más bajos y unas finanzas públicas estables", dijo.

Una postura parecida a la que ha marcado Países Bajos que, tras conocerse la propuesta, incidió en la necesidad de avanzar hacia niveles sostenibles de deuda en los países con mucho pasivo y la necesidad de fortalecer la transparencia y la igualdad de trato entre Estados miembro.

El Ejecutivo comunitario mantuvo en sus orientaciones de noviembre los elementos clave del Pacto de Estabilidad y Crecimiento: el déficit debe situarse por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60%. Aunque por el camino se deshizo de la polémica regla que obligaba a los países con altos niveles de pasivo a recortarlo a un ritmo de 1/20 anual. Un hito que se antojó imposible durante la anterior crisis financiera y que ha llevado a años de austeridad en el seno de la UE.

En este sentido, Dombrovskis ha apuntado que las actuales reglas fiscales fueron elaboradas en 1990 y que, en treinta años, hay nuevas prioridades y nuevos retos, con la vista puesta en el Pacto Verde Europeo.

Alemania convino en eliminar una regla que el tiempo ha tildado de "poco realista", sin embargo, no tiene del todo claro esto de establecer planes individualizados por país sin una orientación de reducción de la deuda común. Ya en un non paper hecho público a principios de abril, reclamaba un punto de referencia cuantitativo común. Una fórmula por la que se establezca una jerarquía de los países en función de su deuda y que, para aquellos con altos niveles de pasivo, se establezca una senda de recorte de un 1% del ratio de deuda pública al año.

La medida se combinaría con un techo de gasto para aquellos países cuya deuda supere ese 60% fijado por las reglas fiscales. La aproximación, que no se aleja tampoco Países Bajos, que llama a evitar que acuerdos políticos apuntalen las directrices sobre este tema.

Lo cierto es que a Bruselas y a los Veintisiete les aprieta la cuenta atrás. El 2024 marcará la fecha de vuelta a la aplicación de las reglas fiscales, después de que éstas se vieran suspendidas (a través de la activación de la cláusula de escape) por la pandemia. Por lo que la culminación de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento apremia y verá extendidas las negociaciones, previsiblemente, al semestre de la presidencia española del Consejo de la UE.

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