A 30 de noviembre de 2022, a un mes de 2023, y por tanto, la última fecha registrada, hasta ahora, por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Gobierno de España solo había ejecutado el pago del 29% de los fondos Next Generation -la mayoría de ellas transferencias entre administraciones y dinero que va a parar a la inversión pública-, si bien se estima que los pagos realizados acaben entorno al 40% a finales de diciembre de este año.
En realidad, una cifra muy parecida a la del año pasado, cuando entonces los pagos realizados fueron del 45,49% (11.000 millones). Una evolución que viene a reforzar la idea generalizada de que los cuellos de botella de la gestión de estas ayudas europeas no han desaparecido del todo y, que por tanto, queda margen para que cojan la "velocidad crucero" de la que habla el Gobierno.
El informe de la IGAE señala en concreto que, a fecha a 30 de noviembre del presente año, solo se habían desembolsado 8.237 millones de euros de los 28.459 destinados para 2022, siendo las obligaciones netas reconocidas, de 15.743 millones de euros.
Cuellos de botella
El decalaje entre los pagos y las obligaciones reside en que buena parte de estas ayudas no han sido transferidas todavía de los ministerios a los correspondientes beneficiarios -en buena medida comunidades autónomas-, por el planteamiento gestor que existe, y que en casos como el de Transición Ecológica, primero tiene que derivar las cuantías asignadas al Instituto para la Diversificación de la Energía (IDAE), para que a su vez éste organismo derive los fondos Next Generation a las Comunidades Autónomas, y en este itinerario, estas administraciones procedan a sus convocatorias de reparto. Un proceso muy largo que hace que el dinero no acabe por llegar a la economía real, y que su impacto sobre el PIB, hasta el momento, esté siendo limitado.
Cuellos de botella que ya reconocen hasta fuentes del Gobierno -a las que ha tenido acceso elEconomista.es- al explicar que desde su punto de vista, los obstáculos se encuentran en Bruselas, donde podría haber paralizados unos cuantos proyectos nacionales de importancia desde hace más de 18 meses, por la lenta burocracia del corazón de Europa.
No en vano, España fue quien eligió su calendario de ejecución y que, a diferencia de otras subvenciones y ayudas europeas, este plan estaba diseñado tractor y dinamizador de la economía española, ya entre los años 2021 y 2023.
Con detenimiento sobre la ejecución de los pagos y, teniendo en cuenta la priorización que ha hecho Moncloa al Plan de Recuperación y Resiliencia, en clave económica, quienes llevan más retraso son el Ministerio de Economía (7,72%), seguido del de Ciencia e Innovación (12,05%), el de Transición Ecológica (13,51%) y, el del Industria, Comercio y Turismo (25,13%), siendo el de Hacienda, el que encabeza las primeras posiciones del ranking en la gestión de estos fondos (87,23%).
Según las estadísticas de ejecución del Presupuestos de 2022, y en el caso del despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la mayoría de los pagos desembolsados corresponden en el mes de noviembre a transferencias a organismos públicos, como ADIF, a las CCAA, y a entidades Locales.
Observando los movimientos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -antiguo Ministerio de Fomento-, encontramos partidas de hasta 524 millones de euros para implantación de bajas emisiones, destinados a las entidades locales o, 471 millones de euros para la Alta Velocidad, y sin embargo no hay ningún pago realizado para la restauración de ecosistemas fluviales. En cuanto a Industria, otro de los ministerios destacados, destina 99 millones a los avales que reparte CERSA (Compañía Española de Reafinzamiento S.A) a las CCAA y, 629 millones a planes de sostenibilidad turística que se transfieren a las CCAA, mientras que partidas como la digitalización e inteligencia de los destinos turísticos está lego.
