El salario mínimo ha vuelto a subir en Argentina. Esto parece a primera vista una buena noticia, una decisión generosa de un Gobierno que busca mantener el poder adquisitivo de su pueblo. Pero lo cierto es que los argentinos están pasando por un momento complejo. El Gobierno de Argentina acordó este martes con empresarios y sindicatos aumentar un 20% adicional el salario mínimo obligatorio que rige en el país sudamericano, para intentar compensar la fuerte subida de la inflación. El país sufre una espiral precios-salarios que no para de crecer.
La subida, la tercera dispuesta en lo que va del año, fue acordada durante una reunión del Consejo del Salario, que reúne a representantes del Gobierno argentino, cámaras empresariales y centrales sindicales.
Según informaron fuentes sindicales, el Consejo acordó que el alza del 20% sea aplicada en cuatro tramos: 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo.
Así, el nuevo salario mínimo llegará en marzo próximo a los 69.500 pesos (408 dólares al tipo de cambio oficial), lo que implica una recomposición del 110,5 % entre marzo pasado y marzo de 2023.
Una inflación cercana al 100%
La inflación en Argentina se acerca peligrosamente al 100%, sobrecargando los problemas del gobierno a medida que los salarios reales se quedan atrás, lo que aumenta la angustia social y conduce a un nivel récord de protestas en lo que va del año.
Los datos del gobierno publicados hace unas semanas mostraron que los salarios generales en septiembre aumentaron un 78% respecto al año anterior, por debajo del 88% de la inflación anual. La creciente brecha entre los salarios y la inflación está generando protestas rutinarias en todo el país. El viernes, el gobierno relanzó un programa que congela los precios de más de 1.500 productos, pero lo cierto es que estas medidas lo único que logran es generar escasez de ciertos bienes.
El empeoramiento de las perspectivas sociales desafía la capacidad de Argentina para cumplir con su acuerdo de 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Los recortes de gastos impopulares requeridos a través del acuerdo chocan con el objetivo del gobierno de 'masajear' a los votantes para mantener a la coalición gobernante en el poder en las elecciones presidenciales del próximo año, con la inflación y la pérdida de poder adquisitivo como una de las principales preocupaciones.
Políticamente, la tensión se está acumulando dentro del bloque gobernante en medio de un frágil mosaico de políticas inflacionarias. El presidente Alberto Fernández ha perdido siete ministros desde junio, incluida la mayor parte de su equipo económico, ya que la poderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha presionado por cambios en el personal y las políticas.
En algunas de sus declaraciones recientes, Kirchner ha señalado el reciente repunte de la pobreza extrema como justificación para implementar controles de precios más estrictos.
Sindicatos poderosos
Los poderosos sindicatos de Argentina están asegurando futuros aumentos salariales en o por encima de los niveles de inflación actuales, elevando aún más las expectativas de inflación y generando una auténtica espiral precios-salarios, según explican desde Bloomberg. Las victorias recientes incluyen las de camioneros, que recibirán un aumento salarial del 107% hasta agosto, y trituradores de semillas oleaginosas, que verán un aumento del 98%.
Por otro lado, los trabajos informales no tienen sindicatos para negociar aumentos salariales. Estos trabajos en la economía sumergida y que recibe su salario muchas veces en efectivo han crecido a niveles récord después de la pandemia de coronavirus, y según algunas estimaciones representan la mitad del mercado laboral. Millones de estos trabajadores están perdiendo un poder adquisitivo significativo en 2022, lo que se suma a años de fuertes caídas de sus salarios reales, lo que deja una situación dramática para millones de argentinos.
