Los más de 250.000 trabajadores que reciben la nómina de la Generalitat de Cataluña no cobrarán este mes de enero el incremento retributivo del 2,5% acordado, y el motivo es que no se han aprobado los Presupuestos catalanes de 2023.
Aunque la Administración garantiza el cobro más adelante con efectos retroactivos, en ningún momento se había comunicado a las organizaciones sindicales que existía la posibilidad de no cobrarlo ya este mes de enero, según ha criticado CCOO.
Este incremento salarial, junto con dos incrementos variables más del 0,5%, se acordaron por CCOO y UGT en la Mesa General de negociación estatal del 19 de octubre, y el pacto se trasladó a Cataluña a la Mesa General del 9 de diciembre.
La Generalitat aduce la falta de una ley de presupuestos en la región para justificar este retraso para cumplir sus compromisos, por lo que el sindicato exige que empiece la tramitación inmediata de un Decreto Ley para garantizar el cobro en la nómina de febrero, independientemente de los trabajos parlamentarios para la aprobación de los Presupuestos catalanes de 2023, que en cualquier caso consideran desde la central sindical "absolutamente imprescindibles para la ciudadanía de Cataluña".
Precedente
Lamentan que los trabajadores de la Generalitat vuelven a sufrir las aritméticas parlamentarias, ya que el 21 de diciembre varios grupos parlamentarios impidieron que el Decreto Ley 14/2022 entrara plenamente en vigor, pese a las peticiones sindicales, y obligaron a tramitarlo como Proyecto de Ley, retrasando su aplicación y permitiendo que se introduzcan cambios.
Se trataba de una norma impulsada por el Ejecutivo en solitario de ERC en base a un acuerdo firmado entre la Generalitat y CCOO, IAC y UGT para complementar el proceso de estabilización de los empleados públicos con medidas relevantes para la totalidad del personal.
En este sentido, prevé la convocatoria de una promoción interna a la vez que el concurso de oposición de estabilización; un concurso de traslados con posterioridad a la finalización del proceso de estabilización con adjudicación de puestos de trabajo en dos fases, y la creación de la figura de la persona aprobada sin plaza, para que la obtenga cuando se cree ésta.
"Deben dejar de emplear a las personas trabajadoras como herramienta para las luchas políticas. La representación política de la ciudadanía de Cataluña, democráticamente escogida, tiene la obligación de solucionar los problemas reales, en lugar de dedicarse a crear otros nuevos", reprocha CCOO.
