El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Servicios Sociales que extenderá un catálogo común con la intención de derribar los desequilibrios presentados entre las diferentes regiones.
El laberinto normativo generado por las competencias autonómicas provoca actualmente que en determinadas comunidades no se presten los mismos servicios sociales que en otras. El texto aprobado establece unas prestaciones mínimas garantizadas para todo el territorio nacional. Estas deberán ser discutidas en el seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, en la que están presentes los diferentes autonomías.
"Los servicios sociales son un eje fundamental en nuestro Estado de bienestar, son los que están ahí cuando las cosas se ponen difíciles", ha dicho la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que aprovechó su intervención para criticar la gestión de varios gobiernos regionales que "han dejado que empresas que nada tienen que ver con este sector entren a prestar servicios que cubren necesidades vitales de las personas", ha dicho.
"La ley se ha planteado de manera inteligente porque deja su desarrollo en manos del comité en el que están las presentes las Comunidades Autónomas, es una demanda histórica del sector social y será un paso muy importante para los servicios sociales en España", ha asegurado Alberto Reyero, socio director de Empatía, que recuerda que el actual sistema provoca desigualdades entre diferentes territorios, "hay personas que tienen reconocida una prestación en una comunidad autónoma pero no en otra", ha añadido.
La norma corrige este aspecto y declara los servicios sociales como servicios esenciales. Además, nace con la intención que terminar con los laberintos burocráticos creando una historia social única y elimina el requisito del empadronamiento para el acceso al catálogo de servicios. También agilizará el ingreso de la ayuda de emergencia social para el pago de elementos esenciales como la luz o la ropa.
Tramitación a contrarreloj
La norma responde al hito 315 del Plan de Recuperación. Su redacción impone que la ley esté aprobada antes del próximo mes de junio. El Ejecutivo tendrá que forzar al máximo la maquinaria legislativa si quiere aprobar el texto antes de la fecha marcada por el documento pactado con Bruselas.
Los expertos anticipan las reticencias a su tramitación de los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. El carácter común de la norma podría despertar el rechazo de algunas formaciones como el PNV o JxCat.
Belarra confía en que la ley quede aprobada cuanto antes, aunque anticipó el rechazo de varios grupos, "contará con la oposicion de los que nunca quieren que nada cambie", dijo.
