
La reapertura del debate sobre la seguridad jurídica y la presión fiscal que soportan las empresas en España lleva a elEconomista.es a testar la opinión de algunas de las principales patronales españolas sobre estas cuestiones.
A través de sus respuestas a una batería de tres preguntas, los representantes de los empresarios descartan un aluvión de cambios de sedes entre las grandes empresas. Con todo, otro denominador común entre las patronales consultadas, incluidas las propias de las pymes, es la preocupación por el modo en que la presión fiscal española supera el promedio de la UE. Del mismo modo, coinciden en que el surgimiento de nuevas tasas y tributos provocan una perniciosa incertidumbre.
Foment del Treball
¿Ve posible que otras empresas deslocalicen su sede?
No debe descartarse. Es más, desde Foment hemos insistido de forma reiterada en la necesidad de articular una fiscalidad más competitiva.
¿Cree que la presión fiscal ha crecido en la economía española?
Se han ido produciendo medidas que han ido apretando sucesivamente a la fiscalidad empresarial como la limitación al 95% de la doble imposición o, más recientemente, la limitación en los grupos fiscales.
¿Cree que los últimos cambios legales afectan a la seguridad jurídica?
Los cambios inesperados, como por ejemplo, una nueva imposición mediante enmienda parlamentaria, hacen difícil un entorno estable propicio al crecimiento económico y a dotar a las inversiones de esa seguridad en un contexto a medio plazo.
Salvador Navarro (presidente de CEV)
¿Ve posible que otras empresas deslocalicen su sede?
No. Creo que es una decisión que responde a la estrategia de una empresa privada, que hay que respetar. Esta compañía tiene el 90% de su negocio fuera de España y tiene la intención de ganar inversores de la bolsa americana. El cambio responde a esto, no creo que arrastre más firmas.
¿Cree que la presión fiscal ha crecido en la economía española?
Así lo confirma el IEE. España se convierte en líder en cargas fiscales. La presión fiscal ha alcanzado máximos históricos en el 2022, superando el 42% del PIB y situándose por encima del promedio de la UE (41,7%). Respecto a Sociedades, España presenta una presión fiscal normativa un 23,7% más elevada que la media de la UE, y un 22,1% superior al promedio OCDE, por lo que es necesario que el Gobierno reflexione. España es el único país de la UE que desde el 1 de enero ha impuesto el impuesto al plástico, que vamos a pagar las empresas y los ciudadanos.
¿Cree que los últimos cambios legales afectan a la seguridad jurídica?
Sí. Las empresas necesitan reducir la incertidumbre para tomar decisiones e invertir y para ello es necesario avanzar en seguridad jurídica y predictibilidad. La política fiscal no solo puede ir dirigida a recaudar, necesarios para el sostenimiento del Estado del Bienestar, debe contribuir a mantener una economía dinámica, competitiva y generadora de empleo.
Joan María Gimeno (vicepresidente de Pimec)
¿Ve posible que otras empresas deslocalicen su sede?
Puede planteárselo cualquier grupo de empresas en proceso de internacionalización. La decisión de Ferrovial hay que leerla en clave de internacionalización y globalización de la economía, por cuestiones de estructura de grupo, de facilidades para cotizar en EEUU y de tributación, que puede ir más allá de la compañía si los propietarios también deciden cambiar su residencia..
¿Cree que la presión fiscal ha crecido en la economía española?
Sí que hay una mayor presión, por ejemplo al ahorro, dividendos y plusvalías; con el mínimo del 15% de Sociedades y un tipo general del 25%, o la limitación en la compensación de pérdidas. España tiene un ordenamiento jurídico cambiante y complejo y eso no ayuda.
¿Cree que los últimos cambios legales afectan a la seguridad jurídica?
Para que un país sea competitivo, necesita un ordenamiento jurídico estable y seguro, pero los continuos cambios legislativos crean inseguridad.
Vicente Lafuente (presidente de Femeval)
¿Ve posible que otras empresas deslocalicen su sede?
Aunque el momento político y económico en España no es el más favorable para las empresas, se trata de una decisión particular vinculada a factores internos de liquidez de los mercados, mejor acceso a financiación y a la búsqueda de oportunidades de inversión, y por lo tanto no hay constancia de un futuro efecto dominó.
¿Cree que la presión fiscal ha crecido en la economía española?
Rotundamente sí, además soportamos una presión fiscal superior a la media europea. Es evidente que estamos en el punto de mira cuando se necesita rescatar las arcas públicas, a pesar de tener una parte del Ejecutivo que parece ser que prefiere un país sin empresas por tanta crítica a nuestra actividad. Por lo que no estaría de más que la marcha de Ferrovial sea un aviso.
¿Cree que los últimos cambios legales afectan a la seguridad jurídica?
La falta de certeza por el alcance de los cambios normativos entorpece las decisiones de inversión. Y un ejemplo está en la creación de impuestos arbitrarios a la banca y a las energéticas que gravan ingresos en vez de beneficios. Esto genera una inseguridad jurídica que conlleva un freno al crecimiento y el que muchas empresas tengan que optar por otros países. El tejido empresarial y la sociedad necesitamos un sistema tributario presidido por el principio constitucional de seguridad jurídica para ganar una confianza muy mermada en los últimos años. Y es el Gobierno quien tiene que reaccionar, sin amenazas ni menosprecios hacia la actividad empresarial.
Santiago Aparicio (presidente CEOE Castilla y León)
¿Ve posible que otras empresas deslocalicen su sede?
Es una decisión de las empresas. El caso de Ferrovial es claro porque su objetivo es cotizar en EEUU y para ello tiene que pasar antes por la Bolsa de Holanda. Lo hace en beneficio de la empresa y de los accionistas.
¿Cree que la presión fiscal ha crecido en la economía española?
Sí aumenta y a la pyme le hace mucho daño. En el caso de Ferrovial, más que la presión fiscal, puede haber el ataque que desde el Gobierno se hace a la clase empresarial. Fuera tienen un respeto exquisito por quienes crean riqueza y puestos de trabajo. Aquí se nos presenta como los malos y culpables de todo lo que sucede como si las empresas no pudiesen tener beneficios.
¿Cree que los últimos cambios legales afectan a la seguridad jurídica?
En España hay una inseguridad jurídica tremenda y lo que necesitan las empresas, es certidumbre y estabilidad regulatoria para poder desarrollar su trabajo. España se tiene que hacer mirar el tema de la seguridad jurídica y la imagen que se da de las empresas.
Cepyme
"La seguridad jurídica es la base de la credibilidad de un país. Y en los últimos meses se está produciendo una fuerte inseguridad debido a un exceso de cambios en la regulación. A esto hay que sumar que desde el Gobierno se lleva a cabo una política de subida de costes a la empresa tanto en impuestos como sobre todo en cotización. España tiene las terceras cotizaciones más caras de la UE y una fuerte presión fiscal para las empresas".
Sedigas
"La decisión de Ferrovial responde a la naturaleza de su actividad y no tenemos la percepción de que exista, ni vaya a producirse efecto contagio. No tenemos indicios que apunten a que compañías asociadas con una fuerte presencia internacional se hayan planteado deslocalizar sus sedes fuera de España. Aunque se pueda discrepar de algunas medidas, no se puede catalogar a España como un país inseguro jurídicamente. Esto no es óbice para fortalecer el necesario marco económico y jurídico".
Información elaborada por: Alfonso Bello (Madrid), Estela López (Barcelona), Ángel Álvarez (Valencia) y Rafael Daniel (Valladolid)