El incremento del gasto público sigue sin recortar la brecha social en España. El encarecimiento de los productos básicos, como alimentos y energía dispara la desigualdad desde el inicio de la escalada de los precios. El punto de partida es complejo. La pandemia hizo que el porcentaje de población en riesgo de pobreza en 2021 se incrementara al 27,8% en España, según la tasa AROPE.
La crisis de la inflación amenaza con elevar el índice, a pesar de las medidas fiscales y beneficios impulsados por el Gobierno. Seis de cada diez personas no pudo afrontar los gastos imprevistos en España el año pasado, otro el 28,2% tuvo retrasos en el alquiler o la hipoteca y casi tres de cada diez no pudieron permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. La presión de los precios de la energía podría haber disparado estas cifras.
"Hay fuertes indicios que nos dicen que en 2022 subirá el número de personas vulnerables", afirma Carlos Susías, presidente de EAPN Europa. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza revelan el encarecimiento de los productos esenciales está provocando un incremento de las personas que acuden a los recursos sociales.
El Banco Central Europeo recuerda en su último boletín mensual que aquellos más vulnerables tendrán que "reducir su consumo y ahorro reales en respuesta a las perturbaciones de los precios de la energía y los alimentos". En contra, los hogares con rentas medias y altas contarán con una mayor fortaleza financiera con la que hacer frente al alza del coste de los productos esenciales.
Implementar medidas para rentas bajas
Desde el estallido de los precios, el Gobierno ha aplicado una batería de medidas para amortiguar el golpe de la inflación en los hogares. El Ejecutivo aprobó rebajas fiscales a la electricidad y el gas o impulsó -desde el pasado mes de abril- una bonificación de 20 céntimos al litro de carburante. "Estas medidas son ineficientes en cuanto a que la asignación de recursos no se centra en aquellos que más los necesitan, pero ¿cómo determinar el objetivo adecuado de las ayudas?", se pregunta Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III, que destaca la dificultad de implementar iniciativas discriminatorias por nivel de ingresos.
La escalada de los precios podría suponer un coste de hasta 3.000 euros a los hogares españoles este 2022, según KPMG. El informe advierte de que la inflación está afectando a las partidas más básicas, por lo que los consumidores están renunciando a los gastos discrecionales, acudiendo a sus ahorros o elevando su endeudamiento para mantener sus hábitos de compra, lo que penaliza a los colectivos más vulnerables.
"Las personas con rentas medias o altas, están aplazando grandes gastos como viajes, o la compra de viviendas o coches, pero aquellos con una renta baja se están viendo obligados a consumir productos esenciales más baratos o incluso a reducir sus compras", asegura Juan Ángel Lafuente, catedrático de Finanzas y Contabilidad de la Universidad Jaume I.
Según los cálculos de Fedea, las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo para aliviar el impacto de la inflación suponen un coste de 17.000 millones para las arcas públicas. Sin embargo, la entidad afirma que el gasto no está auxiliando a los colectivos que más sufren. "Mucho de este dinero esta yendo a gente que no necesita ayuda", afirmó su director, Ángel de la Fuente. Para corregirlo, la fundación de estudios propone redirigir el enorme volumen de gasto público en una ayuda concreta para los más desprotegidos. En concreto, plantean un cheque de 1.900 euros destinado a las familias con ingresos inferiores a los 2.000 euros netos mensuales.
Más de la mitad de los monoparentales, en pobreza
Susías pide focalizar las medidas en determinados colectivos, como las hogares monoparentales. Un 54,3% de ellos se encuentra en riesgo de pobreza. "Hay margen para centralizar más las ayudas fiscales", demanda.
Su análisis coincide con el mantra que los organismos internacionales no dejan de repetir desde el estallido de la crisis. Las políticas fiscales de los gobiernos deben centrarse en las familias y sectores más vulnerables, dejando que el incremento del IPC golpee al resto de la población y desincentive el consumo. La tesis defiende una caída de la demanda capaz de compensar el shock de la oferta, germen de la situación actual.
En paralelo, el BCE seguirá elevando los tipos de interés durante los próximos meses. La autoridad monetaria trata así de avanzar hacia el objetivo del 2% de la inflación para la eurozona. Sin embargo, la empresa se antoja complicada. A la tormenta incubada desde hace meses, se suma la incertidumbre internacional que sigue generando la guerra en Ucrania y el deterioro de la economía china, víctima de la política de tolerancia cero contra la COVID.
La situación de la economía global, deteriorada por la tensión en el mercado de las materias primas, ya amenaza al crecimiento europeo. La Comisión Europea reveló el pasado viernes su pronóstico económico. El Ejecutivo comunitario prevé un crecimiento para España del 4,5% en 2022, pero rebaja su predicción para el 2023 hasta el 1% del PIB, lo que permitirá a nuestro país sortear -por la mínima- la temida recesión técnica.
Los expertos dejan, sin embargo, la estabilidad en manos del mercado laboral, "mientras no se produzca una caída del desempleo, la inflación es un mal menor al que nos debemos acostumbrar", afirma Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera de la UC3 que recuerda que la economía está muy lejos de la situación de 2008, "aquello no fue recesión fue una gran depresión", añade.
