Economía

La crisis desata una oleada histórica de privatizaciones en los países emergentes

  • India y Egipto están protagonizando un movimiento sin precedentes por razones distintas
  • También Nigeria, Irán y otros países recurren a las privatizaciones para conseguir efectivo
Un avión de la privatizada Air India. Foto: Dreamstime.

Los países emergentes están optando por una solución alternativa para evitar los peores estragos de la crisis que golpea sus economías tras el covid, la crisis de suministros, la guerra de Ucrania y las subidas de tipos: las privatizaciones. Con las condiciones de financiación más complicadas que nunca, muchos han optado por sacar al parqué las principales compañías públicas del país o venderlas a grandes grupos privados para conseguir una inyección de liquidez.

Se da una situación extraña. Mientras en Europa y Estados Unidos, la crisis bancaria y las perspectivas de una recesión están provocando cifras muy bajas de salidas a bolsa (26.000 millones en lo que va de año, mínimos de 2019), los países emergentes y China se preparan para un calendario apretado de debuts, aunque por motivos muy diferentes.

Por un lado, los países del sudeste asiático viven un despertar bursátil tras la reapertura de China después de las fuertes medidas anti-covid. De hecho, la propia China ha relajado su regulación para premiar las salidas a bolsa y ya son diez las firmas de un tamaño relevante que se han sumado. Sin embargo, los países cuyos parqués vivían años de sequía están viendo como múltiples compañías públicas se preparan para dar el salto y convertirse en firmas privadas o ser compradas por grandes grupos locales.

Numerosos países reactivan sus proyectos de privatización tras años en el cajón por el covid. En otros casos este proceso está siendo más 'traumático', pues se está haciendo para pagar facturas yendo contra pilares básicos de sus respectivos gobiernos, como es el caso de Egipto.

Ventas 'forzadas' en Egipto

Egipto viene arrastrando una crisis desde la 'primavera árabe' hace más de una década, pero la invasión rusa de Ucrania y las sacudidas internacionales por el covid y las subidas de tipos en EEUU han llevado al país a una situación de emergencia. La nación milenaria lleva prometiendo que nacionalizará los centenares de firmas que controla el Estado, y especialmente el Ejército, desde hace años, pero el acuerdo firmado el pasado mes de diciembre con el FMI le ha dejado sin muchas alternativas.

En el último año, Egipto ha devaluado la libra egipcia en más de un 50%, mientras que la inflación se ha disparado al 33%. El fuerte aumento de los precios del trigo ha acabado en las arcas del país, que subvenciona el pan, entre otros productos básicos. Y la subida del 63% en el sector de la alimentación ha golpeado de lleno a las familias, pero también al Tesoro, que ha tenido que aumentar las subvenciones a niveles históricos.

El resultado es un déficit del 6,2% y una deuda que alcanza el 90% del PIB y que se come, solo en intereses, el 45% del presupuesto público. Por si fuera poco, los inversores apenas tienen apetito por comprar su deuda, lo que ha dejado al presidente, el general Abdelfatah el-Sisi, en manos del FMI.

El Gobierno quiere vender parte de las acciones que posee en 32 compañías para 2024

Las exigencias del Fondo son simples: liberalizar la economía, que está intervenida en gran parte por el Gobierno y que tiene al Ejército al frente de uno de sus principales grupos empresariales, la National Service Products Organization. El Ministerio de Defensa, que dirigió El-Sisi antes de dar el golpe de Estado que le llevó al poder, gestiona un gran número de firmas, que van desde petroleras, mineras, constructoras, productoras de televisión y empresas de alimentación, que producen desde macarrones a mermelada. A eso se suman los tres grandes bancos estatales, que suman un 40% del mercado financiero en el país.

Los planes del Gobierno, anunciados el pasado mes de febrero, son vender parte de las acciones que posee en 32 compañías para 2024, unos planes que llevan arrastrándose desde 2016. Por el momento, el Ejército ha empezado a traspasar algunos de sus activos de las firmas que el Gobierno quiere vender a otras sociedades que, por el momento, no están en su radar. Una reacción que indica que la liberalización puede no ser tan profunda como le gustaría al FMI.

Un grupo que puede beneficiarse de este giro son los países del Golfo Pérsico. Tras invertir más de 32.000 millones de dólares en sostener al país del Nilo tras el golpe de Estado de El-Sisi, las 'petromonarquías' pérsicas parecen haber pasado de los donativos a las compras. Y la venta de activos estatales egipcios parece ser un buen momento para que esos países reciban algo a cambio por sus ayudas multimillonarias.

India vende sus aviones, barcos y bancos

La potencia asiática está envuelta en una agresiva campaña de privatizaciones considerada por algunos expertos como una de las más ambiciosas que se recuerdan, con la que espera recaudar 510.000 millones de rupias (5.658 millones de euros). Hace solo un año Air India abandonó el sector público para pasar a formar parte del grupo Tata, una operación histórica, pues se trata en una empresa bandera para la economía del país, con unos ingresos de 2.900 millones de euros al año, poco menos de la mitad de los que obtiene IAG (6.400 millones) y más del doble que Ryanair (1.371 millones).

Esta solo ha sido una de las últimas operaciones de una importante batería de ventas de activos públicos. El país se encuentra en el proceso final para vender Shipping Corporation of India, la empresa pública de transporte marítimo tanto de pasajeros como de bienes. Una firma logística clave para el país que cuenta con una flota de 52 embarcaciones valorada en 1.745 millones de dólares.

También se ha lanzado a vender numerosas plantas siderúrgicas repartidas por todo su territorio. Este último mes, el secretario de Estado del Acero, Faggan Singh Kulaste, anunció que venderían la planta acerera de Vizag. Además, también han entrado de lleno en el sector bancario, con una nueva ley que elimina el límite de inversión extranjera y permite al Gobierno reducir su participación en los mismos, abriéndolos al capital privado. A pesar de que la nueva ley ya está sobre la mesa, el plan que el Ejecutivo ya ha anunciado de privatizar banca pública probablemente no se ejecute hasta 2024, una vez superadas las elecciones generales del país.

India posee una gran cantidad de empresas públicas, herencia de las políticas socialistas de los primeros Gobiernos de la independencia, inspirados en parte por la Unión Soviética, con las que aspiraban a lograr una autonomía económica y la independencia política de los dos grandes bloques de la época, pese a sus simpatías por Rusia. Para ello, el Estado se hizo cargo de numerosos sectores empresariales, como la banca o la industria, creando grandes firmas estatales con un régimen de semimonopolio.

Hace una década, Narendra Modi, del partido nacionalista BJP, arrasó al histórico Partido del Congreso, convertido casi en una empresa familiar de los Gandhi, con un programa de reforma económica y liberalización (sumado a una ideología de nacionalismo hindú y populismo antimusulmán). Su primera legislatura en el poder se saldó con la creación de un IVA nacional que reemplazó a una marabunta de impuestos al consumo estatales y regionales y con el cambio repentino de todos los billetes en circulación, en un intento fallido de aflorar dinero negro. En la segunda, que está terminando ahora, ha apostado por las privatizaciones como forma de liberar recursos públicos y fomentar la competencia. Un movimiento que quiere que sea el inicio del camino para convertirse en una potencia económica capaz de rivalizar con su enemigo asiático, China, a la que acaba de superar en población.

El plan del Ayatolá

En el caso de la nación persa, la idea de privatizar está desembocando en una auténtica crisis entre el Ayatolá Jamenei, líder supremo de la nación islámica, y el presidente del país, Ebrahim Raisi, contra el parlamento del país. En noviembre de 2022, tras anunciar un retroceso del PIB del 8,6% para el año y unas perspectivas para 2023 de otra caída del 2,7%, el presidente anunció un plan de privatización de entidades públicas.

El plan, que ya ha sido aprobado por los tres poderes del país, no especifica qué propiedades concretas van a vender al capital privado. Sin embargo, ya han comentado que quieren vender participaciones en sus principales bancos, Aun así, todavía no han identificado los bienes públicos que van a poner a la venta, aunque de momento ya han formado un comité integrado por siete expertos con plenos poderes e inmunidad frente al parlamento del país, para encontrar y poner a la venta las empresas públicas más adecuadas.

Esta decisión está levantando ampollas en Irán, especialmente por el hecho de que se haya puesto en marcha el plan de forma opaca y que los miembros de esta gabinete puedan llegar a acuerdos sin rendir cuentas con el legislativo. El líder del partido conservador, Ahmad Tavakkoli, atacó al proyecto alegando que "al comienzo de la adicción, el adicto gasta sus ingresos en comprar drogas, pero cuando los ingresos no son suficientes, comienza a vender sus propiedades y muebles".

Israel, Kenia, Nigeria...

La cuarta mayor potencia económica de África (por PIB), Nigeria, también se ha lanzado a privatizar algunas de sus principales empresas. La potencia petrolera convirtió a su principal productora de crudo del país, NNPC, en una entidad privada. Respecto al sector energético, este no fue el último movimiento. El Ejecutivo tiene la intención de sacar a la venta todo el sector eléctrico y ya ha preseleccionado 16 empresas para privatizar cinco de ellas. Además, el país está en proceso de llevar al capital privado el ferrocarril nacional.

Por otra parte, está el caso Kenia, que espera ingresar 876 millones de dólares mediante la venta a través de la bolsa de participaciones de sus empresas públicas. Aunque aún no se sabe cuáles serán dichas compañías, pero al margen de este nuevo plan, ya se han privatizado en 2022 26 empresas como la Autoridad Portuaria del país o la petrolera estatal.

Por último, y aunque no ha formado parte de un plan a gran escala, Israel se ha lanzado a la venta de una importante compañía pública: Haifa Port Company. La empresa ya está en proceso de venta por 1.150 millones de dólares al grupo Adani Ports. La idea es que a cambio de quedarse con la propiedad de la empresa que lleva la gestión portuaria expandan su infraestructura.

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