Madrid
La famosa frase Quo Vadis, que significa ¿A dónde vas?, podría aplicarse hoy en día a miles de empresas, autónomos, familias y particulares que se ven perseguidos por los números rojos.
Lo cierto es que todos los agentes económicos (empresas, autónomos, familias y particulares) no han tenido ni un momento de descanso desde el 2007: la crisis financiera, seguida de los desastres naturales como Filomena o el volcán de la Palma, la pandemia de COVID con unos efectos económicos y sociales devastadores, y por si fuera poco, la situación geoestratégica mundial con la guerra de Ucrania y la nueva guerra fría entre China y EEUU con Taiwán de fondo.
A todo lo anterior se une que la situación económica de partida de España ha adolecido de importantes desequilibrios estructurales: un mercado de trabajo muy rígido; la mayor tasa de paro de Europa; un crecimiento del PIB real muy por debajo de la media europea; y un tejido empresarial de pequeñas empresas, con una tasa de inversión en I+D+i muy inferior a la media europea y tasas de productividad por puesto de trabajo muy bajas.
Nos encontramos ante un panorama devastador con un endeudamiento público récord en la historia de España, una inflación cercana al 10%, los tipos de interés disparados, y hasta el sector exterior, que fue nuestra tabla de salvación en ocasiones anteriores, según los datos de Eurostar, demuestra recientemente un debilitamiento de nuestra posición en la balanza por cuenta corriente, lo que significa incrementar nuestra deuda exterior y, por lo tanto, nuestra vulnerabilidad.
Y, mientras tanto, nuestras autoridades optan por una subida constante de impuestos, donde se mantienen figuras desterradas en otros países, como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Y se crean nuevas figuras recaudatorias como el denominado Impuesto Temporal de Solidaridad sobre las grandes fortunas o la tasa Tobin sobre operaciones financieras.
Por otro lado, la retirada de los estímulos gubernamentales que se desplegaron durante la pandemia ha sido otro duro golpe para las denominadas empresas zombis, empresas en dificultades que solo supervivían por las ayudas públicas que se iniciaron en el coronavirus y se extendieron hasta bien entrado el 2022. Es como si a un enfermo terminal se le retirara el oxígeno.
En este entorno, la economía de miles de empresas, autónomos y particulares se ha visto golpeada con dureza, condenándoles al impago de sus deudas y a una situación de insolvencia que, si queremos ser un poco snobs, definiríamos como default, o la quiebra de toda la vida que decimos los viejos del lugar.
En España, en el año 2022, se han declarado la mitad de los concursos que en Italia, un tercio de los concursos declarados en Alemania, la cuarta parte de los concursos declarados en el Reino Unido, y ocho veces menos que en Francia.
¿Quiere decir esto que la economía y las empresas españolas están mejor, económicamente hablando, que las empresas italianas, alemanas, inglesas o francesas? La respuesta es un ¡No! rotundo.
Existiendo en España muchas insolvencias de empresas y particulares susceptibles del concurso de acreedores, en vez de aprovechar las herramientas concursales vigentes y legales como hacen las empresas de otros países, prefieren echar el cierre sin más, asumiendo importantes responsabilidades personales por realizar el cierre del negocio sin cumplir con los requisitos legales.
Pero como hemos dicho antes, las cosas están cambiando y, sobre todo, los denominados concursos de la persona física, en los que se engloban tanto los concursos presentados por empresarios autónomos como por particulares, están experimentando un importante incremento.
El número de concursos de acreedores en 2022 de personas físicas y autónomos alcanza los 9.669, superando a los de sociedades, 4.755 (se llega a la cifra de más de 14.000 concursos). El crecimiento concursal de sociedades de 2019 a 2022 no es elevado (el 17%) mientras que el de personas físicas y autónomos es muy alto (280%). En 2022 con respecto de 2021 el incremento concursal en sociedades es del 16% y en personas físicas+autónomos del 71%.
Como economista con una larga experiencia en el mundo empresarial, mi recomendación a cualquier empresa que se encuentre en dificultades, es que se ponga en manos de un experto, a efectos de que analice las distintas posibilidades, tanto de restructuración, tratando de continuar con la actividad económica, como de cese de la actividad, intentando lograr un cierre ordenado del negocio sin incurrir en responsabilidades con terceros por parte de los socios y directivos.
Y, si se trata de una persona física, tanto empresario como particular, y la deriva de la vida le ha llevado a un sobreendeudamiento que le impide el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, le recomendaría que no dejase que la deuda engorde ilimitadamente y, antes de que ya sea tarde, se ponga en manos de un experto, analice las distintas posibilidades y, si es viable, a través del mecanismo de Segunda Oportunidad solicite el EPI (Exoneración de Pasivos Insatisfechos), pues si realmente se es un deudor de buena fe se tiene derecho a una segunda oportunidad, y la sociedad necesita recuperar a estos agentes económicos, a efectos de que sigan contribuyendo dentro de la economía real y no condenarlos al ostracismo y a la economía sumergida si no se les da esa segunda oportunidad.
