Israel es la segunda mayor economía por Producto Interior Bruto (PIB) de Oriente, sólo por detrás de Arabia Saudí. El país cerró el 2022 con un crecimiento del 6,5% y superó las estimaciones del Banco Central israelí y del Ministerio de Hacienda a pesar del encarecimiento de los precios, las subidas de tipos de interés acometidas y la incertidumbre económica. Sin embargo, los inversores internacionales están preocupados por el futuro de esta nación y no por estos factores, sino por la ley de la Knesset -el parlamento de Israel- que pretende cambiar el funcionamiento de su sistema judicial y que "podría tener un impacto negativo en su perfil crediticio", según señalan desde Fitch.
Aunque la nueva norma del Gobierno de Benjamin Netanyahu se encuentra en trámite parlamentario, no cuenta con el apoyo de la opinión pública y lo están demostrando en forma de protestas masivas. El motivo es que, si finalmente se aprueba, reducirá la capacidad del Tribunal Supremo para controlar el poder ejecutivo y legislativo al no poder revocar las leyes aprobadas por la Knesset ni controlar el nombramiento de jueces, potestad que pasaría a estar en manos de los políticos.
Los ciudadanos israelíes no son los únicos que están preocupados por el impacto de esta propuesta. A principios de marzo, un grupo de 56 economistas de EEUU envió una carta al primer ministro de Israel en la que explicaban que su reforma del sistema judicial "afectarían negativamente a la economía israelí al debilitar el Estado de Derecho y, por tanto, mover a Israel en la dirección de Hungría y Polonia".
Por su parte, Moody's alertó en su último informe de que "la aplicación de tales cambios sería claramente negativa para nuestra evaluación de la solidez de las instituciones y la gobernanza, que hasta ahora hemos considerado una característica positiva del perfil crediticio soberano de Israel". Más recientemente, Fitch ha advertido de que la nueva ley que pretende aprobar Benjamin Netanyahu podría traducirse en un "debilitamiento de los indicadores de gobernanza" o en un "sentimiento negativo sostenido de los inversores". Pese a estos avisos, ninguna de estas agencias ha rebajado todavía la calificación crediticia del país.
En el supuesto de que la nueva ley acabe provocando una caída de la calificación crediticia de Israel, esto pondría en serios problemas a las empresas nacionales, pues incrementaría el coste de los préstamos y dificultaría la captación de fondos extranjeros procedentes de Europa y EEUU, publica CNBC.
Entre los sectores más perjudicados, destaca el tecnológico, dado que es el destinatario de entre el 85% y el 90% de la inversión internacional. Durante años, ese dinero permitió a la industria expandirse y crear hasta 90 unicornios, como la empresa de juegos Moon Active y la de servicios financieros eToro. En 2021, representó el 54% de las exportaciones de Israel y el 15% de su PIB, de acuerdo a las cifras de la Autoridad de Innovación de Israel. Además, los directivos de estas compañías son responsables del 81% de los ingresos fiscales del país. Por ello, el traslado de las startups y su dinero a otros países tendría un impacto devastador para las arcas públicas israelíes, publica Deccan Herald.
Aunque todavía no se ha llegado a esa situación, lo cierto es que la tramitación de la reforma y su posible aprobación ya están lastrando la economía israelí, muy dependiente del valor del shekel frente al dólar. La moneda de Israel cerró el mes de febrero con una caída del 7%, lo que, a su vez, provocó el desplome de la confianza de los inversores internacionales, según recoge France 24. A día de hoy, la divisa oficial se cambia por 0,27 billetes verdes.
De seguir depreciándose el shekel, el Gobierno de Benjamin Netanyahu podría verse obligado a incrementar el gasto presupuestario para beneficiar a determinados sectores de la población y evitar la celebración de nuevas elecciones, lo que también preocupa a las agencias de calificación crediticia.
