La mejora de la calidad institucional o normativa del sector del comercio en España podría tener un fuerte impacto positivo sobre la economía nacional, hasta el punto de que rebajaría la actual inflación hasta un 30% -es decir, un 1,7% sobre la actual tasa del 5,7%-.
En pos del mercado único, en términos domésticos, esa reducción de trabas administrativas, de costes y de gestión de impuestos, entre otras disfunciones, significaría un ahorro de hasta 470 euros para las familias españolas, justo 270 euros más que el cheque de ayuda anunciado por el Gobierno en su último paquete de medidas anticrisis, y por encima de los 35 euros por familia que se estima que beneficiará la rebaja del IVA de determinados alimentos. También en términos de empleo, su impacto derivaría en la creación de 88.140 nuevo empleos a tiempo completo.
El actual sistema normativo implica un coste añadido de 8.840 millones de euros, según el IEE
Al menos así lo contempla el último informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos, organismo perteneciente a la CEOE, y que, basado en datos del INE y, en el trabajo de más de 50 expertos, observa que el actual marco normativo del comercio español supone hoy en día un incremento de costes de 8.840 millones de euros.
Una cambio normativo, el que defiende el IEE, por el que, además de los 470 euros que reportaría a la renta familiar disponible por hogar, provocaría un aumento del consumo de 7.950 millones de euros y por ende, un repunte de la recaudación de 870 millones, 170 millones más que la rebaja del IVA de los alimentos, que previsiblemente, las arcas del Estado dejarán de percibir.
Lentitud y denuncias
En la actualidad, y en cuestiones de calidad de regulación, España ocupa una posición de desventaja en el contexto de los países de la UE y de la OCDE. Según el Informe de Competitividad Mundial, la puntuación relativa a la carga de la regulación gubernamental es de 2,9 en una escala de 1 a 7, lo que nos sitúa en el puesto número 114, de un total de 141 países. En el contexto de los países más desarrollados, España mantiene la posición más desfavorable, solo por detrás de Grecia y de Italia.
Por su parte, el informe de Mejora de Calidad Institucional del Comercio del IEE, que preside y dirige Iñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo, respectivamente, identifica cuatro grandes barreras que son las que no dejan crecer al comercio de España, y las que ponen trabas a la reducción de costes, disminución de precios, así como al incremento de la inversión y el aumento de empleo, además de la mejora de las cuentas de las administraciones públicas.
La primera de esas barreras se fundamenta en la lentitud de los trámites y en la dificultad de concesión de licencias. Algo que se puede apreciar en la pérdida de tiempo para acceder a la normativa urbanística municipal y, en los retrasos en las licencias de Obra y de Apertura; sin olvidar, la existencia de una excesiva arbitrariedad en la concesión de las últimas, a lo que al mismo tiempo se suma las exigencias medioambientales, como puede ser la imposición relativa a los plásticos de un solo uso, lo que según el IEE, ocasionará mayores costes y por tanto deterioro de la coyuntura económica.
Pues bien, en lo relativo a los trámites a la Licencia de Obra (informes sectoriales por afección de carreteras, confederación hidrográfica, AESA, fotovoltaica, Puesta en Servicio de Baja Tensión) el informe de expertos del IEE detectó costes derivados del tiempo requerido, que suele sobrepasar los tres meses que establece la ley.
Frenazo medioambiental
En esta misma disfunción normativa, la de las licencias o permisos, el Instituto de Estudios Económicos de la patronal también remarca el aumento en la tramitación de de las exigencias medioambientales, cuya aplicación y plazos generan más dificultades.
Es el caso -destaca- de la obligatoriedad de instalación de puntos de recarga de vehículos económicos en los parkings de centros comerciales o de placas fotovoltaicas sobre estas mismas superficies.
En segundo lugar, el Instituto de CEOE detecta una barrera para el sector de costes operativos, de aprovisionamiento y de gestión, que engloban ineficiencias relativas a los trámites aduaneros y la distribución urbana de mercancías, destacando además, las distorsiones que se han generado con la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, al incluir previsiones no contempladas en la normativa comunitaria, lo que ha traído consigo mayor inseguridad jurídica por la dificultad práctica que entraña determinar cuándo se está comprando por debajo del coste efectivo de la producción.
La gestión de residuos es otra de las barreras analizadas por el IEE, relativas básicamente a la regulación de residuos, envases y procedimientos. Y, por último, el hurto multirreincidente, que se traduce en los costes que tiene que soportar el sector, como consecuencia de los abusos en las prácticas de devoluciones, y los problemas que se plantean a raíz de los abusos y del fraude asociado a las reseñas en el comercio electrónico.
