El Gobierno francés ha presentado este martes su reforma de las pensiones que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 años hasta los 64 a partir de 2027 para garantizar el equilibrio financiero en el horizonte de 2030, y que corre el riesgo de abrir una temporada de protestas y conflictividad social.
El Ejecutivo se ha decantado por dejar en 64 años la edad mínima de jubilación, y no en 65 como se contempló inicialmente, entre otras cosas porque es una de las condiciones del apoyo del partido conservador Los Republicanos (LR), imprescindible para sacar adelante el proyecto en el Parlamento, donde la coalición que lidera el presidente no tiene mayoría absoluta.
Lo que destaca de esta nueva reforma es la premura con la que entrará en vigor, ya que esperan empezar a contar las nuevas bases de cotización "a partir de septiembre de 2023", anunció Borne.
En lo que respecta a los años cotizados, Borne aseguró que "no iremos más lejos de los 43 años" para tener una jubilación completa. Esta medida ya estaba contemplada en la "ley Touraine" de 2014 (última reforma del sistema de pensiones en Francia), dijo Borne, que fija como plazo máximo el año 2035 para ese máximo de años.
Asimismo, la representante del Gobierno francés apuntó que esta reforma es "totalmente universal" ya que afectará "a todos los activos, asalariados o independientes, y funcionarios". En este sentido, reiteró que para que este nuevo proyecto esté equilibrado, hará falta "que cada uno ponga de su parte".
Por tanto, la Seguridad Social de Francia va a pedir a los empleadores "una contribución suplementaria", dijo Borne, para seguir manteniendo el sistema de pensiones pero "rechazamos que esto aumente el precio el coste del trabajo". Por eso, van a equiparar la cotización de los empleadores al régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales "que está en superávit".
Subida de pensiones mínimas
El plan francés para reformar las pagas de jubilación también incluye una mayor protección a las rentas bajas. El Gobierno de Macron propone subir hasta casi 1.200 euros netos mensuales –esto es, una mejora de 300 euros mensuales– las pensiones mínimas del sistema. Junto a la edad de jubilación en 64 años en vez de en 65 años, esta medida también cuenta con el beneplácito de Los Republicanos, que apoyarían parlamentariamente la reforma.
El método de revalorización francés, precisamente, es el más parecido al español. Si bien no está ligado puramente al IPC, combina la inflación más una paguilla extraordinaria. Este año, para cubrir la pérdida de poder adquisitivo, subió un 1,1% las pensiones y un 1,7% otras prestaciones de protección social, aún así lejos de la mella que ha provocado la escalada de precios en los bolsillos franceses.
Un punto importante de la reforma gala está en la que denominan "carreras largas", es decir, aquellas personas que han empezado a trabajar a edades tempranas. Con este nuevo régimen "añadimos un nivel intermedio", que corresponde a aquellas personas que hayan empezado su vida laboral entre los 16 y los 18 años. Por tanto, el cuadro de "carrera larga" se presenta como "más justo", dijo Borne.
De esta manera, las personas que hayan comenzado su vida laboral antes de los 16 años no tendrán que esperar a los 64 en 2030 para jubilarse, sino que "podrán hacerlo con 58". Los del nivel intermedio (entre 16 y 18 años) podrán jubilarse a los 60 años y los de hayan empezado a trabajar entre los 18 y los 21 años rematarán su vida laboral a los 62 años.
Las pensiones públicas tensan también las cuentas públicas de Francia. La tendencia demográfica hacia el envejecimiento no escapa de ninguna economía europea y los franceses destinan actualmente casi el 15% de su PIB en pagar pensiones, una cifra superior a la española. A su vez, las prestaciones públicas de jubilación son de las más 'generosas' entre las economías desarrolladas: de media cubren algo más del 70% del sueldo previo al retiro.
División social
Todas las encuestas muestran que la opinión pública se opone muy mayoritariamente a retrasar la edad de jubilación. En una divulgada el pasado viernes, el instituto demoscópico Ifop explicaba que un 68% de los entrevistados están en contra de subirla hasta los 64 años y un 79% contra los 65.
El ministro de Trabajo e Inserción francés, Oliver Dussopt, aseguró que esta reforma es fruto del "diálogo social constructivo y a veces espinoso". Tanto Dussopt como Borne se mostraron abiertos al diálogo: "Esta presentación no es un punto final", aseguró la primera ministra.
En cambio, el jefe de filas del partido de izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Mélechon, calificó este aumento de la edad de jubilación de "grave regresión social" en su cuenta de Twitter. Lo mismo hizo la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, que animó a "bloquear la injusta reforma de pensiones" y cargó contra Mélechon y Los Republicanos por haber aupado a Macron a la Presidencia.
Consciente de ese estado de la opinión, y de que será aprovechado por la oposición de izquierdas y de la ultraderecha, el ministro de Hacienda, Gabriel Attal, ha tratado de dramatizar advirtiendo de que la disyuntiva es "la reforma o la quiebra" del sistema.
Según Attal, si no se lleva a cabo, los números rojos de las cuentas públicas se van a hinchar con medio billón de euros más de agujero en la deuda en los próximos 25 años, unas cifras que se asientan en las del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), un organismo público independiente que elabora análisis técnicos para alimentar un debate informado.
Macron rechaza lo que proponen algunos sindicatos y partidos de izquierda, aumentar las cotizaciones patronales
En sus últimos informes, que son la base de discusión entre Gobierno e interlocutores sociales, el COR predice que el superávit puntual que ha tenido el sistema en los dos últimos años se va a invertir rápidamente y de forma duradera.
En concreto, anticipa un déficit de las pensiones que en los próximos diez años supondrá cada año entre cinco y ocho décimas del producto interior bruto (PIB), y eso continuará en el periodo de sus proyecciones hasta 2050.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que ha hecho de la rebaja de los impuestos, en particular a las empresas, un axioma de su política desde que llegó al Elíseo en 2017, rechaza lo que proponen algunos sindicatos y partidos de izquierda, aumentar las cotizaciones patronales, porque estima que eso las haría menos competitivas las empresas y sentenciaría a decenas de miles de empleos, además bajar los salarios.