El Tribunal de Cuentas llama la atención sobre el elevado volumen de inmuebles pertenecientes a la Seguridad Social que carecen actualmente de toda función. Sin duda, es bien conocido que el Estado es el mayor propietario inmobiliario de España y que no destaca en absoluto por la eficacia en su gestión. De hecho, el problema alcanza tal magnitud que obligó, ya en 2013, a diseñar un Plan de Racionalización cuyos resultados casi diez años después son decepcionantes. Con todo, la situación, en el caso particular de la Seguridad Social, merece un especial análisis. Así ocurre, en primer lugar, por el parque especialmente cuantioso de inmuebles sin uso que acumula, ya que suman un total de 300, abarcando todas las modalidades (edificios, suelos, naves, garajes, viviendas...) con un valor total que ronda los 6.000 millones. En segundo lugar, resulta llamativo que la segregación de las competencias de Seguridad Social con respecto a Trabajo, lo que ha conducido a la creación de un Ministerio independiente con funciones propias, no se haya visto acompañada de un mejor aprovechamiento de los inmuebles a su disposición. Por último, la infrautilización resulta aún menos justificable si se considera que la Seguridad Social cuenta con un protocolo ya diseñado para la enajenación de activos de este tipo que está a la espera de ser aplicado. No hay excusas, por tanto, para demorar todavía más la solución a un problema cuyo abandono supone una creciente carga anual de gastos de mantenimiento, al tiempo que priva inútilmente al Estado de una fuente extra de ingresos. Urge poner fin a esa situación garantizando al mismo tiempo que unos recursos públicos tan valiosos son objeto de una gestión eficiente.
De hecho, el problema alcanza tal magnitud que obligó, ya en 2013, a diseñar un Plan de Racionalización cuyos resultados casi 10 años después son decepcionantes. Con todo, la situación, en el caso particular de la Seguridad Social, merece un especial análisis.
Así ocurre, en primer lugar, por el parque especialmente cuantioso de inmuebles sin uso que acumula, ya que suman un total de 300, abarcando todas las modalidades (edificios, suelos, naves, garajes, viviendas...) con un valor total que ronda los 6.000 millones.
En segundo lugar, resulta llamativo que la segregación de las competencias de Seguridad Social con respecto a Trabajo, lo que ha conducido a la creación de un Ministerio independiente con funciones propias, no se haya visto acompañada de un mejor aprovechamiento de los inmuebles a su disposición.
Por último, la infrautilización resulta aún menos justificable si se considera que la Seguridad Social cuenta con un protocolo ya diseñado para la enajenación de activos de este tipo que está a la espera de ser aplicado. No hay excusas, por tanto, para demorar todavía más la solución a un problema cuyo abandono supone una creciente carga anual de gastos de mantenimiento, al tiempo que priva inútilmente al Estado de una fuente extra de ingresos. Urge poner fin a esa situación garantizando al mismo tiempo que unos recursos públicos tan valiosos son objeto de una gestión eficiente.
