Los constantes cambios impositivos que están teniendo lugar en España, mediante un proceso legislativo de carácter exprés y sin los pertinentes informes técnicos preceptivos y dictámenes está generando un clima de inseguridad jurídica del que alertan los expertos por sus graves consecuencias.
El consenso de los economistas consultados determinan que de continuar esa práctica de inseguridad regulatoria, conllevará una contracción de la inversión y del empleo, como consecuencia de los aumentos de la prima de riesgo o rentabilidad exigida al conjunto de inversiones del país y no solo sobre el sector o la actividad afectada. Y además, también habrá subida de precios y más inflación.
Calidad técnica
Gregorio Izquierdo, director del Instituto de Estudios Económicos mantiene a eE "la necesidad que tiene la inversión empresarial en nuestro país de seguridad jurídica, esto es, de normas estables, predecibles, y con calidad técnica en la que los cambios siempre se hacen de forma motivada y gradual, evitando procedimientos extraordinarios y/o de urgencia para posibilitar de forma transparente y reglada los mecanismos de audiencia, consulta y diálogo participativo".
De ahí la importancia de "un marco institucional que establezca una regulación eficiente, estable y predecible, que garantiza el derecho de propiedad, el cumplimiento de contratos y la libre empresa, clave para el buen funcionamiento y desempeño de las empresas y por tanto del crecimiento económico y de la generación de riqueza y bienestar a largo plazo".
En opinión del economista Daniel Lacalle, nuestro país está perdiendo una gran oportunidad con este vaivén regulatorio, subrayando que "España debería ser hoy líder global en atracción de inversión, y sin embargo, vamos por detrás de países comparables". Y eso -matiza-, que "Madrid acapara la inversión internacional -el 73,5%, cuando antes era el 60%-". En la actualidad -añade-, "excluyendo entidades de tenencia de valores extranjeros ha caído de 55.000 a 29.000 millones de 2018 a 2021".
Para María Crespo, profesora de Hacienda Pública de la Universidad de Alcalá de Henares, "la certidumbre es básica para atraer capital extranjero". De hecho, colige, "estos continuos vaivenes del Gobierno, junto al impuesto a las grandes fortunas y está provocando oleadas de consultas a los asesores fiscales para domiciliar sus empresas familiares en países de la UE con baja fiscalidad, como Portugal e Irlanda". Derivaciones negativas que en su modo de ver, pueden traer impuestos como quiere cargar el Estado sobre los envases de plásticos, que la postre "va a contribuir a la subida de precios, que sumado a la inflación creciente, supondrá un debilitamiento de la economía de las clases medias".
Para el economista y analista financiero, Javier Santacruz, "la inseguridad jurídica está cotizando en España tanto en forma de prima de riesgo sobre la deuda pública -en la última semana ha subido 10 puntos básicos), como sobre los mercados de capitales, con parálisis de inversiones y descontento ante la gestión que está realizando el Gobierno de los fondos europeos.
Pero el problema más importante -anticipa- vendrá a partir del mes de febrero, que es cuando el BCE va a empezar a retirar liquidez del mercado, que ha sido el mecanismo para anestesiar las primas de riesgo durante los últimos años". Pero -señala-, "en el momento en que este factor que ha sido favorable para España se retire, será más visible la desconfianza ante una marco institucional cambiante".
El momento menos propicio
Desde ATA, su presidente, Lorenzo Amor, afirma que la inseguridad jurídica "es, en este momento, justo lo contrario de lo que necesita nuestra economía y nuestro tejido productivo". Defiende el responsable de la Asociación de Trabajadores Autónomos que, "a pesar de que hay aspectos estructurales que son muy difíciles de cambiar, lo que sí tienen que ser nuestros dirigentes son responsables, y crear y un clima seguridad y no lanzar rumores y anuncios improvisados".
El economista Santiago Sánchez López adelanta que, "España va a tener que examinarse de los mercados, y la prima de riesgo ya está por encima de 100 puntos y el rendimiento que los inversores exigen al bono a 10 años está por encima del 3,40%, con implicaciones directas en los costes de la deuda". E indica, "si hay un mercado sensible a los cambios normativos es el laboral".
Desde el Consejo General de Economistas, Salvador Marín reseña que "si queremos que los capitales procedentes del exterior se fijen en España, y que los consumidores apuesten por el futuro, hay que transmitirles confianza, y que sean ellos los que emprendan y los que decidan qué hacer con sus recursos, o sea, ensanchar las bases con más empresas y trabajadores y no incrementando la presión sobre los actuales".
El economista Daniel Rodríguez Asensio esboza y sostiene que la inversión en España lleva espantada desde que el presidente Pedro Sánchez está en Moncloa. "Primero fueron los globos sondas con subidas de impuestos y cambios normativos sin sentido alguno. Después la peor gestión de la pandemia, que supuso la peor evolución económica de Europa y unas recuperaciones más pobres".
"Y ahora -concluye-, modifica normativas de primer nivel que también ahuyentan al inversor en cualquier sector".
