Madrid
Las pymes continúan su lucha particular por la supervivencia tras el fin de la moratoria concursal que, según Cepyme, "agravó los problemas de morosidad de las empresas acreedoras". En un comunicado enviado por la patronal de la pequeña y mediana empresa, alertan que el número de pymes con procesos abiertos continúo su ascenso el último tercio del año, destacando el estado de las medianas empresas donde estas situaciones aumentaron un 82,1% interanual, al llegar a 26 empresas concursadas en ese periodo, un 3% del total.
En términos generales, según datos de los Registradores de la Propiedad cribados por Cepyme, apuntan una subida del 23,6% interanual en el cuarto trimestre de 2022, al pasar de los 753 concursos registrados entre septiembre y diciembre de 2021 a los 931 del mismo periodo de 2022.
A pesar de ese aumento del último trimestre en los concursos para pequeñas y medianas empresas, fue menor que en el tercer trimestre, tras haberse disparado un 87,6%. Una situación acelerada por los efectos de la moratoria concursal implantada durante la pandemia, que afloró los concursos a partir del verano de 2022.
Los procesos concursales del cuarto trimestre referentes a pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores), que suponen el 97% del total, aumentaron un 22,5% interanual, al pasar de 739 concursos en el cuarto trimestre de 2021 a 905 en el mismo periodo de 2022.
Del total de 5.544 concursos registrados en el cuarto trimestre de 2022, 4.407 lo fueron de personas físicas, y 1.137 de empresas, de los cuales 204 se producen en compañías que no están clasificadas en la estadística registral por tamaño. En el cuarto trimestre de 2021, la cifra total de concursos fue de 929, con 175 empresas no desglosadas por número de trabajadores.
Si bien la moratoria concursal, que duró desde marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2022, impidió que se produjera un aluvión de concursos durante la fase más agresiva de la pandemia y alivió los problemas de las pymes, su duración ha deparado también efectos contraproducentes, al agravar los problemas de morosidad de las empresas acreedoras.
Para Cepyme, "las pymes españolas se enfrentan no sólo al impacto que dejaron las restricciones de la actividad, sino también a una concatenación de elementos adversos, como el fuerte repunte de la inflación, el encarecimiento del crédito y la mayor aversión de las entidades financieras a prestar dinero en un entorno de tanta volatilidad como el actual, aquejado también por desajustes en la cadena de suministros y la indeterminación sobre el conflicto bélico en Ucrania".
Por otra parte, apuntan, las pequeñas y medianas compañías tienen que soportar una mayor carga impositiva, nuevas trabas burocráticas y se enfrentan ahora a una fuerte alza de las cotizaciones sociales. A todo esto hay que añadir el aumento de costes generado tras las últimas actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
