España inicia el año en calma. La reducción del déficit público, que cerró noviembre por debajo del 2%, se suma al fuerte crecimiento económico firmado en 2022 -del 5,5%- y a la caída del IPC, muy por debajo de la media de la eurozona.
Superada la tormenta inicial que se preveía para este año, todavía quedan muchos desafíos que reclaman solución. Uno de ellos, el elevado volumen de deuda pública y el previsible encarecimiento de sus emisiones. Según adelanta CaixaBank Research a elEconomista.es, en 2025 el coste medio de la deuda total del conjunto de las Administraciones públicas "podría situarse alrededor del 2,5%, desde el 1,37% del que parte este año", es decir, que España vería como su factura por intereses se eleva hasta los 41.000 millones de euros, 12.000 millones más que en 2022 y 7.000 millones superior a la que pagaremos este 2023, según la estrategia desplegada por el Tesoro Público.
Hasta ahora, el incremento del coste de la deuda ha permanecido dormido bajo la anestesia inyectada por el Banco Central Europeo. El shock producido por el estallido de la pandemia obligó a intervenir a la institución monetaria. Los de Christine Lagarde pusieron en marcha un contundente plan de compras de deuda pública que dejó en 'stand by' uno de los riesgos que viene persiguiendo a España desde la crisis de 2008. El pasado julio, cuando el Consejo de Gobierno con sede en Frankfurt aprobó la primera subida de los tipos de interés en la última década, el BCE amagó con plegar el paraguas que protegía a los países comunitarios del chaparrón de los mercados. El nerviosismo no tardó en extenderse por las primas de riesgo de española, italiana o griega, y el eurobanco se vio obligado a poner el parche del mecanismo de antifragmentación. Un programa de compras de deuda con un vencimiento residual de entre uno y diez años para suavizar el aterrizaje a la realidad que se producirá el próximo mes de marzo.
Estrategia de ajuste de déficit
A partir de entonces, las cosas comenzarán a cambiar y la confianza que consiga trasladar la economía a los mercados será fundamental. Para amansar a los inversores los expertos de CaixaBank Research demandan "una estrategia de consolidación fiscal gradual pero sostenida en el tiempo". Coincide Diego Martínez, el investigador de Fedea considera necesario un plan más ambicioso al presentado ante la Comisión Europea. "Con el plan presupuestario que llevó el Gobierno a Bruselas nos lleva a una deuda pública del 120%, pero si el Ejecutivo consigue recortar un 0,5% cada año al déficit conseguiríamos rebajar la ratio al 110%", afirma. El también profesor de la Universidad Pablo Olavide señala al ajuste fiscal como una prioridad, "se puede ser mas ambicioso y reducir el déficit estructural un 0,75 o 1%", insiste.
Unos 1.000 millones en manos del mercado
En 2022, bajo su protección, el BCE compró deuda soberana española por valor de 30.000 millones y reinvirtió amortizaciones por valor de 31.000 millones. Este año no solo no realizará compras netas, sino que del total de sus amortizaciones, CaixaBank estima que sólo reinvertirá deuda a medio y largo plazo por valor de unos 22.500 millones, es decir, que el mercado deberá absorber los 11.000 millones que dejará de mover Frankfurt.
Todo depende del hambre que despertemos en los inversores internacionales, nuestros principales tenedores de deuda. El año pasado, éstos sostuvieron un 40% del total gracias en parte al atractivo de nuestras emisiones sindicadas. En la primera del año, el Tesoro logró emitir 13.000 millones de euros de un nuevo bono a 10 años con una demanda casi siete veces superior, de más de 86.000 millones de euros. Por su parte, los inversores domésticos, poseedores del 23% de toda la deuda, podrían ampliar sus compras animados por la mayor remuneración de los títulos con vencimiento a corto plazo.
Precisamente la pasada semana lo ocurrido en el número 48 de la calle Alcalá de Madrid se convirtió en noticia. Cientos de personas guardaron una lenta cola para comprar su letra del Tesoro. La recompensa no promete ser excesiva, pero si suficiente como para llevarse a casa un valioso pellizco en tiempos de inflación. Con el DNI, los datos bancarios y 1.000 euros, cada pequeño inversor pudo comprar una letra, que en la última subasta de este tipo en enero, produjo una rentabilidad de cerca del 3%.
